Según datos del informe experiencias exitosas y lecciones aprendidas para el cambio de la legislación sobre la edad del matrimonio, realizado por el Grupo Inter-Agencial Regional de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe – GIG, coordinado por ONU Mujeres, las niñas que viven en situaciones de pobreza, las que pertenecen a pueblos originarios y las que viven en zonas rurales son especialmente vulnerables ante esta práctica social: mientras que en el quintil más rico se estima que el 10 por ciento de las mujeres entre 20 y 49 años se casaron antes de los 18 años de edad, la proporción llega a 38 por ciento en el quintil más pobre.

La presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, mencionó a Corresponsales Clave que el “matrimonio infantil afecta a chicas y chicos menores de 18 años, y los casos más complejos son los que ocurren en niñas de 15 años o menos, ya que se entiende que a esa edad una niña o niño no tienen capacidad de decidir sobre eso. El matrimonio o la convivencia a edades tan bajas es algo que siempre ocurre en un ámbito en el que él o la menor no pudieron elegir, por tanto, se considera que hay abuso o que se encuadran en violencia de género. Además, un riesgo que implica el casamiento o convivencia en la infancia es padecer violencia por parte del compañero, especialmente porque en general son varones mayores que las niñas. En Argentina son 10 o más años mayores. Eso implica que la niña tiene poco poder y por tanto el compañero, esposo o pareja responde con violencia rápidamente ante “las desobediencias” de las esposas niñas (…) también la infección por VIH es frecuente porque estas niñas no tienen capacidad de negociar el uso del preservativo. Y el embarazo a edad temprana también es otro hecho frecuente”.

(Para obtener más datos sobre el vínculo entre matrimonio o unión de niñas y adolescentes, violencia de género y VIH se puede revisar el estudio descriptivo sobre situación del matrimonio o convivencia infantil en argentina que realizó FEIM en noviembre del año 2016).

Entre los aspectos que determinan el matrimonio infantil y la maternidad en adolescentes, según diferentes estudios producidos por agencias del Sistema de Naciones Unidas y ONG especializadas, se encuentran factores estructurales como la pobreza, la ubicación geográfica, las normas discriminatorias contra las mujeres y jóvenes, el acceso limitado a la educación, incluyendo la educación sexual, entre otros. En contextos cuyas oportunidades de ascenso social son limitadas, el matrimonio infantil es entendido como un mecanismo que permite que las niñas y adolescentes tengan una “sana” y “productiva” vida.

El matrimonio infantil expresa desigualdades de género

El matrimonio infantil es -sin lugar a dudas- una problemática que expresa las desigualdades de género presentes en nuestros países, que se reproducen a través de las prácticas, el lenguaje y las representaciones simbólicas y socioculturales en torno a la maternidad, la adolescencia, las relaciones de pareja y la sexualidad que colocan a las mujeres en posición de inferioridad frente a los varones. Al respecto, Edgar Carrasco, Especialista en VIH e Igualdad de Género de ONU mujeres, resaltó ante Corresponsales Claves que “siempre la más desventajada es la mujer, en el marco de las desventajas de género que ya existen en la sociedad”.

Afinando el foco, diversas investigaciones reportan que entre los principales factores que llevan al matrimonio infantil se encuentran: el embarazo adolescente y el interés de la familia de proteger la reputación de la niña y asegurar el futuro del bebé; el deseo de controlar la sexualidad de las adolescentes y evitar comportamientos de riesgo; la búsqueda de seguridad económica por parte de la familia de las niñas; la salida de las niñas de la casa de sus padres por falta de oportunidades educativas y laborales; las experiencias de abuso o control sobre su movilidad. Además, cuenta como factor el deseo de los futuros maridos de casarse con niñas cada vez más jóvenes, consideradas como más atractivas y de fácil control.

Partiendo de estos escenarios podemos decir que en general, existe una realidad social discriminatoria hacia las adolescentes y niñas que, lamentablemente, no escapa a las instancias de toma de decisiones. En muchos de nuestros países existe una edad diferencial para la realización de las uniones legales que permiten que las adolescentes se casen más jóvenes que sus pares varones. Esto le da un piso legal a la desigualdad basada en “las costumbres y valores” de nuestras sociedades (para obtener un panorama amplio sobre las edades mínimas de uniones civiles en América Latina y el Caribe pulse aquí)

Un problema que no se ve

Resaltan en estos informes y en diferentes entrevistas realizadas para este artículo un dato importante: en la actualidad no se dispone de información suficiente para comparar la situación en todos los países de la región, no existen datos desagregados para todos los países que permitan visibilizar la información disponible para orientar las acciones y la definición de políticas públicas, en la academia no se reconoce este problema como algo que afecte a la región y, por lo visto, en la sociedad en general tampoco.

