A las autoridades del Ministerio de Salud del Perú parece no importarles la enorme brecha en el acceso a diagnóstico oportuno, ya que dejaron vencer 65 mil 458 pruebas rápidas para la detección del VIH, valorizadas en 5 millones 350 mil 870 nuevos soles (aproximadamente 2.2 millones de dólares).

La decisión de quemar los dispositivos médicos para la detección del VIH, fue tomada el pasado 8 de marzo, mediante Resolución Directoral N°003 -2016 CENARES- MINSA, ante la constatación de la expiración de los productos entre los meses de febrero y setiembre del año pasado.

De acuerdo con el documento,  la Unidad Orgánica de Control Patrimonial del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), emitió un informe, el pasado 26 de febrero, donde se establece la expiración del producto, porque no se pudo distribuir los insumos, porque los hospitales y almacenes especializados, contaban con stock.

Sin embargo esta información no es tan cierta, en la medida que en un documento remitido desde la Superintendencia Nacional de Salud al Grupo de Vigilancia de Abastecimiento Antirretrovirales – GIVAR, el director del hospital Docente de Cajamarca, Tito Urteaga Melquiades, indica que en el mes de agosto, debió adquirir 960 pruebas rápidas  de emergencia por estar desabastecido. Es decir, mientras en Lima las pruebas se vencían, en la sierra norte se hacían compras de emergencia.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud, en el país 65 mil personas viven con el VIH, de los cuales 34 mil conocen su diagnóstico y 23 mil se encuentran en tratamiento antirretroviral.

Corresponsales Clave, habló por teléfono con el Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria de VIH, Carlos Benites Villafane, quién manifestó que el Ministerio de Salud se pronunciará en los próximos días y por lo tanto, no podría dar mayor información de lo ocurrido.

La oficina de comunicaciones del Ministerio de Salud, hasta el cierre de esta nota, tampoco respondió al pedido de información.

Extraoficialmente, se conoció que el Viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, solicitó a diversas direcciones encargadas de medicamentos, compra y distribución de insumos, informes técnicos que sustenten haber dejado expirar los dispositivos médicos.

Para Pablo Anamaría Cárdenas, Representante del Movimiento de personas que viven con el VIH, en este caso existió “irresponsabilidad política y financiera”, por lo que existirían responsables que deberían ser sancionados.

“El dinero no está para despilfarrase, porque eso significa una total falta de conciencia. Las poblaciones más afectadas como: gais, bisexuales y las personas trans, cuyos índices de cobertura no superan el 5%, debieran tener acceso a la prueba”, precisó Anamaría.

Cuestionó además, que próximos  a la celebración de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre sida, que se desarrollará entre del 8 al 10 de junio en Nueva York, el Ministerio de Salud del Perú, presente un “discurso de logros y éxitos en materia de prevención del VIH, cuando hay pocos avances en las metas 90-90-90”.

Sin excusas

Ante la ausencia de respuesta de parte del Ministerio de Salud, las organizaciones han lanzado algunas hipótesis respecto de lo que sucedió.

Algunas presumen que las pruebas de VIH que vencieron podrían haber sido la contraparte que el MINSA aportó para la implementación del proyecto de décima ronda del Fondo Mundial, en la cual se debían realizar trabajos de testeo a través de organizaciones de base comunitaria.

Dicho proyecto fue suspendido a inicios del año pasado debido a problemas en su implementación.

Otra de las posibilidades es que las pruebas sean directamente del programa de Salud Materna, para prevenir la transmisión vertical.

Anamaría sostiene que, cualquiera fuera la posibilidad, “no existe excusa que sirva” para justificar tal negligencia.

En este mismo sentido, Julio César Cruz Requenes de la asociación Prosa, señaló que “el MINSA debe replantear y mejorar las políticas de monitoreo para sus insumos”.

Víctor Sotelo Reyes Director de la institución Sí, da Vida, se sumó a las críticas  y recordó de la existencia del Día Nacional de la Prueba de VIH, en el que el MINSA debe hacer promoción y campañas, y poner a disposición las pruebas rápidas, y no esperar a que caduquen.

Denuncia

Diversas organizaciones de la sociedad civil, se reunieron el pasado martes y emitieron un comunicado a la opinión pública, donde exigen una investigación de oficio a la Contraloría General de la República, Ministerio Público y Poder Judicial.

El experto en temas legales, relacionados con salud, Mario Ríos Barrientos, precisó que en este caso se configurarían delitos de deberes de función, peculado y malversación de fondos,  al haber dejado sin uso y almacenados miles de productos que son necesarios para el diagnóstico del VIH.

Ríos Barrientos, que también es  director de la Asociación Civil Justicia en Salud, dijo que existe responsabilidad administrativa, política y posiblemente penal.

“Como colectivo Dignidad en Salud, vamos a recopilar toda la información necesaria para lograr que los responsables de esta acción puedan ser sancionados”, dijo Ríos Barrientos.

Señaló además que como sociedad civil se encuentran alertas a la gestión, incluso buscarían mejorar el marco legal aplicando elementos como injuria burocrática, que significa sancionar aquel funcionario pone en riesgo la vida de los demás.

Las organizaciones de la sociedad civil insistirán en las solicitudes de información, para identificar responsables de esta negligencia y evitar que situaciones similares se repitan.

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