Por Harvin Meléndez.

En la madrugada del 4 de agosto, en las calles de San José, la actividad económica no se detenía; la noche ofrecía espacios alternativos de diversión y trabajo para hombres y mujeres, nadie se conocía, o quizás sí. Allí, un hombre cometió dos femicidios que pusieron de luto a varias familias y a poblaciones claves en Nicaragua y Costa Rica.

Trabajadoras sexuales charlando sobre derechos sexuales y reproductivos y recibiendo preservativos.

Los principales periódicos de los dos países, amanecieron anunciando el asesinato de dos trabajadoras sexuales de nacionalidad nicaragüense: Meli Moreira Castillo, de 46 años y María Elena Centeno Rugama, de 32; ellas fueron contratadas por Rónald Núñez Rubí, también de nacionalidad nicaragüense, para sostener relaciones sexuales en un hotel de San José. Michael Soto, jefe de la oficina de Planes y Operaciones del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J), en su informe preliminar dijo que las dos víctimas habían sido contratadas en un bar de San José, alegó también que las víctimas habían sido “seleccionadas al azar y no con determinación”. Soto informó a los medios de comunicación los detalles de ambos asesinatos, que fueron por estrangulamiento.

Para María Teresa Blandón, socióloga y directora del programa feminista La Corriente, “este hecho había sido planificado por Núñez, lo explica la forma en como se fueron dando los hechos, en ese sentido, el informe policial se queda muy corto en investigación, y esa es una clara expresión de como la discriminación hacia las mujeres se evidencia cada vez más por parte de las instituciones del estado, sobre todo si son trabajadoras sexuales, si son bisexuales, si son homosexuales, etc”.

Trabajadoras sexuales se pronuncian

Para la Asociación Mary Barreda, organización nicaragüense que trabaja con mujeres trabajadoras sexuales, principalmente en el VIH, los principales problemas a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales se dan en la relación con sus clientes, muchas de ellas son maltratadas, violadas, son víctimas de abusos.  Dora Luz Pérez, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva con mujeres trabajadoras sexual, dijo a Corresponsales Clave, que la Policía Nacional es una de las instituciones que más abusa y discrimina a las mujeres trabajadoras sexuales, “deberían existir leyes que protejan a estas mujeres, porque el hecho de que ellas vivan en una situación x, no significa que van a estarlas violentando o asesinando”, enfatizó.

El trabajo por las comunidades de trabajadoras sexuales se ha intensificado en Nicaragua.

La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), emitió un comunicado el pasado 11 de agosto, donde el colectivo “Los Girasoles”, en Nicaragua manifiesta estar “profundamente movilizadas frente a este hecho de terrible violencia. Repudiamos este acto de femicidio y exigimos que las autoridades de Costa Rica avancen en la búsqueda de esclarecimiento y justicia. Estos actos muestran que el reconocimiento de nuestro trabajo y protección de nuestros derechos humanos es vital para parar la estigmatización, discriminación y violencia”.

Por su parte, Nuvia Ordoñez, trabajadora sexual y miembro de la asociación “La Sala” de Costa Rica, dijo que “esta asociación lamenta mucho lo que ha sucedido, pues en nuestro país no estamos acostumbrados a este tipo de hechos, sí tenemos muchos problemas con la policía y la discriminación que existe hacia las trabajadoras sexuales; en ese sentido, no justificamos la acción de este muchacho”. La asociación está elaborando un informe para presentarlo a los diferentes medios de comunicación y a la legislación también, “este informe que estamos elaborando, es una forma de elevar nuestras voces por un asesinato que no puede quedar en la impunidad”, alegó Ordoñez.

Rónald Núñez Rubí, fue capturado la tarde del viernes 6 de agosto por la fuerza pública y el O.I.J costarricense, a tres kilómetros de la frontera con Nicaragua, mientras intentaba huir hacia su país de origen, el feminicida deberá cumplir tres meses de prisión preventiva por una sentencia que dictó un juzgado penal en San José.

Internacionalmente exigen leyes para proteger a trabajadoras sexuales

Dora Pérez junto a oficial de la policía en visita a zona de trabajo sexual.

En mayo de este año, Amnistía Internacional (AI) elaboró y presentó  una política como reconocimiento de los elevados índices de abusos contra los derechos humanos que sufren en todo el mundo las personas que se dedican al trabajo sexual, la política identifica las principales barreras que obstaculizan la realización de los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y subraya la obligación de los Estados para hacerlas cumplir.

Según el documento de AI, en el mundo se sigue estigmatizando y penalizando el trabajo sexual, lo que obliga habitualmente a las trabajadoras y los trabajadores sexuales a actuar en los márgenes de la sociedad, en entornos clandestinos y peligrosos, sin apenas recurso a la seguridad o la protección del Estado, como consecuencia, estas personas se enfrentan a un mayor riesgo de violencia y abusos, y esos delitos de que son víctimas a menudo no se denuncian, investigan ni castigan, lo que ofrece impunidad a sus autores.

Esta política establece que debe haber garantía para la participación significativa de las trabajadoras y trabajadores sexuales en la elaboración de leyes y políticas que afecten directamente a sus vidas y seguridad, además  establece la obligación del Estado de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. La política se basa en los principios de la reducción del daño, la igualdad de género, el reconocimiento de la participación activa personal de las trabajadoras y los trabajadores sexuales y los principios generales internacionales de derechos humanos.

Estas muertes en Centroamérica reavivan la exigencia de las mujeres trabajadoras sexuales por ambientes de trabajo seguros y la regulación de su trabajo. La violencia en la que viven y en la cual deben desempeñar su trabajo es una de las principales barreras para el ejercicio de sus derechos.

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