Por Marlon Castillo.

El gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso de Perú deberá decidir en los próximos meses si aplica una licencia obligatoria para el antirretroviral atazanavir y así reducir el costo del medicamento hasta en un 75% del precio actual. De no hacerlo, el organismo de las compras de medicamentos del país deberá adquirir el fármaco catorce veces más caro, comparado con el precio al que se comercializa en otros países, que no tienen monopolio, debido a una patente otorgada por el Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual (Indecopi) a la compañía Bristol Myers Squibb hasta el 2018.

Foto: Cortesía de Givar.

Hasta antes de julio el atazanavir se comercializaba en 29 soles (un aproximado de 9 dólares y medio) y posteriormente se redujo el costo a 18 soles (unos 6 dólares), cuando en Bolivia la versión genérica se vende a $1.40.

Por este motivo, el pasado miércoles la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República acordó citar para una próxima sesión al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para que exponga sobre los avances de la aplicación de la licencia obligatoria, dado que el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, Pedro Grillo, al ser consultado en la sesión sobre el tema indicó “que no era el momento ni el lugar para dar esa respuesta”. Ante lo manifestado por Grillo, los congresistas Cecilia Tait y Jaime Delgado no dudaron en dar a conocer su indignación y pidieron una nueva sesión para tratar el tema.

En la actualidad, en la Comisión de Coordinación Viceministerial de la Presidencia de Consejos de Ministros existe una propuesta de Decreto Supremo para otorgar la licencia obligatoria, pero aún se desconoce una decisión política para aplicar dicha salvaguarda.

Para Javier Llamoza Jacinto, representante de Acción Internacional para la Salud (AIS), sigue vigente la posibilidad de aplicar la licencia, aun cuando en el mes de julio, debido a la presión social, el Ministerio de Salud (Minsa) logró reducir el costo del medicamento; pero aún no es suficiente. “Sigue vigente la propuesta de declarar de interés público el medicamento y esperamos reunirnos lo más pronto posible con el ministro de Salud (Aníbal Velásquez) para abordar el tema”, expresó Llamoza.

Llamoza agregó que antes del mes de mayo próximo el mandatario Humala deberá tomar una decisión, pues en julio de este año el Minsa adquirió 500 mil tabletas de atazanavir y el gobierno de Brasil donó 316,500 unidades en septiembre, lo que abastecería las necesidades del país por algo más de un año.

Javier Llamoza, representande de AIS. Foto: Campaña No Negociable.

“Atazanavir nos abrió la posibilidad de ver que en el país no contamos con mecanismos y políticas que permitan regular los costos de los medicamentos que tienen patente y por ende monopolios. Si esto sigue así, el sistema financiero de compra de medicamentos colapsará”, advirtió el representante de AIS. Además, explicó que la regulación de precios no significa un control del mercado farmacológico, sino establecer una franja de costos como la que existe hoy en productos como la gasolina, servicios eléctricos, agua, etc.

De acuerdo con información obtenida a través del Medicines Patent Pool, en el Perú atazanavir no es el único medicamento que cuenta con una patente vigente. En la misma situación se encuentra maraviroc, cuyo derecho de venta exclusiva en el territorio peruano a favor de la compañía Pfizer vence en 2019. También se le concedió una patente por la forma del cristal al mismo medicamento hasta el 2021. Cabe destacar que maraviroc es un nuevo antirretroviral incorporado a la vigente Norma Técnica de Atención para Adultos que publicó el Minsa en diciembre del año pasado.

Elvitegravir y dolutegravir, si bien no están en la lista de medicamentos que hoy los peruanos y peruanas con VIH utilizan, también tienen patentes hasta el 2032. En el caso de abacavir, se encuentra patentada la versión pediátrica del medicamento hasta el 2019.

Frente a esta situación las organizaciones de la sociedad civil y colegios profesionales analizan diversos escenarios para plantear propuestas que garanticen la sostenibilidad del acceso a tratamiento de las personas con VIH y otras condiciones de salud.

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