Colombia se quiere poner a la par de los países más inclusivos de las diversidades sexuales e identitarias. En cargos de elección popular encontramos cada vez más mujeres y hombres abiertamente lesbianas, gays, bisexuales o trans. El gobierno nacional incluye en su política de Estado la creación, el apoyo y la implementación de políticas públicas LGTBI en todo el territorio. ¿Será este un esfuerzo que redunde efectivamente en la garantía y disfrute de derechos para este sector?

Teniendo en cuenta los avances en varios derechos y garantías, aún falta el disfrute pleno de todos los beneficios otorgados por la condición de ciudadanía. La presidencia en su plan de desarrollo, que se volvió ley, incluyó la implementación de la política pública LGBTI, la superación de la exclusión económica, social, política y cultural de la población LGBTI. También la divulgación de dicha política y campañas de reducción del estigma y discriminación.

La Constitución prohíbe toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género, asimismo promueve las garantías para el ejercicio de las libertades y derechos de la población LGBTI. Esta obligación no ha hecho que el Estado colombiano elimine de manera ampliamente efectiva barreras y exclusiones a las que se ve sometida la población LGBTI, aunque ha puesto a consideración de la ciudadanía el decreto de política pública LGBTI y ha expedido el decreto 1227 de 2015 que permite el cambio de sexo en el documento de identificación. Por su parte, La corte constitucional, quien ha sido un garante permanente, en noventa y dos sentencias en los últimos 23 años ha obligado al Estado a proteger a dichas poblaciones.

En esa línea, los gobernantes de las principales ciudades y departamentos incluyeron lo LGBT de manera abierta unos, tímida otros. Este panorama, no tan alentador, puede ser solucionado con la inclusión dentro de los planes de desarrollo municipales y departamentales de “acciones y metas que garanticen los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI”, según lo estipula la ley 1753 en su artículo 130.

En las ciudades colombianas esta orden se tradujo en varias acciones con diversas particularidades. Por ejemplo, en Bogotá, capital del país, el alcalde menciona una sola vez, en su plan de gobierno, a la población LGBTI. Resulta particular, ya que los últimos tres alcaldes de ideología contraria al gobierno nacional incluyeron de forma amplia lo LGBTI en sus agendas. La nueva realidad deberá ser subsanada en la construcción del plan de desarrollo de la ciudad. Cabe mencionar que Bogotá cuenta con Política Pública LGBTI desde el año 2009.

En las regiones el panorama es diverso. Al respecto, Luis F. Rodríguez activista demandante ante la justicia del reconocimiento del matrimonio igualitario, dice que se ha “ido avanzando y ganando terreno” gracias a que la “incidencia que han tenido las diferentes organizaciones y los activistas a nivel nacional, han permitido que se empiecen a trabajar políticas públicas”. Dichos avances, cree él, que “se han tenido tanto en los departamentos como en los diferentes municipios, (que) han ido siendo cada vez más grandes y eso ha permitido la visibilidad de todas las diferentes sentencias de la Corte Constitucional”.

De otro lado, en Cali, una de las principales ciudades del país, Roger Nick, asesor de poblaciones en la alcaldía, expresa que como gobierno local, “el derrotero principal es avanzar en la protección y restitución de derechos de la población con identidad y orientación sexual diversa. Y como sello especial de esta administración avanzar en los temas de emprendimiento y generación de ingresos. También el fortalecimiento de las organizaciones y colectivos sociales LGBTI”. Finaliza diciendo que se espera que al culminar el gobierno en 2019 la “población LGBTI se sienta más fortalecida, desarrollada a nivel de sus organizaciones y fortalecida y empoderada en sus procesos de ciudad”.

En este marco, se  creará en Cali, la Mesa Municipal de Articulación LGBTI. Para Nick, ésta le da a la administración una mirada más cercana de las necesidades y expectativas de la comunidad LGBTI y permite una participación ciudadana más activa, lo cual traerá más transparencia y efectividad a los procesos de contratación”. En esa línea, Ángelo Araujo, apoyo técnico LGBTI en la alcaldía, expresa que “se deben tener espacios para dialogar, debatir, ser escuchados y escuchadas, la administración municipal no solo debe estar allí para escuchar sino para apoyar a la comunidad e impulsar las iniciativas que construyen ciudad”. Del lado del sector social, Luis F. Rodríguez, considera muy “importante y significativo que la alcaldía empiece a tener en cuenta a la sociedad civil (…) las problemáticas que tenga la sociedad civil (LGBTI), a todo lo que pueda aportar y decir” el sector social dada su condición de vulnerabilidad en la consolidación de una garantía plena de derechos sociales.

En la costa atlántica del país el sector social LGBTI ha ido ganando terreno en lo político. No así en la disminución de cifras de violencia y asesinatos. En los planes de gobierno de Santa Marta y Cartagena se incluye a la población LGBTI como grupo de especial protección. En el plan de gobierno Barranquilla no.

En Medellín, otra ciudad importante en el panorama económico y político del país, lo LGBTI está presente en la agenda de gobierno; cuenta con una política pública, un centro comunitario y un interés estatal en pro de este sector.

Es evidente que las municipalidades de Colombia tienen diversos entendimientos de lo que es inclusión y establecen criterios distintos para definir sus políticas. Pero cada vez más las personas LGBTI van ganando espacios en las agendas de gobierno, a pesar de que se encuentran con una fuerte oposición, como el caso del Procurador General Alejandro Ordoñez, que se empeña en demandar todas las acciones orientadas a la disminución de la brecha de derechos de esta población.

El camino aún es largo y lleno de diversos obstáculos; y habrá que unir fuerzas para caminarlo.

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