El Perú inició el año con diversas movilizaciones en distintas ciudades del país que exigen al  gobierno a no firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que por sus siglas en inglés, se conoce como  “TPP”, que debería ser firmado este 4 de febrero en Nueva Zelanda y luego ratificado por los parlamentos nacionales.

El pasado viernes 8 de enero, cientos de jóvenes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de derechos en salud, medioambiente e internet, marcharon por las principales calles de la capital peruana (Lima), bajo el lema, “TPP: tratado de la muerte”, en alusión al impacto negativo en la salud que contiene el acuerdo.

Grupos de jóvenes estudiantes, denominados “Las Zonas”, han emprendido una serie de actividades para informar a la comunidad sobre el TPP y su impacto en la salud. Entre las acciones realizadas y por realizar, se encuentra la formación de piquetes para acudir a hospitales, plazas y mercados, donde brindan información sobre el TPP, pues muy pocos conocen que el Perú, junto a 11 países (Brunéi, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México y Vietnam), es parte de este tratado comercial y las consecuencias que traería si es ratificado.

También grupos juveniles de hip hop, de universidades y de organizaciones sociales al interior del país realizan actividades en las calles expresando su descontento con el sistema político comercial encaminado por el gobierno del presidente Ollanta Humala.

Las manifestaciones se realizan en simultáneo en las ciudades de Chiclayo, Arequipa, Ucayali, Iquitos y este 22 de enero se realizará una marcha simultánea en Perú y Chile, que prevé tener un mayor eco en las demandas.

“El trabajo que se viene desarrollando en el Perú no es aislado, las organizaciones civiles comunitarias de Chile, Canadá y de Estados Unidos vienen exigiendo lo mismo: NO al TPP. Nosotros esperamos que esta ratificación no se concrete, ya que  sería  vergonzoso que el Congreso del Perú ratifique el acuerdo y los demás países no lo hagan”, dice Javier Llamoza, representante  de Acción Internacional para la Salud (AIS).

Llamoza refiere que se busca un mejor diálogo con las futuras autoridades (presidencia de la república y congresistas) para que se ponga en debate el tema de los medicamentos en la campaña electoral que atraviesa el Perú.

Es importante señalar aquí que, de acuerdo con los 19 planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones con miras a las elecciones presidenciales y al congreso en abril próximo, ocho propuestas contienen aspectos relacionados con la revisión de los acuerdos comerciales, aplicación de licencias obligatorias a medicamentos que abusen de la posición de dominio por monopolios y políticas de medicamentos genéricos.

En este mismo sentido, Ana Romero Cano, directora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), organización que encabeza la iniciativa ciudadana No Negociable contra el TPP, refiere que espera que el TPP “no se firme”.

Romero sostiene, que en el Perú no se ha realizado un análisis que nos indique quienes han ganado y perdido, con la firma de tratados de libre comercio y con eso ver la forma de remediar, compensar o definir qué hacer con los sectores perjudicados.

“El TPP tiene capítulos que evidencian que todos y todas vamos a perjudicarnos, el vinculado con la salud y acceso a medicamentos es un capítulo muy peligroso”, menciona la experta, que recuerda que el Perú en las negociaciones que culminaron el 5 de octubre del año pasado, cedió ocho años de protección de datos de prueba para medicamentos biológicos, lo cual crearía una barrera al acceso y originaría un incremento en los costos de las medicinas, como consecuencias de monopolios en el mercado.

Experiencia de abusos en el Perú y las iniciativas de la sociedad civil

Se debe recordar que la sociedad civil entabló una acción judicial contra el Ministerio de Salud (MINSA), para que informe sobre las acciones que viene realizando el sector a favor de la aplicación de una licencia obligatoria para el medicamento Reyataz (atazanavir) de la empresa  Bristol Mayers Squibb, propietaria de la patente, que comercializa el medicamento 14 veces más caro que la versión genérica que se vende en Bolivia.

El Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor de la demanda presentada por la Red Peruana de Pacientes y Usuarios, AIS, RedGE, Givar, PROSA; Sí, da Vida y ForoSalud, el pasado 12 de diciembre, y otorgó un plazo de 10 días para que el MINSA brinde la información solicitada.

Por otro lado, algunas organizaciones de la sociedad civil se encuentra recolectando firmas para presentar un proyecto de ley que plantea declarar de interés público los medicamentos (en general), otorgando rectoría al MINSA con el propósito de agilizar la aplicación de  licencias obligatorias, cuando exista abusos de la exclusividad en el mercado a través de altos precios.

Todas las acciones siguen su curso y la ciudadanía en general ha empezado a informarse y a expresar en las calles su descontento ante el acuerdo comercial que por años fue negociado en secreto.

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