Con la presencia de Delegados de países de América Latina, junto a representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil, se efectuó en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, la Segunda reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia sobre Población y Desarrollo. El objetivo, avanzar en el diseño de una guía operacional que permita la implementación, seguimiento y posterior monitoreo de un conjunto de medidas consensuadas sobre población y desarrollo, adoptadas en agosto de 2013 durante la Primera Reunión de la Conferencia Regional, entre otras, la promoción de  los derechos humanos, temáticas de juventud, igualdad de género, salud sexual y reproductiva y VIH.

El Consenso de Montevideo, tal como fue adoptado, cubre todos los temas relevantes de población y desarrollo de América Latina y el Caribe, constituyendo la base de una carta de navegación integral y actualizada para el futuro de la acción regional, sin embargo, resulta claro que se requiere un conjunto de precisiones para transformarlo en una agenda operativa, que permita guiar el trabajo de los gobiernos para la adopción de políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades.

En este sentido Antonio Prado Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, destacó la importancia de la implementación del Consenso de Montevideo y de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de la agenda de desarrollo Post-2015 a nivel regional. Precisó también la relevancia de una coordinación entre las diferentes Conferencias Regionales para avanzar de manera consistente hacia los acuerdos regionales e internacionales, a fin de eliminar las desigualdades, en especial, entre los grupos discriminados y en condición de vulnerabilidad.

En otro orden, las organizaciones regionales y de mujeres, que dan seguimiento a la Conferencia, se mostraron optimistas por el trabajo ya iniciado. Sin embargo, al término de la reunión hubo una molestia generalizada entre los delegados de la sociedad civil ya que el documento con las resoluciones de la reunión fue adoptado a puertas cerradas en una práctica poco habitual en la CEPAL, sin espacio para una mayor discusión y para los necesarios aportes de la sociedad civil para enriquecer el texto.

No obstante lo anterior, la guía operacional presentada durante la reunión, recoge en 98 medidas prioritarias, orientaciones claras y específicas para implementar el Consenso, pero pese a los esfuerzos desplegados por los representantes de la Sociedad Civil, el instrumento carece de medidas eficaces que permita asegurar el adecuado monitoreo y no garantiza el financiamiento para ponerlo en marcha, se espera que esto sea subsanado durante la Conferencia regional que se efectuará en octubre.

El documento invita a los Estados, a que en su acción pública se atiendan de forma adecuada las necesidades de los jóvenes y adolescentes, garantizando sus derechos, para que esta etapa de la vida sea plena y satisfactoria. Los asistentes urgieron a los estados garantizar una educación integral para la sexualidad, asegurar el acceso a la salud sexual y reproductiva incluyendo métodos para la anticoncepción, a fin  de asegurar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de calidad. Asimismo, abogaron por la instalación de políticas gubernamentales tendientes a evitar la deserción escolar por embarazo adolescente, prevenir dichos embarazos entre los jóvenes, incluyendo prestaciones de salud para la erradicación del aborto inseguro. En esta línea los delegados de la sociedad civil instaron por la promoción, protección y exigieron garantizar el acceso universal a dichos servicios, a la detección oportuna de las infecciones de transmisión sexual, el  acceso oportuno a tratamientos para el VIH/sida y otras ITS,  la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva para los hombres; garantizando los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para su adecuada implementación.

Finalmente se instó a adoptar medidas  legislativas y políticas públicas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, cuenten con el acceso a servicios sanitarios y a la información oportuna, que permita erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género muy presente en nuestra región.

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