Por Sandra Ramírez y Carlos Romero.

La iniciativa de conformar el Foro Parlamentario de Mujeres fue, durante mucho tiempo, un proyecto con eventuales impulsos políticos, pero que solía quedar sin concretarse.  El año pasado –producto de las elecciones de 2015-  una pequeña pero cohesionada bancada (Convergencia) de tres congresistas, se instauró en el Congreso con el apoyo movimientos sociales, campesinos y populares.  Desde el inicio de la actual legislatura, sus integrantes han impulsado el debate de agendas sociales y proyectos postergados, entre ellos el Foro Parlamentario de la Mujer.

Entre los debates impulsados por Sandra Morán, primera diputada abiertamente lesbiana, destaca la necesidad de regular el aborto terapéutico, la reducción del embarazo adolescente y la paridad en la participación de las mujeres en el Congreso. Morán retomó el impulso para promover el Foro Parlamentario de Mujeres y, apoyada por otras congresistas, se postuló para presidirlo.

Antes de ser electa para la presidencia del Foro, Sandra Morán, se encontró con una campaña en su contra que cuestionaba su idoneidad para el cargo debido a su orientación sexual, y que pretendía deslegitimar su capacidad y liderazgo histórico en el movimiento de mujeres. Se desató una oleada de lesbofobia, misoginia e intolerancia que mostró la inmadurez de la clase política, así como la ignorancia y miedo de los poderes tradicionales ante una agenda progresista y equitativa de los movimientos sociales.

Bajo el argumento de la libertad de expresión, se sobrepasaron todos los límites del respeto a la dignidad de las personas, tratando de empañar el trabajo que la diputada ha realizado, afectando su vida privada y pública, razón por la que la diputada presentó una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos por discriminación, que ya fue elevada al Ministerio Público (MP).

Organizaciones de sociedad civil, movimientos de mujeres, cooperación y comunidad LGTBI, se unieron en contra de la campaña, manifestaron su rechazo a los actos de discriminación y brindaron todo el apoyo a la diputada a través de comunicados. Asimismo, un amplio espectro de movimientos sociales, culturales y políticos, la Defensoría LGTBI de la Procuraduría de Derechos Humanos,  medios de comunicación e incluso la Asociación Internacional de gais y lesbianas –ILGA- apoyaron a Morán y reconocieron ella a una interlocutora representativa y comprometida, no sólo con las agendas de las mujeres y LGTBI,  sino también con la defensa del territorio, los pueblos originarios y la transparencia.

Como parte de su agenda legislativa, la diputada y sus colegas de Convergencia, buscarán la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural, reformar la Ley del Servicio Civil, la aprobación del Programa de atención a personas con VIH, así también buscarán promover acciones para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad y la recuperación de las Escuelas Normales.

La diputada Moran manifestó que dentro de los compromisos adquiridos con el sector LGTBI, se encuentra la aprobación de una ley de Identidad de Género, una demanda que busca la protección de este sector de la población a nivel jurídico y legal. “También tenemos que ver qué hacer para evitar el bullying, que es una problemática que enfrentan todos los niños y jóvenes, pero mucho más si son gais”, dijo.

A pesar de que el país atraviesa por cambios estructurales que dan la sensación de un mayor respeto de  los derechos humanos, hace falta una construcción social donde se respete la diversidad sexual; los políticos y religiosos deben despojarse de una vez de viejas prácticas discriminatorias.

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