Desde hace unas semanas, activistas costarricenses pusieron en evidencia la situación de desamparo que viven decenas de personas con VIH que no logran acceder a tratamiento antirretroviral debido a las normativas o prácticas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Un poco de Historia

Desde finales de la década de los noventa, Costa Rica ofrece tratamiento antirretroviral a todos sus ciudadanos que sean elegibles clínicamente de acuerdo a sus propias normativas. Esto fue posible gracias al insistente trabajo de abogacía de la sociedad civil y las personas afectadas y a la decisión de la Sala Constitucional de ese país, que ordenó a la CCSS proveer los medicamentos.

La decisión se cumplió y el país hizo todos los esfuerzos para garantizar que ninguna persona se quedara sin tratamiento. Al año de la histórica resolución, Costa Rica se preciaba de tener una cobertura muy cercana al cien por ciento.

En un artículo publicado recientemente, Richard Stern, conocido activista por el acceso a tratamiento para las personas con VIH y miembro del Movimiento Diversidad, escribió que no existe información exacta respecto de cuándo empezó a fallar el sistema en cuanto a la protección del derecho a la salud.

La actualidad

El pasado mes de mayo, Rosibel Zúñiga, punto focal de REDCA en Costa Rica, aprovechó la presencia de la Vicepresidenta de Costa Rica en una actividad relacionada al VIH para dar a conocer la problemática: la CCSS interrumpía la provisión de medicamentos a las personas que dejaban de aportar al seguro, sea porque perdían el vínculo laboral o porque reducían sus ingresos y les era imposible mantener los aportes voluntarios que ascienden a alrededor de 30 dólares mensuales.

Stern también denunció esta situación y señaló que esta afecta tanto a las personas en pobreza que no cuentan con recursos para aportar voluntariamente a la CCSS, así como a migrantes y a aquellas que se encuentran en situación de calle.

La situación que atraviesa Costa Rica contraviene la Ley General de VIH/sida que en su artículo 7 señala que “(la persona con VIH) tiene derecho a asistencia médico quirúrgica, psicológica y de consejería; además, a todo tratamiento que le garantice aminorar su padecimiento y aliviar, en la medida de lo posible, las complicaciones originadas por la enfermedad.” Además precisa que “la Caja Costarricense de Seguro Social deberá importar, comprar, mantener en existencia y suministrar directamente a los pacientes los medicamentos antirretrovirales específicos para el tratamiento del VIH-Sida (…)”

El presidente del Movimiento de Apoyo a una Nueva Universalidad (MANU),  Allan Rivera, habló ayer con Corresponsales Clave  y dijo que las personas se ven obligadas a interrumpir el tratamiento hasta reinsertarse en el mercado laboral, además de tener que someterse a pruebas y análisis adicionales una vez que retomen el seguro de salud. El tiempo de interrupción del tratamiento puede ser variable. MANU realiza actividades para recaudar fondos y contribuir al pago del seguro de algunos de sus beneficiarios.

La situación costarricense es particular y se distingue del resto de los países de América Latina porque tiene un único sistema de atención en salud (además del privado). En la mayoría de los países de la región se suele tener sistemas de seguridad social (u obra social), que atienden a las personas que tienen un empleo dependiente y pagan cuotas mensuales, y sistemas públicos, que ofrecen servicios -generalmente gratuitos- a las personas en situación de pobreza o a todos aquellos que no cuentan con seguro de salud por el tiempo que sea necesario. Por esta particularidad en el sistema de salud del país centroamericano, las personas que no cumplen con los requisitos que exigen las normas de la Caja Costarricense de Seguridad Social, se quedan sin atención ni tratamiento antirretroviral. “Sin seguro social es difícil o nula la atención”, sentenció Rivera.

La acciones de presión a la Caja se han iniciado. Richard Stern comentó que en la ceremonia de la firma del proyecto financiado por el Fondo Mundial para el sida, la tuberculosis y la malaria -hace dos semanas-, entregó una comunicación a la presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Saenz, con las denuncias en cuestión.

Como recordábamos al inicio, Costa Rica fue pionero en garantizar el acceso a tratamiento antirretroviral a todos los ciudadanos que lo requirieran. No se debe permitir que normas administrativas vulneren los derechos de cientos de personas que viven con VIH.

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