Colombia, desde hace varios años, presenta informes medianamente alentadores sobre la cobertura de la atención integral a personas con VIH y la provisión de tratamientos. Sin embargo, la fragmentación del sistema sanitario, la débil regulación del mismo y los límites del acceso a la información (debido a la dispersión de prestadores de salud), siembran cierta desconfianza en los datos mostrados por el país a nivel internacional.

Vista panorámica de Medellín. (Foto: Wikipedia)

Esta vez, una denuncia de entregas fragmentadas de antirretrovirales o suspensión de las mismas desde Medellín vuelven a levantar la discusión sobre la universalidad del acceso y su oportunidad.

La situación de Medellín

En entrevista con Corresponsales Clave, Jorge Alveiro Cardona, director de la Fundación La VIHda SIDA Esperanza, declaró que la crisis del sector de la salud que vive Colombia ha traído como consecuencia demoras en la entrega de medicamentos antirretrovirales en Medellín.

En particular, se refirió a la EPS Savia Salud, la cual fue contratada por el Estado para atender a los beneficiarios de menores recursos (registrados en el SISBÉN, un sistema de registro de las familias y personas potenciales beneficiarias de programas sociales).

Aunque de acuerdo al señor Cardona, la EPS cuenta con médicos idóneos y programas de atención muy completos para quienes viven con VIH/SIDA, hay un gran problema con la entrega de medicamentos antiretrovirales, ya que la farmacia que contrató Savia Salud, Cohan, no entrega los medicamentos completos y atiende solo a 50 personas al día, aun cuando la demanda es mucho mayor, debido a que se atiende a personas de Medellín y de todo el departamento de Antioquia, que tiene 125 municipios.

Muchas personas que deben desplazarse desde lugares lejanos pierden el viaje hasta Medellín por no recibir la medicación o por recibirla de manera incompleta, sin que se les reembolse el dinero invertido en transporte o en alojamiento, aunque la ley así lo estipule.  Además, a las personas se les hace esperar durante horas a la intemperie.

Campaña de VIH SIDA Esperanza por el acceso al diagnóstico.

Estas demoras colocan en riesgo grandes logros alcanzados en Medellín, como que el 58% de las personas que están en tratamiento tengan una carga viral indetectable. “La farmacia no atiende reclamos, ni da explicaciones de ningún tipo pese a las protestas. Incluso algunas personas han hecho plantones”, afirmó Cardona durante la entrevista.

No contar con los medicamentos a tiempo es muy grave y afecta negativamente el tratamiento: “Al no recibir tratamiento de manera continua, los pacientes van a tener una mayor probabilidad de ser resistentes al tratamiento, lo que significa que el que está tomando le deja de servir y debe pasar a la siguiente línea; y cada vez que se pasa de una línea a otra se van agotando las opciones terapéuticas”, comentó la doctora Natalia García, Gerente Médica de los laboratorios GlaxoSmithKline Colombia, al periódico Publimetro.

De igual manera, interrumpir el tratamiento dificulta la adherencia a los medicamentos y con ello el objetivo de lograr una carga viral indetectable.

Sin diagnóstico no hay tratamiento

La situación se complica además porque en general se colocan trabas a la realización de pruebas diagnósticas, cuestionando el por qué del deseo de hacerse la prueba o siendo abiertamente discriminadores al sugerir que los hombres la solicitan por ser gays y las mujeres por ser promiscuas, enfatizó Cardona.

Al colocar trabas para la realización de la pruebas de Elisa (las únicas autorizadas por las EPS), las personas que deberían recibir tratamiento (controles y/o medicamentos) no los reciben y ponen en peligro su salud. Así se logra postergar lo más posible el inicio del tratamiento, las empresas buscan retrasar lo más posible la entrega de los medicamentos y, así, reducen sus gastos y aumentan sus ganancias.

La situación es bastante preocupante si se tiene en cuenta que Medellín y el departamento en el que se encuentra, Antioquia, representan el 16% de la prevalencia de VIH/sida en Colombia.

Un sistema que conspira contra la respuesta al VIH

Los deficientes sistemas de información con que cuenta el complejo y compartimentado sistema de salud de Colombia, tanto el contributivo como el subsidiado, compuesto básicamente por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) que contratan con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), facilita que exista una enorme dispersión de datos y estadísticas en cuanto al suministro de antirretrovirales y la realización de pruebas diagnósticas. Igualmente, este sistema se presta para prácticas de corrupción.

Sumado a una débil regulación, el sistema obliga a que los ciudadanos deban acudir ante un juez, a través de la figura jurídica de Tutela, para exigir que se les cumpla con el derecho a la salud. Según un informe de la Defensoría del Pueblo “las solicitudes más frecuentes en las tutelas son, en su orden: tratamientos, medicamentos, cirugías y citas médicas especializadas”*.

Esta situación, aunada a la división entre el Plan Obligatorio de Salud (POS) y planes complementarios conocidos como Medicina Prepagada y que requieren de un pago mensual adicional, hace que la atención varíe mucho; básicamente se atiende mejor al que más paga. La espera en el POS para una cita puede ser de meses, mientras que en el sistema de Medicina Prepagada es de días.

De no tomarse medidas que garanticen el suministro a tiempo de los antiretrovirales, la realización preventiva de las pruebas diagnósticas, un eficiente sistema de información y una atención integral, el problema de Medellín podría presentarse en otros lugares de Colombia.

* Defensoría del Pueblo. La tutela y el derecho a la salud. 20 años del uso efectivo de la tutela. Bogotá, 2012, pág. 167.

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