La Coalición de Organizaciones de sociedad civil que trabajan en VIH y la Red Legal en derechos humanos y VIH emprendieron acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad, para revertir el amparo otorgado que favorece los intereses de una farmacéutica en Guatemala y que limita limitar el registro, la comercialización y la distribución en el país de varios medicamentos genéricos, entre los que también se encuentran medicamentos antirretrovirales.

A finales de diciembre 2015, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, emitió una resolución en la cual obliga a las farmacéuticas a realizar estudios sobre todos los medicamentos no nuevos -genéricos- que se introduzcan en el mercado guatemalteco antes de otorgar el registro sanitario. Esta resolución, lograda con argumentos falaces que señalan defender el derecho a la salud, en la práctica promueve el monopolio y favorece los intereses de la farmacéutica J.I.COHEN, principal distribuidor de medicamentos provenientes de laboratorios multinacionales en el país, entre ellos, la combinación de lopinavir y ritonavir, conocida como Kaletra.

La acción afirma que los productos no nuevos deben tener el requisito de una farmacopea que contempla el artículo 19 del Reglamento para el Control Sanitario de los Medicamentos y Productos Afines, y llega al extremo de indicar que el hecho de que un medicamento no tenga una farmacopea lo convierte en una molécula nueva, y por tanto debe cumplir los requisitos de demostrar eficacia y seguridad, como si se tratase de un medicamento nuevo.

El Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, al referirse a la resolución, ha manifestado que por más de 30 años se ha comprobado que los productos genéricos son igual de funcionales que los medicamentos “de marca”, incluso para personas tratadas por diabetes, cáncer, VIH y problemas renales.

Por otro lado, representantes de la Coalición de organizaciones manifestaron: “Hemos tenido conocimiento que se está utilizando esta sentencia para comenzar a investigar diferentes productos farmacéuticos y retirarlos del mercado, argumentando que no han cumplido con los requisitos como “nuevos”. Lo anterior para obtener lucro y bloquear la entrada de medicamentos genéricos al país.

En el desarrollo de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por J.I.Cohen se les dio intervención al Ministerio Público, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al Presidente de la República de Guatemala y, con amicus curie, a la Cámara de Industria; quien en su totalidad fundamentaron que la solicitud presentada por J.I. Cohen no era procedente y que carecía de fundamentación legal y lógica; sin embargo los Magistrados hicieron caso omiso a los argumentos y resolvieron la inconstitucionalidad de la norma que garantiza el ingreso de medicamentos genéricos al país..

Para nadie es un secreto que el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria ha sido el principal donante para la compra y cobertura de abastecimiento de antirretrovirales hasta la fecha -compras que se realizaban utilizando mecanismos internacionales- y que actualmente se encuentra en proceso de transición para que el Estado de Guatemala absorba, dentro de su presupuesto esta responsabilidad, ya que a partir del año 2017 finaliza la última fase de la subvención. Esto ha generado que las empresas farmacéuticas utilicen ciertas argucias para afectar el mercado local y lograr mayores ganancias a través de la eliminación de la competencia.

El fallo de la Corte preocupa a la Coalición ya que ven el riesgo que puede correr el país dada la sobrevaloración que deberá pagar el Estado de Guatemala para garantizar la vida de las personas afectadas por la epidemia. Se tiene experiencia en el mercado nacional de que frente a un medicamento como el Kaletra, los mecanismos internacionales permitían la adquisición de un frasco del medicamento genérico a 32 dólares, mientras que J.I.Cohen cotizaba el medicamento a 109 dólares.

Rocío Samayoa, abogada del Centro de Asesoría Legal de la Red Legal, manifiesta que “los Magistrados dictaron una resolución contraria a los derechos humanos de la población en general y en especial de la población afectada por el VIH (niños, adolescentes, mujeres, hombres de todas las edades), valorando los intereses comerciales y económicos sobre los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y la salud”.

La Coalición continuará con una serie de acciones para movilizar a personas con VIH ante la Corte de Constitucionalidad. A la fecha también se presentó una denuncia en la Institución del Procurador de los Derechos Humanos en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que se les emitiera la sentencia moral y se ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación que revise la sentencia ya que se considera que ésta es lesiva para los intereses del Estado de Guatemala.

Desabastecimientos, la otra cara del problema

Por otro lado, las organizaciones con trabajo en VIH denunciaron el desabastecimiento de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que afecta a pacientes de enfermedades crónicas y de VIH.

La denuncia tuvo eco en la comisión de la Salud del Congreso de la República, quién citó a la Junta Directiva del IGSS para requerir la pronta solución, además de requerir justificación del actuar de la institución que habría dispuesto que se atienda solamente a usuarios asociados a las organizaciones denunciantes, dejando fuera a los demás usuarios.

Al respecto, la Jefa de la Unidad de Supervisión de Hospitales de la Procuraduría de los Derechos Humanos dio a conocer que faltan 83 medicamentos del listado básico que incluye 320. “La Mayoría estaba en Contrato Abierto pero los sacaron y ahora se adquieren por medio de compra directa”, comentó Zulma Calderón, a propósito de la supervisión de establecimientos. En estos momentos el medicamento antirretroviral más afectado es la lamivudina.

La Red Legal y su Observatorio de DDHH, en el Cuarto informe Nacional sobre la situación de los DDHH de las personas con VIH y poblaciones clave 2013 y 2015, evidencian que la institución más denunciada en violación al Derecho a la Salud es el IGSS, con 267 denuncias en 2013, 438 en 2014 y en apenas 6 meses de 2015 recibió 340 denuncias por falta de atención a los pacientes y falta de medicamentos, grave desatención cuando se trata de personas con VIH.

El ex procurador de Derechos Humanos y actual director del instituto de Derechos Humanos de la USAC, Sergio Morales, se ha unido a la acciones de denuncias y ha interpuesto un amparo junto a representantes de asociaciones que velan por la salud de pacientes de cáncer, VIH, pacientes renales y de esclerosis múltiple.

Las organizaciones de sociedad civil se mantienen alertas frente a los atropellos que tanto el sistema judicial a través de la Corte de Constitucionalidad y las instituciones prestadoras de servicios como el IGSS cometen contra los pacientes y usuarios y contra el bienestar del país en general. Activistas y organismos involucrados en la respuesta al VIH continuarán acciones para revertir el impacto en la salud de las medidas tomadas.

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.