Por Edgar Villaseca.

En el pasado Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, Balance realizó una conferencia sobre el derecho a decidir de las mujeres que viven con VIH. Según los resultados de al menos tres investigaciones que Balance ha realizado, existen grandes rezagos en el acceso a la información para que sean las mujeres  con VIH quienes decidan sobre sus embarazos, expresó la Eugenia López Uribe, directora de la organización.

Una investigación realizada en 4 países de Latinoamérica donde participaron 331 mujeres con VIH, encontró que 36% de ellas no recibió ninguna información sobre como embarazarse de manera segura y 46% no tuvo información sobre la interrupción legal del embarazo y sus causales. De esta investigación destaca que México es el país con el mayor número de esterilizaciones forzadas, lo que representa una grave violación a los derechos humanos de las mujeres en esta condición respecto a la decisión reproductiva.

En México el VIH afecta a casi 36 mil mujeres, esta cifra representa el 25% del total de casos. Si bien la proporción de los hombres que viven con VIH respecto al grupo de mujeres es de 5 a 1, la epidemia en las mujeres es reflejo de las condiciones de vulnerabilidad social y desigualdad de género y que las somete luego de la infección a la discriminación en sus familias, en los servicios de salud y en otros espacios sociales.

Según el informe de Balance esta discriminación alcanza incluso a los servicios especializados, donde no hay una capacidad para adaptarse a las necesidades de las mujeres y no se indagan sus deseos reproductivos.  López Uribe explicó que, en el caso de México, por un lado existe una demanda insatisfecha de los métodos anticonceptivos además del condón y, de otro lado, en algunos estados se han documentado casos de esterilizaciones coaccionadas, donde los comités de ética de los centros de salud tienen como guía convencer a todas las mujeres con VIH de esterilizarse.

La directora de Balance señaló que la causa principal de estas violaciones es el desconocimiento de la normatividad y la falta de actualización de los prestadores de servicios. Uribe destacó que se han podido escuchar declaratorias como la siguiente: “Las mujeres con VIH que se embarazan no han dimensionado la profundidad de su problema de salud”.

Los prejuicios en torno a la epidemia aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y el estigma y discriminación limita el acceso al protocolo del embarazo seguro que incluyen pruebas diagnósticas, cesáreas e interrupción de la lactancia. “Los médicos y las médicas de alguna manera castigan a las mujeres que viven con VIH por haber tomado la decisión de embarazarse”, señaló Uribe durante la conferencia.

Por otro lado, Uribe destacó que las causas de estas brechas derivan de la separación que existe entre los servicios especializados para personas que viven con VIH del resto de los servicios para mujeres, como las clínicas materno infantil, los servicios de primer nivel de atención y los centros de salud familiar. Al separarse estos servicios se separó también la normatividad, los lineamientos y las guías que exigen una actualización del personal de salud.

Las mujeres con VIH constituyen un grupo con necesidades específicas que deben ser contempladas en un marco de derechos. La homogeneización y tendencia a generalizar a las poblaciones con VIH, invisibiliza las demandas de este grupo particular como pueden ser los deseos reproductivos y el acceso a un embarazo seguro. Como suele ocurrir, el estigma ante el VIH tiene un efecto en los aspectos de la vida social de las personas y, en el caso de las mujeres con VIH, trae consigo una avalancha de cuestionamientos basados en prejuicios respecto a su decisión de ser o no ser madres.

Nota: Imágenes tomadas del facebook de Balance, campaña #MisDerechosMeProtegen.

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