Organizaciones de la sociedad civil iniciaron acciones de abogacía frente a las quejas recibidas de personas que señalan que como parte del procedimiento para el ingreso al Ejército de Guatemala deben realizarse la prueba de VIH  o, en caso de estar en ejercicio, el diagnóstico constituye causal de pase al retiro.

La  normativa que aborda el VIH dentro del Ejército de Guatemala fue desarrollada en los años noventa, cuando empezó el crecimiento de la epidemia del VIH, se conocía poco de los medios de transmisión, no existía el tratamiento antirretroviral y el estigma y la discriminación guiaban las políticas.

Roció Samayoa, coordinadora del Observatorio, manifestó que la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, establece que los oficiales generales, oficiales superiores y oficiales subalternos del Ejército, causarán baja por “invalidez o enfermedad incurable, comprobada por el servicio de sanidad militar y dictamen del Estado Mayor de la Defensa Nacional”, lo cual ha generado que se cometan irregularidades. “Si bien es cierto el VIH es una condición de salud incurable; a la fecha, las personas que viven con el virus y están en tratamiento pueden realizar los trabajos que su condición física les permita. (Artículos. 36,42 y 43 del Decreto 27-2000); además de la  confidencialidad, que es un derecho fundamental de las personas que viven con VIH, cuyo objetivo final es no afectar la vida privada y social”, dijo Samayoa.

El Observatorio hizo llegar varias observaciones al Ministerio de la Defensa, recomendando que se revise la normativa interna del Ejército de Guatemala, en cuanto a las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento que tiene el VIH dentro de la institución armada, armonizando dicha normativa conforme a las disposiciones de Derechos Humanos reconocidos en la legislación guatemalteca. Asimismo, se ha solicitado que se forme una Mesa de trabajo con autoridades de derechos humanos y representantes de sociedad civil para el desarrollo de un abordaje actualizado del VIH, en un marco de Derechos Humanos, regulado a nivel nacional e internacional.

Esta abogacía ha tenido sus resultados positivos. A finales del 2016, el Ministerio de la Defensa Nacional dio a conocer a través de un oficio girado a la Red Legal en Derechos Humanos y VIH que la comisión Militar de Sida (COMISIDA) estaba trabajando en la revisión y actualización de las Directivas No. MDN-010-SAGE-2003 de fecha 19 de mayo del año dos mil tres y NO EMDN-09-SAGE-2007  para adaptarlas a la realidad social y las normas vigentes que regulan la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH, sida e infecciones de transmisión sexual y se cuenta ya con propuestas de modificaciones para dichas directivas que se encuentran en proceso de aprobación. La comunicación también manifiesta la disponibilidad de la institución para integrar una Mesa de trabajo y sugiere que también la integren representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el objeto de coordinar un convenio interinstitucional que permita el acompañamiento y absorción en los programas de atención a personas con VIH que por cumplir su tiempo de servicio, sean dadas de baja del Ejército de Guatemala.

La normativa del ejército debe ser alineada a los acuerdos internacionales de derechos humanos.

Con esta Mesa de trabajo se abrirá una oportunidad para que la sociedad civil incida en mejorar las políticas y programas para las personas con VIH, la comunidad LGTB y las mujeres, ya que similar situación de discriminación se evidenció con la revisión del Reglamento interno del Instituto Adolfo V Hall, que depende del Ministerio de la Defensa, vigente desde 1986, que castiga con expulsión a jóvenes homosexuales y a estudiantes que resulten embarazadas o por someterse a un legrado.

La sociedad civil espera ahora el involucramiento de entidades del Estado que velan por los Derechos Humanos, en especial, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que ayuden a reforzar las acciones de abogacía por el pleno respeto de las personas que viven con VIH.

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