Para nadie es secreto que Guatemala atraviesa una crisis política, financiera y sanitaria nunca antes vista en la historia del país, agravada además por la corrupción dentro de los distintos aparatos del Estado y como resultado de un sistema de salud colapsado.

Como resultado de esta crisis, el país dejó de comprar medicamentos e insumos para la respuesta al VIH y se prevé que una reducción del presupuesto en salud para el 2016 afecte a la respuesta a la epidemia en general.

Activistas en conferencia de prensa.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, describió esta situación como una “violación a los derechos de la salud” de la población en general y en especial de las personas con VIH.

En respuesta a esta situación, las organizaciones de la sociedad civil se organizaron a través de una coalición en la que participan más de 22 entidades, para llevar a cabo acciones de incidencia política y minimizar el impacto del potencial recorte financiero a la respuesta.

En este marco, la coalición lanzó un comunicado y convocó a una conferencia de prensa para exigir al gobierno que autorice y apruebe con carácter de urgencia el Plan de Compras de medicamentos e insumos del Programa Nacional de Sida que asciende a cerca de 4 millones de dólares (algo más de 30.3 millones de quetzales) necesarios para alcanzar las metas 90-90-90.

Asimismo, el comunicado pide que los procesos de compra se ejecuten a través de mecanismos “normales”, de tal manera que se eviten las compras directas que solo aumentan los costos y favorecen la corrupción.

“Mejorar y mantener el acceso a una prueba de detección de anticuerpos de VIH oportuna, a la población en general, para realizar un diagnóstico a tiempo, evitando nuevas infecciones; mejorar y mantener el acceso efectivo a los medicamentos antirretrovirales y para infecciones oportunistas, co-infección con tuberculosis y los insumos de diagnóstico de VIH, de carga viral y de CD4, para todas las personas afectadas por la epidemia”, así como “fortalecer la atención integral de las personas afectadas por el VIH en el país, en resguardo al derecho a la salud”, fueron otros de los puntos exigidos en el comunicado de la sociedad civil.

Saúl Paau, coordinador de AHF, solicitó en la conferencia de prensa aprobar las compras solicitadas por el Programa Nacional de sida y pidió a las autoridades del Ministerio de Salud que cumplan con la adquisición de medicamentos para los tratamientos de las personas con VIH.

Reducir la asignación de recursos para esta compra y las futuras podría agudizar la crisis sanitaria que vive el país y originar desabastecimientos de medicamentos que afectaría a 13,994 personas con VIH entre hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas que reciben tratamiento antirretroviral (actualmente financiado por el Fondo Mundial).

Rocio Samayoa, activista en DDHH, que también forma parte de la Coalición, manifestó que continuarán con las acciones de incidencia y darán fuerza a la campaña “Ni una muerte más por VIH o sida en el país”.

En los últimos años, y con más insistencia en los últimos meses, se ha discutido la necesidad de que los gobiernos asignen mayores recursos para la respuesta al VIH. El caso de Guatemala debe servir de referencia para que las organizaciones de sociedad civil nos mantengamos alertas y vigilantes de las decisiones de nuestros gobiernos que afectan nuestra salud.

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