El anuncio con bombo y  platillo de ONUSIDA sobre el logro de las metas de acceso a tratamiento antes de tiempo, podría haber dejado al tema de VIH mal parado en las negociaciones para fortalecer los compromisos de los gobiernos con la respuesta, especialmente en los cambios estructurales que se requieren para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones marginalizadas.

Las negociaciones internacionales en Addis Abeba fallaron en su contribución para asegurar el financiamiento para lograr los Objetivos de Desarrollo Sustentable en los próximos 15 años. Con el único logro de establecer Mecanismos de Facilitación de Tecnología y tener un foro de seguimiento; la negociación retrocedió en el lenguaje relacionado con la deuda, el comercio y otros aspectos fundamentales de la cooperación internacional en relación a las conferencias de Monterrey (2002) y Doha (2008). Otro tema crítico que quedó fuera es la rendición de cuentas del sector privado.

Del 13 al 17 de julio se desarrolló la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo en Addis Abeba, Etiopía. Acudieron representantes políticos de alto nivel, incluyendo ministros de Finanzas, Relaciones Exteriores, Cooperación para el Desarrollo, organizaciones de sociedad civil, representantes de instituciones y del sector privado.  Sudáfrica, como Presidente de la Mesa del grupo G77, y Etiopía fueron los anfitriones del evento.

El documento negociado de la Conferencia formará parte de los medios de implementación de la Agenda para el Desarrollo post 2015. El contenido del documento es tan relevante que las negociaciones que se desarrollaron en Nueva York sobre el Post 2015 a finales de junio se suspendieron para esperar a los resultados de Addis Abeba.

A lo largo del proceso de evaluación de los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la redefinición de la nueva agenda de desarrollo se ha hecho énfasis en la importancia de hacer cambios estructurales que incluyen redefinir los esquemas de financiamiento para que se coadyuve a la redistribución de la riqueza.

El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas nació con la Declaración de Río  en la Cumbre de la Tierra en 1992, afirmando que aunque todos los países tienen la responsabilidad de invertir en acciones para controlar la emisión de gases contaminantes, son los países industrializados  los que deben asumir objetivos específicos para reducir las emisiones en un 40% y dedicar recursos financieros adicionales para conseguir que los países en desarrollo adopten tecnologías limpias.

Durante el proceso de consulta para definir la nueva agenda de desarrollo, algunos gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista impulsaron que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas sea entendido de manera más amplia y que impacte en la nueva arquitectura de financiamiento. Esto significaría que más recursos se enfocarían a garantizar los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas, así como al acceso universal a los servicios de salud, incluyendo los de salud sexual y reproductiva y el VIH.

Así mismo, se buscó que la recaudación de impuestos a nivel global y nacional se base en el principio de que quienes más tienen paguen más, lo que impactará además de manera significativamente a que las empresas se hagan responsables de retribuir a las comunidades de las que sacan su riqueza.

Finalmente, se quiso democratizar la gobernanza internacional en temas arancelarios a través de la construcción de un comité intergubernamental de expertos internacionales para la cooperación en temas arancelarios con participación equitativa de los países en desarrollo.

El documento negociado en Etiopía no logró incluir la creación de este comité intergubernamental ni cambiar las reglas del juego, lo que revela que los países ricos no tienen ninguna intención de democratizar la gobernanza económica a nivel internacional. Los países en desarrollo son los más afectados por las transferencias financieras ilícitas, la evasión fiscal y las prebendas de las empresas trasnacionales, por lo que deben tener voz en las mesas de negociaciones. Un cuerpo de gobernanza de esta naturaleza debe estar acogido por el sistema de Naciones Unidas porque es ahí en donde se establecen las alianzas para el desarrollo a nivel global y la cooperación norte-sur es central.

El producto de las negociaciones no presenta ninguna innovación en los compromisos de financiamiento ni en la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y falla en el propósito de aumentar el dinero para el desarrollo sustentable y asegurar los montos adicionales que se requieren para los temas climáticos.

En este contexto, y en plena discusión de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, se anuncia que se ha logrado que 15 millones de personas con VIH reciban tratamiento, llegando a la meta antes de tiempo, lo cual podría restarle peso a la problemática del VIH y sus temas conexos para que queden explicitados en la Agenda Post-2015.

Para más información sobre lo que sucedió en Nueva York en preparación a Addis Abeba se puede consultar ‘From New York to Addis Ababa: Financing for Development on life-support’

Más información sobre la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo se puede consultar en este vínculo.

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