Liderados por el diputado Edwin Noé Maldonado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza, en conferencia de prensa, varios diputados hicieron pública la iniciativa 51-26: “Ley de Respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana en el marco de los derechos Humanos” que ha sido presentada formalmente el 9 de agosto pasado, y se comprometieron a buscar su aprobación dentro del Congreso de la República.

Este es un nuevo esfuerzo en coordinación con la sociedad civil que busca cambiar la normativa actual que data del año 2000 y ha perdido vigencia en una dinámica social cambiante y con mucha evidencia actualizada. La norma vigente carece de un abordaje integral.

Víctor Hugo Fernández, asesor de la Red Legal y OMES, manifestó a Corresponsales Clave que este ha sido un esfuerzo de sociedad civil, coordinado por OMES, la Red legal y la Red Sur Occidente. En el proceso de construcción de la ley participaron organizaciones con trabajo en VIH, activistas y organizaciones LGTBI, y otras asociaciones vinculadas a los derechos humanos, así como organismos de cooperación internacional, instancias de gobierno y movimientos de niñez, juventud y mujer, quienes fueron consultados en un proceso que llevo más de tres años de construcción.

Fernández comentó que dentro de las novedades que integra está iniciativa está la búsqueda de la institucionalidad de la respuesta, ya que crea redes de VIH, a nivel multisectorial y departamental. Además obliga a la revisión y actualización de las políticas de VIH, del Plan Nacional Estratégico y Políticas laborales en el lugar de trabajo. Actualmente este estos procesos son financiados e impulsados por las agencias de cooperación internacional, ya que no se contemplan recursos del gobierno para ellos.

Esta iniciativa legislativa evita la criminalización del VIH y ofrece la prueba a las embarazadas, actualmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad social y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la realizan de oficio, en ocasiones sin el consentimiento informado de las gestantes; e incluso se han conocido casos de esterilización a las madres, según testimonios de mujeres que recoge el estudio del Índice para la reducción de estigma y discriminación 2011.

En menores de edad, la nueva ley favorece la realización de la prueba de diagnóstico a menores de edad en situación de riesgo, con el acompañamiento de un adulto.

Rocío Samayoa, abogada de la Red Legal, también indicó que es importante la regulación de los protocolos para antirretrovirales y las compras respectivas, ya que –señala- cuando un paciente pierde el derecho al seguro social, los medicamentos que ha tomado por años no se encuentran disponibles o difieren de los otorgados por el Ministerio de Salud. También se abordan temas como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna en privados de libertad.

De acuerdo con voceros de organizaciones de sociedad civil y activistas LGTBI, la iniciativa integra la participación de las poblaciones, y se les reconoce por su nombre, sin embargo no desarrolla derechos específicos. Al respecto, Fernández manifestó que esto se debe a que la intensión no es estigmatizar a las poblaciones relacionándolas con el VIH, sino más bien dar una respuesta integral a todos los afectados.

El proyecto será trasladado a las comisiones del pleno que trabajan los temas de salud, finanzas y derechos humanos para dictamen. Durante el proceso, también se realizarán consultas al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República para que emitan opinión, para finalmente llevar la ley a su debate y aprobación en el pleno del Congreso.

Desde organizaciones de la sociedad civil, bajo el liderazgo de la Red Legal se realizarán acciones de incidencia, capacitación y sensibilización a diputados de las comisiones estratégicas sobre la pertinencia de la ley.

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