El 30 de septiembre dio inicio la serie de Diálogos LGBTI, con algunos representantes de las comunidades de gais  y la Defensoría de la Diversidad Sexual, para identificar cuáles son las expectativas de las personas gais ante el Estado y qué aspectos consideran que se debe fortalecer en el actuar de la PDH en Guatemala.

En la primera reunión se abordaron temas específicos sobre Educación, Salud, Trabajo y Justicia, en donde se evidenciaron los retos y las dificultades que enfrenta la comunidad gay al acceder a estos servicios, retos y dificultades que son de conocimiento de todas  las personas gais desde hace más de 10 años en Guatemala,   como la inexistencia de una estrategia de atención diferenciada para gais, bisexuales y otros HSH, el incumplimiento de los componentes de educación sexual integral, orientación sexual e identidad de género y -para completar- la Justicia no es efectiva e invisibiliza las agresiones que suceden como resultado de la homofobia.

Los Diálogos LGBTI pretenden recoger las necesidades de atención en derechos humanos de la población gay.

En esta nota trataremos de ilustrar algunos casos que ponen en evidencia las falencias del Sistema de Justicia en el abordaje de la diversidad sexual. En Guatemala sufren y mueren en silencio cientos de personas a raíz de la violencia que genera el estigma y la discriminación por orientación sexual e identidad de Género, producto de la ignorancia, intolerancia y la poca información sobre el tema. En el país no se suelen denunciar las agresiones por homofobia y crímenes de odio, que suceden en todos los estratos y círculos sociales.

“Criss”, una joven mujer trans y reconocida estilista del departamento de Sacatepéquez, situado en la región central de Guatemala, sobrevivió una brutal agresión que en mayo de este año le causó quemaduras de segundo grado. El ataque fue premeditado y el odio se evidenció en la alevosía y saña con la que, con engaños y abuso de confianza, fue invitada a compartir con vecinos que luego la drogaron y la quemaron con una plancha de ropa en distintas partes del cuerpo. Después de la tortura, los criminales la tiraron a la calle en pleno día y ante la mirada de los transeúntes que se encontraban por las inmediaciones del mercado de la localidad.

Criss no ha encontrado justicia aún. A pesar que los agresores están plenamente identificados, las acciones del Ministerio Público estuvieron dirigidas a una simple audiencia de conciliación en la cual pretendían que con tres mil quetzales (equivalente a USD 380.00)  se resarciera a la víctima, obviando la intencionalidad y la conducta delictiva y criminal el actuar en cuadrilla –ya que fueron varios los agresores. El Ministerio Público ha hecho caso omiso a la solicitud de parte de la agredida, sus amigos y familiares que ordene la captura de los responsables.

La víctima  buscó el apoyo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que remitió el caso a la Asociación de Abogados y Notarios “Lideres Profesionales”, quienes atienden y litigan casos de esta naturaleza. La Asociación ha presentado ya varios recursos legales para que el Ministerio Público tome acciones; sin embargo, a cuatro meses del hecho, el órgano encargado de la acción penal no da muestras de interés en resolver el caso, sino al contrario  intentan que se sume a los muchos otros que se han dejado en el abandono debido a que las víctimas son de la comunidad  LGBTI. Pero el equipo de abogados no está dispuesto a permitir más abusos e inoperancia y han manifestado que denunciarán a las autoridades que están llevando el caso por incumplimiento de funciones.

A Criss le quemaron las piernas y espalda y la golpearon en la cabeza y la cara.

Limber Santos y Rodolfo Zepeda, dos jóvenes gais, fueron interceptados el domingo 14 de agosto por personas que durante varios años les han acosado y agredido verbal, psicológica y físicamente por su orientación sexual. Esta vez la agresión fue más violenta y los golpes produjeron serias heridas en los jóvenes. Esto sucedió en la Aldea Peñox, en la región noroccidental de Guatemala. Santos relató a Corresponsales Clave que ellos son dos jóvenes trabajadores y se dedican al diseño de ropa y montaje de eventos de su localidad. Ninguno de ellos pudo culminar sus estudios académicos debido al estigma y discriminación que sufrieron durante muchos años, lo cual los obligó a dejar los estudios y dedicarse a trabajar. Sus sueños estudiantiles y la aspiración a tener una carrera universitaria se vieron truncados por el miedo a seguir arriesgando su integridad física ante los ataques constantes.

