El 14 de diciembre, poco antes de que las organizaciones públicas y privadas cerraran sus actividades por las fiestas de fin de año, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó –para sorpresa de muchos- una nueva Ley de Prevención y Control de la epidemia provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la cual consta de 52 artículos y que tiene cambios que han sido considerados por algunas organizaciones de sociedad civil como un retroceso a la ley que ya se tenía.

Odir Miranda, director Asociación Atlacatl Vivo positivo. Foto: La Prensa Gráfica.

Es importante señalar que en el seno legislativo, organizaciones de sociedad civil y el Ministerio de Salud habían presentado entre los años 2015 y 2016 sendas propuestas de ley que surgieron de un trabajo articulado desde hace varios años y que buscaba una ley actualizada, que respondiera a las nuevas dinámicas de la epidemia. La presentación de dos propuestas de Ley respondió a un desacuerdo final sobre la rectoría de la respuesta al VIH, que el Ministerio de Salud concebía como suya y que de parte de las organizaciones de sociedad civil se planteaba como adscrita a una nueva instancia autónoma. Una tercera propuesta de Ley fue presentada por el partido ARENA. Sin embargo, la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa creó un equipo técnico y fue este el que presentó un nuevo texto, el cual fue aprobado.

Las críticas a esta nueva ley fueron inmediatas. Odir Miranda, Director de la Asociación Atlacatl Vivo positivo, manifestó a un periódico nacional que: “la ley, la han querido vender con un enfoque de Derechos Humanos, pero no lo tiene porque ha dejado  fuera al ministerio de trabajo y Educación quienes son entes principales de la respuesta”; además agregó que “lo único que hizo la comisión de salud pública de la Asamblea Legislativa con la normativa, y aprobada por el pleno fue darles facultades al Ministerio de Salud y cambiar el nombre de la Comisión Nacional Contra el sida por el de Comisión Nacional contra el VIH”.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también emitió un comunicado en el que señala que la “ley aprobada, aunque se han incluido elementos de ambas propuestas, se ha trabajado aislado de toda esa esfera de insatisfacción social e institucional a la ineficacia de la Ley vigente.”

Entre los aspectos más resaltantes, las organizaciones han señalado que la nueva ley mantiene un enfoque exclusivo de salud, utiliza terminología desactualizada para referirse a las personas con VIH, hace referencia a las pruebas de diagnóstico, pero omite la voluntariedad de las mismas; señala la obligatoriedad de comunicar el diagnóstico a las parejas sexuales y criminaliza la transmisión del VIH.

Jaime Argueta, Jefe del Departamento de VIH y Derechos Humanos de la PDH. Foto: Pasión por la Vida.

En la constitución de la Comisión Nacional contra el VIH (antes Comisión Nacional contra el sida), la nueva ley ha dejado fuera a los Ministerios de Trabajo, Educación y Gobernación; la Sanidad militar, medios de comunicación, Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la empresa privada; aunque ha incluido al Consejo Superior de Salud Pública, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de la Juventud. El Ministerio de Salud, la Procuraduría para la Defensa de Los Derechos Humanos (PDH), asociaciones y fundaciones que trabajan el tema de VIH y Colegio Médico se mantienen en la estructura.

Catherine Argueta, Directora Ejecutiva de Asociación Nacional de Personas Positivas Vida Nueva, comentó a Corresponsales Clave que “la comisión (de la Asamblea)  nunca dialogó con el equipo promotor de la Ley para poder despejar dudas sobre la propuesta; estábamos convencidos en poder trabajar en conjunto y garantizar una ley con un enfoque de derechos humanos”. Es decir, durante la integración de las propuestas de Ley, que debía honrar los principios de los promotores, la Comisión trabajó aisladamente.

La Ley en cuestión ha dejado de lado los compromisos asumidos por el país en la Declaración Política sobre el VIH/SIDA, aprobada el año pasado, como claramente lo señaló a Corresponsales Clave Yolanda Guirola, representante de CEMUJER y miembro del Equipo Promotor de la Ley. Guirola también llamó la atención sobre la ausencia de respuesta de la Comisión responsable del texto ante las “insistentes peticiones que se le hicieron para incorporarnos al equipo técnico”.

CEMUJER formó parte del Equipo promotor de la Ley.

A partir de la aprobación de esta Ley y luego de algunas discusiones en instancias multisectoriales como la CONASIDA, se llegó al acuerdo que se haría incidencia política para que el Presidente devolviera la Ley a la Asamblea Legislativa para su promulgación con algunas observaciones; ya que el veto no sería el mejor camino, según el análisis político de organizaciones y  activistas involucrados.

Jaime Argueta, Jefe del Departamento de VIH y Derechos Humanos de la PDH, señaló a Corresponsales Clave que desde la Procuraduría se ha enviado observaciones a la Ley a Casa Presidencial, de manera que la Ley aprobada sea revisada en detalle por el presidente y las observaciones sean tomadas en cuenta. “Organizaciones de la Sociedad civil, el Ministerio de Trabajo, y la Secretaría de Inclusión Social también han enviado observaciones a la Ley”, confirmó Argueta.

La aprobación de esta ley fue una sorpresa no solo para los salvadoreños, sino también para activistas de toda la región que habían criticado esos mismos retrocesos en los borradores de una ley en Panamá.

La nueva ley salvadoreña ha sido enviada a Casa Presidencial para que el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén pueda aprobarla, observarla o vetarla. Frente a las acciones tomadas por sociedad civil y otras instancias de gobierno, se duda que el presidente la apruebe sin observaciones; sin embargo, es importante que tanto la organizaciones locales como internacionales estemos atentas para defender los derechos humanos de las personas con VIH y de aquellas en mayor exposición, dentro de un marco normativo que contribuya a una respuesta a la epidemia basada en evidencias.

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