Por Alfredo Gaona.

En el marco de la conmemoración del día del trabajador el pasado 1 de mayo, el Centro de Denuncias de la Red de VIH de Paraguay realizó una conferencia de prensa en la cual hizo pública la lista de 27 empresas que fueron denunciadas entre el 2012 y 2016 por exigir el test de VIH o realizarlo a sus empleados sin su consentimiento.

El abogado Francisco Benítez, encargado del Centro de Denuncias, manifestó que estas empresas  han violado la ley 3940/09 que establece los derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el VIH y el sida, en sus artículos vinculados a los derechos laborales de las personas que viven con VIH.

“Entre estas empresas se encuentran cadenas de supermercados, panaderías, farmacias, empresas de refrescos, agua mineral, telefonía, restaurantes de comida rápida y hoteles de lujo, pero también una asociación de empleados de una institución del Estado y el laboratorio de una universidad privada”, explicó Benítez. Y agregó que “En algunos casos, la prueba del VIH se realizó incluso de forma no autorizada, a través de la toma de muestras de sangre para un análisis de rutina, que una vez en el laboratorio se sometieron al test de Elisa sin permiso de los trabajadores. Si el resultado de la prueba delataba la presencia de anticuerpos del virus en la sangre, el laboratorio comunicaba el dato a la empresa en lugar de al empleado, violando su derecho a la confidencialidad y a la consejería pre y pos test.”

En algunos casos, a raíz de conocerse el resultado de la prueba por parte del empleador y sus compañeros de trabajo, el empleado sufrió discriminación, al verse obligado -por ejemplo- a utilizar un baño separado del resto de los trabajadores. En otros casos, la persona fue despedida aduciendo otros argumentos legales, sin hacer referencia a su estado serológico.

“La discriminación hacia las personas que viven con VIH en Paraguay nos da una idea del grado de ignorancia que existe sobre la transmisión del virus. Todavía hoy, una persona que vive con VIH en Paraguay se considera peligrosa”, explicó Benítez. Y agregó que “Estos casos de discriminación laboral promueven una actitud negativa hacia la infección y dificultan la adopción de medidas de prevención reales para evitar la transmisión del virus.”

La legislación, vigente desde el 2009 y reglamentada en el 2014, protege el derecho de los trabajadores que viven con VIH o sida a un empleo digno, y prohíbe que se ejerza contra ellos “presión o coacción” para que se realicen la prueba o se condicione su acceso, promoción o permanencia en los puestos de trabajo a la realización o resultado de la prueba.

El Centro de Denuncias responde a la necesidad de promover la defensa de las personas con VIH que se ven afectadas por la discriminación y/o violaciones a sus derechos humanos. Brinda asesoramiento a la persona que realiza la denuncia, en el marco de la Constitución Nacional y la ley 3940 de VIH/sida.

Durante el año 2015, el Centro recibió un total de 192 notificaciones de discriminación hacia personas que viven con VIH o personas de las que se sospecha contrajeron el virus.

Llegar a este resultado y a la acción de hacer pública la nómina de empresas que de alguna forma discriminan a las personas con VIH, fue un gran desafío. En primer lugar, fue necesario empoderar a las personas para denunciar el atropello de sus derechos, así como articular los trabajos de las ONG para que estas denuncias lleguen al centro y queden registradas.

En Paraguay viven cerca de 15.000 personas con VIH, de las cuales alrededor de 4.000 lo desconoce. Cada día se producen en promedio tres nuevos diagnósticos, según cifras oficiales provistas por el PRONASIDA.

La falta de acción del Ministerio de Trabajo en adecuar su Código del Trabajo a esta ley, hace que aún existan estas acciones discriminativas desde las empresas o instituciones. Es necesario que el Ministerio de Trabajo articule con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a los efectos de cumplir con los términos de la ley 3940/09 y su reglamentación, para así garantizar los derechos de todos los ciudadanos.

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