Ante la mirada indiferente de los prestadores de salud, transcurre el día a día de las personas con insuficiencia renal que a la vez viven VIH. Es una situación generalizada en República Dominicana, no son dializadas.

Al menos dos especialistas del área de nefrología consultados al respecto coinciden en declarar que para tales fines necesitan equipos de hemodiálisis que solo se usen para “los pacientes con VIH”. También sugieren que necesitarían personal capacitado para esa área específica puesto que deben tener un cubículo solo para estos usuarios.

La negación de atención en salud viola los derechos de las personas con VIH y coloca al país en una posición de retroceso con relación a los avances de los últimos años en Latinoamérica y el Caribe.

En años pasados, diversos medios de comunicación dieron a conocer esta situación y alimentaron la discriminación, ya que validaron la noción de que era necesario equipos especiales, además de difundir que eran los mismos pacientes con insuficiencia renal quienes se oponían a que las personas con VIH fueran tratadas en el mismo espacio y con los mismo equipos.

Corresponsales Clave conversó con una epidemióloga que pidió no ser identificada y manifestó que “esto no es más que falta de educación y sensibilidad hacia este segmento de la población, el protocolo es el mismo para todos los pacientes, basta con llevar a cabo estricta medida de bioseguridad….creo que de ser así entonces deberíamos tener maquinas para cada tipo de enfermedad que pueda ser infecto-contagiosa”.

No es extraño encontrar pacientes en los hospitales deambulando en busca de este servicio o enterarse que alguien murió con edema por fallo renal. “María”, una usuaria del servicio de atención integral, recuerda con tristeza los últimos momentos de su esposo, quien murió por no encontrar donde hacerse la diálisis ni contar con los recursos económicos para pagarla en un centro de salud privada. Esta historia se repite una y otra vez, algunos solo esperan, tienen pocas esperanzas, sin embargo sueñan con el día que las cosas cambien y tengan opciones de vida.

Es importante notar que esta negación de la atención está basada estrictamente en el estigma y la discriminación. Los protocolos de esterilización de equipos y bioseguridad son exactamente los mismos para personas que viven o no con el VIH.

Resulta inconcebible que se utilice el supuesto rechazo de otros pacientes como argumento para limitar el acceso a la salud de decenas de personas.

Aunque han dado seguimiento a algunos casos aislados, las organizaciones de la sociedad civil encargadas de defender los derechos de las poblaciones más afectadas por la epidemia aún no se han manifestado y alegan que ninguna persona afectada ha puesto interés en hacer una denuncia formal. Hasta el momento nadie ha estado dispuesto o dispuesta a dar la cara para atestiguar cualquier denuncia sobre  el tema en cuestión, según Felipa García, directora de Alianza Solidaria para la Lucha Contra el Sida (ASOLSIDA).

Según la Sociedad Dominicana de Nefrología (SODONEF), entre 300 y 400 personas por millón de habitantes en el país, sufre de insuficiencia renal. Teniendo en cuenta las tasas de prevalencia en población general en el país, podríamos hablar de cerca de un centenar de personas con VIH que requerirían tratamiento de hemodiálisis y no lo reciben.

El procedimiento en establecimientos privados es muy costoso, ronda los US$ 134 por sesión, cuando el salario mínimo está alrededor de los US$ 200 al mes. El pago del tratamiento colocaría a los usuarios en situación de pobreza.

Es sabido que en contextos de epidemias concentradas el estigma y la discriminación son mucho más profundos. República Dominicana necesita una respuesta coherente a su epidemia y debe utilizar los recursos que recibe desde distintas fuentes de financiamiento para eliminar las barreras del estigma y la discriminación en el acceso a atención en salud que pueden producir la muerte.

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