Interesadas en alcanzar las metas 90 – 90 – 90, las autoridades de salud de República Dominicana lanzaron un nuevo plan de acción con miras a detectar rápidamente las nuevas infecciones, tratar a las personas diagnosticadas y así evitar que las personas con VIH desarrollen enfermedades oportunistas.  La acción tiene como objetivo instalar la terapia temprana a los usuarios en un plan de Diagnóstico y Tratamiento (lo que en inglés se conoce como Test & Treat). Desafortunadamente no se previeron los recursos financieros necesarios para la respuesta.

En el Hospital Heriberto Pieter, algunos usuarios exigieron el respeto de su derecho a la salud.

Aun cuando el lanzamiento pudo generar algún entusiasmo, lo cierto es que es en las circunstancias en las que se encuentra República Dominicana, esto ha significado que el país enfrente una grave falta fármacos para el tratamiento antirretroviral. Se conoce que ya se han producido interrupciones en la provisión de raltegravir y otros medicamentos de tercera línea, y se estarían haciendo entregas fraccionadas de otros medicamentos como el tenofovir.

Estas circunstancias estarían creando problemas significativos en la salud de las personas con VIH quienes están enfrentando coinfecciones o alguna otra patología que los coloca en mayor riesgo de supresión inmunológica.

La provisión fragmentada y la entrega de medicamentos vencidos obligan a las personas a un doble gasto de bolsillo; algunas se desplazan largas distancias para retirar sus medicamentos y no es hasta que regresan a sus casas cuando notan que están vencidos, esto las obliga a regresar al servicio, realizar más gastos en transporte, además de lidiar con el estrés que provoca el no saber si estos medicamentos le pudieran provocar alguna reacción adversa u otro efecto no deseado.

Corresponsales Clave acudió al Hospital Heriberto Peter y conversó con usuarios de diferentes servicios de atención y  comprobó que, en efecto, algunos llevaban medicamentos vencidos con la indicación del personal de salud que pueden tomarlos hasta tres meses después del vencimiento, y otros recibían dosis solo para una semana. Hubo algunos usuarios que se negaron a recibirlos aun cuando eso signifique quedarse desprovistos del medicamento por un periodo indeterminado.  María*, quien debía salir del país por tres meses, prefirió irse sin medicamentos que llevárselos vencido.

Ante las denuncias que algunos usuarios hacían en voz alto, otras personas presentes se animaron a levantar sus voces y pedir a gritos que se resuelva la situación inmediatamente porque tienen derecho a atención de calidad y no pueden obligarlos a tomar medicamentos vencidos. En ese momento de se oyeron gritos como “el SIDA es un negocio redondo para los funcionarios públicos” o “no existe voluntad política para poner fin a las necesidades de la población”.

Frente a las denuncias, las autoridades de salud han respondido que los medicamentos están ya en aduana, pero que debido a falta de fondos para pagar los gastos de desaduanaje. Se logró conocer que hace falta alrededor de 105 millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares americanos) como consecuencia del déficit en el presupuesto nacional de este año.

Activistas de distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema han hecho un llamado a reorganizar el colectivo de activistas y personas con VIH para elaborar una propuesta y presentarla al senado de la república que garantice los fondos requeridos para la atención de las personas con VIH, ya que el presupuesto será aprobado al 10 de noviembre. Se hace urgente la disposición de los recursos económicos que garanticen el acceso a medicamentos para las más de 32 mil que personas que usan ARV y las  13 mil que están en espera.

En el 2016 fue necesario recortar acciones importantes para cumplir con la compra de medicamentos y poder poner en  marcha el plan de Diagnóstico y Tratamiento; no obstante, la ejecución tardía por parte de las autoridades y el retraso en la entrega desencadenó desabastecimientos de medicamentos, según señaló un funcionario público que pidió no ser identificado.

Se estima que para el 2017 se necesitará cerca de 700 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) para dar respuesta a las necesidades del programa, esto incluye la formula infantil, reactivos para pruebas de CD4 y carga viral, entre otras necesidades.

El Estado dominicano se contradice al pretender dar la misma asignación presupuestaria en el siguiente año cuando han anunciado que 11 nuevas unidades de atención serán abiertas. Aparentemente la planificación de los recursos está lejos de estar articulada con los nuevos desafíos de la respuesta al VIH y los programas que pretende ejecutar el gobierno.

Actores clave como Dulce Almonte y Ramón Acevedo hicieron un llamado a activistas de la sociedad civil a unirse a las voces de las personas con VIH e incidir políticamente para que el Estado asuma su papel y garantice la salud de sus ciudadanos, tal como establece la constitución, con equidad y sin discriminación, honrando también los acuerdos internacionales de los que somos signatarios.

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.