A pocos días del 1 de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Acción contra el sida (denominado antes Día Mundial de Lucha contra el Sida), debemos detenernos un momento a reflexionar si en realidad las leyes y las normas vigentes con respecto a la penalización de la transmisión del VIH son el camino para buscar justicia o, si acaso, significan una medida para evitar responsabilidades políticas de prevención del VIH de parte de los gobiernos, que confabulan precisamente contra de las estrategias de prevención.

La sentencia de tres años de prisión suspendida a un hombre con VIH en Argentina reavivó la polémica la semana pasada y encendió las luces de alarma en aquellos otros casos ocultos, pero con grandes subjetividades y malinterpretaciones de la ley.

La Cámara del Crimen de Mendoza, en Argentina, llevó al tribunal a un hombre acusado de trasmitir de “manera maliciosa” el VIH  a su ex pareja en el año 2012. Según reportaron los medios argentinos, la mujer  se enteró de su situación de salud, tras  filtrarse información del diagnóstico del acusado por intermedio del personal médico del hospital en el que se atendía.

Otro caso, aún más grave, aunque mantenido casi en secreto, es el de un hombre sentenciado a 10 años de prisión, que se encuentra ya en un establecimiento penitenciario en la localidad de Huaral, ubicado a dos horas al norte  de Lima, capital de Perú. La ex pareja lo denunció por un caso similar y los jueces lo enviaron a prisión el año pasado.

Aunque en el Perú, no existe una ley que penalice de manera directa la transmisión del VIH, el Código Penal establece como delito la acción de una  persona “que a sabiendas contagia una enfermedad”.

La pena en el caso de Perú, aunque resulta alta, habría  sido peor, si el Congreso hubiera aprobado  el proyecto de Ley que modifica el artículo 121 del Código Penal y sanciona hasta con 20 años de cárcel a las personas que transmiten el  VIH a otra persona.

Afortunadamente, este proyecto trajo consigo movilizaciones y comunicados contra el parlamentario oficialista Jonny Cárdenas, quién de vez en cuando en el congreso refiere al proyecto de ley como una medida legal a tomar en el futuro.

En los Estados Unidos, país donde el marco jurídico penaliza la transmisión del VIH, las declaraciones dadas por el actor de cine Charlie Sheen, pusieron en el tapete las potenciales demandas que podría enfrentar el actor.

La prensa especuló que Sheen, tras declarar que vive con el VIH hace cuatro años, y decir que ocultó su condición de salud a algunas de sus parejas sexuales, aunque usó preservativo, podría enfrentar demandas por dicho ocultamiento, por haber puesto en riesgo la salud de sus parejas.

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida – ONUSIDA emitió un comunicado el pasado 23 de octubre frente a los diferentes casos de penalizacion de la transmisión del VIH,  donde indica que “no hay datos que indiquen que por medio de la aplicación de la legislación penal a la exposición al VIH o a la transmisión del mismo se consiga la justicia penal o se prevenga la transmisión del virus”.

Sostiene además que la evidencia “sugiere que la criminalización de la no revelación del estatus serológico, de la exposición potencial y de la transmisión no intencional está generando más daños que beneficios en términos de impacto en la salud pública y de los Derechos Humanos”.

El caso del ciudadano argentino buscará las instancias internacionales para revertir el fallo en el nivel nacional y en el caso del ciudadano peruano, algunas organizaciones que trabajan en la respuesta al sida están en la búsqueda de recursos jurídicos que permitan revertir la situación.

Estos casos no deben repetirse, criminalizar el VIH traería abajo los 34 años de trabajo para prevenir la transmisión y discriminación en el mundo, dichas medidas estigmatizan y desalientan la búsqueda de la atención en salud, que tanto trabajo ha costado lograr.

Por ello,  ONUSIDA recomienda incrementar los esfuerzos, recursos y estrategias dirigidas a la prevención, atención y tratamiento del VIH, así como a disminuir el estigma y la discriminación hacia las personas más afectadas, además del trabajo necesario en en educación sexual integral en escuelas con un enfoque de derechos humanos.

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