Por Javier Uribe Ruiz.

Las luchas sociales de las minorías nunca han sido fáciles y han implicado que varias personas sean amenazadas, desplazadas o asesinadas por exigir igualdad de condiciones frente al resto de la sociedad. Situación que no ha sido ajena para las personas LGBTI. El Estado colombiano ha tenido varios avances en pro del reconocimiento de esta población, que se deben, casi en su totalidad, a sentencias de la Corte Constitucional. Aun así, como en la mayoría de los países de América Latina, la situación de las personas LGBTI dista mucho de ser la más positiva.

Crímenes de odio

Según cifras de la ONG Colombia Diversa, entre los años 2006 y 2014 fueron registrados 824 asesinatos de personas LGBTI en el país. Las entidades encargadas de investigar estos hechos hacen gala de la ineficiencia judicial que impera en el país, la que se incrementa si los casos son para hombres y mujeres abiertamente homosexuales o personas trans –en especial mujeres trans. Ese es uno de los muchos casos a los que la población LGBTI se ve expuesta en el país: discriminación y estigma social e institucional.

Reconocimiento formal

Las ganancias en materia de lo ‘legal’ o del reconocimiento de una ciudadanía plena, se han dado en la Corte Constitucional. Entiéndase como ciudadanía plena el acceso a todos los derechos que las personas heterosexuales tienen (herencia, afiliación a seguridad social y salud, matrimonio, adopción, educación, goce de derechos fundamentales, no discriminación por orientación o identidad, entre otros). A pesar de esas ganancias legales, la discriminación, estigma, violencia, asesinatos de personas diversas no han disminuido.

La Procuraduría General de la Nación, una de las entidades estatales que debe velar por la protección de los derechos humanos y proteger a las poblaciones vulnerables, ha emprendido sendas acciones en contra de los reconocimientos que han hecho la Corte Constitucional y el gobierno. La última fue la solicitud de suspensión del acto administrativo (decreto 1227 de 2015) que les permite a las personas trans poner el sexo que deseen en su documento de identificación. El Procurador Ordoñez adujo, entre otros argumentos, que “la norma es ilegal porque desconoce cuáles son las exigencias de la ley para identificar el sexo de los ciudadanos.” Según él, esta identidad se debe definir biológicamente y no a partir de la convicción de género del solicitante. Tal postura evidencia una falta flagrante a su principio básico de proteger los derechos humanos.

El rol de las ciudades

Muchas de las acciones del Estado cuentan con poco presupuesto y tienen escaso impacto, no logran alcanzar a toda la ciudadanía y perpetúan los procesos de discriminación y estigma social hacia las personas de la diversidad sexual. Las grandes ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Buga y Cali, empezaron a incluir al sector social LGBTI en las agendas públicas con la creación de políticas públicas focalizadas; sin embargo, el resultado no siempre es el esperado.

En la ciudad de Bogotá, que cuenta con un amplio presupuesto –aunque no siempre bien invertido- se realizan diversas acciones en promoción de la diversidad; además cuentan con una dirección con cierto nivel de autonomía que le permite tener uno de los centros LGBTI más grande de Latinoamérica. A diferencia de esta ciudad, tenemos la ciudad de Cali, capital de uno de los departamentos más tradicionales del país, donde se destinan muy pocos recursos para las acciones de promoción de la población LGBTI y es importante señalar que en muchas oportunidades, estos recursos son operados por fundaciones que no son propiamente organizaciones de base conformadas por personas LGBTI, sino que se trata de organizaciones especializadas en contratar con el Estado cualquier proyecto de inversión.

El acceso a la salud

De otro lado, el sistema de salud del país -en sus redes públicas y algunas privadas- ha colapsado financieramente. Tal situación ha llevado al cierre o suspensión de algunos servicios. Y si casi el 10% de los colombianos y colombianas (aproximadamente unas 5 millones de personas) tienen trabajo informal, entonces el acceso a la salud debe ser cubierto por la red de salud pública, que no está en las mejores condiciones.

Esta situación no es ajena para muchas personas LGBTI, especialmente para las mujeres trans, quienes en su inmensa mayoría no tienen documento de identificación con su nombre de género, lo que limita su deseo de acceder a la salud y pocas veces tienen un trabajo formal que les posibilite acudir a servicios de salud adecuados. A las personas trans –hombres y mujeres- les son negados los procesos de hormonización y cambios estéticos que se adecuen a su sentir por la falta de regulación en estos asuntos. Por otra parte, las altas cifras de VIH en las personas LGBTI han puesto en jaque al sistema de salud (ver nota).

Debe considerarse que Colombia es uno de los países de América Latina con más desigualdad social, lo que implica concentración de riqueza, tierra, educación superior, acceso a tecnologías y conocimientos en exigibilidad de derechos para unos pocos, dejando en los márgenes a una gruesa cantidad de la población colombiana. Dentro de ese grupo se encuentran las personas LGBTI, sector tradicionalmente excluido de las esferas de poder y goce de derechos plenos cubiertos y garantizados por el Estado.

La deuda del Estado colombiano sigue siendo enorme, si se tiene en cuenta que casi la totalidad de las ganancias legales de reconocimiento de derechos no han venido de acciones propias de este, sino de sentencias de la Corte Constitucional que ha exhortado al primero para que reconozca la plena ciudadanía de las personas LGBTI.

La gran pregunta que queda es si el Estado colombiano reconocerá plenamente la ciudadanía de las personas de la diversidad sexual y de género en un futuro cercano, con acciones que vayan más allá del plano formal. Es necesario continuar trabajando para que las condiciones de desigualdad en relación con el resto de la población sean reducidas y para que el Estado emprenda acciones afirmativas reales y efectivas para construir una sociedad de respeto y aceptación de la diferencia.

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