Si en vida muchas personas con VIH experimentan discriminación y estigma por parte de una sociedad que desconoce sobre la infección y sus vías de transmisión o que tiene prejuicios sobre las personas que viven con el virus; esta semana, en el Diálogo Nacional sobre VIH y Derechos, una nueva dimensión de la discriminación fue denunciada,  aún después de muertas, personas con VIH fueron discriminadas.

Esta situación ocurrió en el cementerio del  distrito de Morales, ubicado en la región San Martín, al nororiente del Perú.

De acuerdo con la denuncia realizada por un líder de la comunidad de Morales ante la Defensoría del Pueblo,  en el camposanto de Morales hay más de 5 tumbas de personas que murieron por infecciones asociadas al VIH. Los fallecidos están apartados al lado derecho del lugar, para –supuestamente- proteger de enfermedades que se podrían transmitir por el ambiente a la comunidad.

Corresponsales clave,  dialogó con el denunciante, quien pidió mantener su nombre en reserva, y detalló que en el mes de octubre del 2013 acudió al llamado de la madre de uno de sus amigos que falleció por una infección oportunista asociada al sida.

“Me dijo (la mamá de su amigo) que le estaban cobrando  400 soles (120 dólares aproximadamente) porque su hijo que había muerto por VIH y debía ser enterrado en  una fosa común. Incluso había un señor encargado de ‘ese’ tipo de sepulturas”, manifestó.

Tras conocer del pago y la extraña petición, el denunciante acudió hasta el cementerio y constató que su amigo no era el único que se encontraba en el área, sino que pudo identificar al menos cinco personas más a quien había conocido y le habían confiado su diagnóstico. “Yo me sorprendí, porque he visto los nombres de varios amigos míos que reconocí, habían tenido VIH, porque trabajo en este tema hace 10 años”, explicó.

La familia del joven fallecido, pidió explicaciones a la encargada de Registro Civil, quien -según versión del denunciante- se excusó aduciendo  que existía una norma del Ministerio de Salud que establecía dicha separación de las tumbas como medida de protección de enfermedades y cuidado del medio ambiente.

Durante la reunión del Diálogo Nacional se discutió el caso y se aclaró que no existe normativa alguna respecto a los entierros de las personas que mueren a consecuencia de una infección asociada al VIH y que dicha separación configuraría un acto de discriminación en pleno 2015, luego de más de 30 años de epidemia en el país.

La denuncia ante la Defensoría del Pueblo fue acompañada de fotografías para determinar que hubo un acto de discriminación por parte de la funcionaria de Registro Civil y actualmente, el organismo responsable de velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas se encuentra a la espera de la respuesta de la responsable del Registro Civil para determinar responsabilidades y dar recomendaciones para desechar dicho tipo de prácticas.

En otras intervenciones durante la reunión, se señaló que la actual gestión municipal habría rechazado cualquier práctica de discriminación.

En contextos de epidemias concentradas, el estigma y la discriminación confabulan en contra de la respuesta a la infección. La región San Martín ha sido fuertemente afectada por el VIH en los últimos años y los casos continúan en aumento; durante el 2014 se notificaron 202 nuevos casos. A pesar de ello, la región no cuenta con programas sostenidos orientados a reducir el estigma y la discriminación en escuelas y otros ámbitos de la vida cotidiana.

Las denuncias de situaciones como estas, que parecen traídas de los años ochenta, y la respuesta eficaz de instituciones como la Defensoría del Pueblo pueden contribuir a apalancar la sensibilización y capacitación de los funcionarios públicos.

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.