Este caso fue atendido en 5 días; pero la resolución del mismo deja entrever la homofobia del sistema. Bastó con que el agresor se comprometiera a no continuar con los abusos y a pagar cuatrocientos quetzales (equivalentes a USD58) para el gasto en antibióticos y analgésicos. Los jóvenes agredidos, por miedo a represalias y la presión de familiares del agresor, prefirieron aceptar esta medida conciliatoria.

Finalmente, otro caso que queremos resaltar y que demuestra la homofobia en el sistema de justicia guatemalteco es el de Danny Estiven Alarcón Salazar, un profesor de nivel primario y estudiante universitario de Jalapa, una región al sur oriente del país.  En abril, Alarcón fue acusado de violar a un niño de tres años. Sin prueba alguna y en respuesta al escándalo mediático que generó el caso, que destacaban la homosexualidad del joven, fue encarcelado de inmediato. Recién en agosto fue puesto en libertad ya que las pruebas de ADN eliminaron a Alarcón como sospechoso.

El hecho que Danny fuera gay levantó el escándalo en su localidad, la sociedad arremetió contra él con insultos, fue agredido en las redes sociales y se temía que fuera linchado. De nada sirvieron las declaraciones de amigos y familiares de Alarcón, su aprensión fue incluso más rápida que lo habitual en casos de violaciones a niñas, a mujeres o incluso en casos de asesinatos. Desde la organización LAMBDA se hicieron varias solicitudes al sistema penitenciario de medidas cautelares y el resguardo de la vida del acusado que estaba expuesto a un atentado contra su vida; la Red Legal y SOMOS estuvieron vigilantes al proceso del joven inculpado. El desinterés en el caso por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos fue referida por familiares y abogadas de Alarcón.

Si bien los casos de violencia sexual deben ser tratados con eficiencia y la aprensión de los culpables debe ser inmediata, en este caso fue la homofobia la que apresuró las acciones de las autoridades, quienes luego de contar con las evidencias de que el violador pertenece al círculo familiar de la víctima, aún no han aprendido a nadie.

Todos los casos relatados responden a un contexto guatemalteco donde la discriminación está enraizada en gran parte de la sociedad, en la cultura y en su sistema judicial. Es muy difícil ser una persona es gay, joven, de escasos recursos y de alguna localidad del interior de la república, ya que será más complicado contar con las herramientas y el apoyo para hacer  una denuncia de agresión por homofobia.

Según Carlos Valdez, director ejecutivo de la asociación LAMBDA, en Guatemala no se hacen efectivos los procesos en materia de denuncia, debido al desconocimiento, la falta de voluntad política, además que se toman como casos comunes de violencia, algo que perjudica de manera evidente la resolución de los mismos. El miedo, la falta de confianza en las autoridades y la lentitud de los procesos legales en el país, desalientan a las poblaciones a hacer evidentes los cientos de actos de violencia homofóbica.

Existen registros en las asociaciones de casos de violación a los derechos humanos, violencia física, psicológica y sexual, pero no son llevados a las instancias correspondientes. Aquellos casos que si llegan a la justicia,  no cuentan  con medidas de resarcimiento, luego de vivir procesos donde se vulnera la dignidad humana y se re victimiza a las personas de forma agresiva. Según Valdez, se estima que existen más de 250 casos al año que no son registrados en las dependencias correspondientes.

Guatemala, con todas sus estructuras institucionales, no pone en marcha procesos y mecanismos que prevengan, investiguen y sancionen los actos que violentan la integridad de las personas LGBTI; tampoco implementa acciones que dignifiquen a las personas de la diversidad sexual.  El odio, día a día se vive en distintas partes del país, en silencio. Pareciera que las autoridades esperan una masacre como la de Orlando, Florida, para reaccionar.

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