Bianco comentó de manera directa: “las organizaciones y activistas que trabajan en sida, al igual que el resto de la sociedad no percibe ni reconoce este fenómeno, debemos sensibilizarlas y plantear este tema como un factor determinante de la infección con el VIH”.

Así mismo, Carrasco dijo en relación a la invisibilización: “Esto pasa dentro de la misma cooperación, dentro de las mismas Agencias a veces no se tiene mucha información, está muy escondida, muy tolerada también como una cosa que ocurre, pero que también ocurre como solución a un problema como la pobreza, por ejemplo

Bianco añadió que “en general no se visualiza ya sea porque se da por natural o porque no se piensa. En algunas sociedades donde es habitual que los hijos: varones o mujeres, en familias con pocos recursos o que viven alejados de zonas urbanas den a sus hijos o hijas a una familia o a un hombre con capacidad económica para que ‘las crie’ y ‘pague el colegio y los estudios’, incluso sabiendo que en muchos casos la va a explotar como servidor/a o como concubina. En estos casos las sociedades lo tienen naturalizado y no lo consideran algo anormal ni tampoco casamiento.

"Cuanto más tarde salgan las niñas de la escuela, más protegidas están", dijo Mabel Bianco.

En otros casos, por motivos religiosos o culturales, se decide el futuro de esa niña (es más frecuente en las niñas) desde el nacimiento o a su muy corta edad. Esto se ve en el Caribe inglés donde la edad de casamiento permitida es a los 12 o 14 años. (…) se cree que solo en Asia o África existe esto; sin embargo, está (en Latinoamérica) y no se reconoce”.

Para frenar esta situación existen diferentes iniciativas. Carrasco mencionó que ONUMujeres se encuentra “motorizando unas iniciativas y una movida al respecto. En el encuentro de alto nivel se propuso la discusión sobre este tema para dar seguimiento a los estados miembros en temas de VIH. Estamos proponiendo un encuentro Regional de todos los actores, un poco para llamar la atención en relación a la problemática y tal vez proponer un plan de acción. Existe la motivación para promover esta consulta”.

Propuestas y recomendaciones

En primer lugar, como aspecto central, se menciona la incorporación del enfoque de género en los diferentes escenarios que se planteen. Esta perspectiva hace mención, según el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en 1997 como: El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad.

Partiendo de aquí, se hace urgente el cambio en las legislaciones de nuestros países sobre edad mínima de las uniones matrimoniales, como una herramienta fundamental para la protección de los derechos de los y las adolescentes y para su empoderamiento. Así, se  visibilizaría esta problemática, rompiendo estructuras y normas que perpetúan la discriminación y la violencia. Esto deberá complementarse con políticas públicas que aseguren el ejercicio de sus derechos humanos. (resumen UNICEF).

Así mismo, las agencias sugieren desarrollar estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, en profundidad sobre las causas y las consecuencias del matrimonio infantil en los que se pueda visibilizar la tipología de situaciones y grupos poblaciones de mayor incidencia, así como la violencia de pareja con el fin de documentar la importancia de los cambios normativos.

Igualmente, plantean desarrollar discursos basados en derechos humanos que contribuyan a develar esta problemática como una práctica tradicional nociva relacionada con las desigualdades de género. Realizar campañas de información a la población en general que problematice y visibilice esta situación. Construir sistemas de protección de derechos y políticas públicas con presupuestos que alcancen para hacer frente a este complejo fenómeno. Formar y sensibilizar a las y los funcionarios públicos sobre el tema.

En esta línea, invitan a integrar a las instituciones religiosas y laicas a que se esfuercen por dar a conocer a sus miembros, y al público en general, el carácter nocivo del matrimonio infantil como una práctica cultural basada en las desigualdades de género.

Así mismo, muestran la importancia de las redes que construyan espacios y mecanismos de articulación entre el movimiento de la niñez, las organizaciones de jóvenes y adolescentes, y el movimiento de mujeres, para facilitar el diálogo constructivo entre adultos y adolescentes y la definición de agendas comunes, desde un enfoque de derechos humanos.

En este sentido, Mabel Bianco realizó un señalamiento sobre la importancia de la educación en la erradicación de esta problemática: “la incorporación de la educación sexual integral es clave para que la escuela sea un ámbito protector (…). Pero antes que la educación sexual integral, lo más importante es que las niñas y niños avancen en la escolaridad, ya que cuanto más tarde salgan las niñas de la escuela, más protegidas están. La prolongación de la escolaridad evidencia una menor tendencia al matrimonio o convivencia a edades menores y además menos embarazos o maternidad infantil o temprana.”

Hay mucho que trabajar para acabar con el problema del matrimonio y uniones infantiles, pero antes que nada debemos visibilizarlo y desnaturalizarlo.

Fotos tomadas de la web.

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