El miércoles 22 de marzo, en Ciudad de Panamá, la Red Centroamericana de Personas Con VIH (REDCA+) firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo de Panamá. Representadas por Otoniel Ramírez Hernández, su Secretario Regional, y Alfredo Castillero Hoyos, Defensor del Pueblo, respectivamente, ambas organizaciones se comprometieron a promover el desarrollo de procesos de fortalecimiento de conocimientos y capacidades en materia de protección y promoción de los derechos de las personas con VIH; realizar acciones conjuntas orientadas a concientizar sobre el respeto de los derechos humanos de las personas con VIH, que coadyuven a combatir el estigma y la discriminación. De igual forma, ambas organizaciones promoverán en el Consejo Centroamericano de procuradores de Derechos Humanos que incluya dentro de su plan de trabajo el análisis y posicionamientos de los derechos de las personas con VIH, de manera que todos los países refuercen sus trabajos respecto a este tema. Este es el segundo convenio firmado por REDCA+, el primero se firmó en meses pasados con El Salvador.

Otoniel Ramírez (Redca+) y Alfredo Castillero Hoyos, Defensor del pueblo de Panamá.

En la misma fecha, REDCA+ presentó la Plataforma Virtual para el registro y seguimiento de denuncias ante la violación de los derechos humanos, tanto de las personas con VIH como de las poblaciones claves con VIH, con el objetivo de contribuir a la eliminación de las barreras legales; de esta manera se hace el esfuerzo articulado para mejorar la respuesta de los casos ante la violación de los derechos humanos. La plataforma ha tomado en cuenta el respeto a la confidencialidad en el manejo de los datos.

Ambas acciones se enmarcan en el proyecto regional de REDCA+, apoyado financieramente por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, que se enfoca en el tema de incidencia pública y política ante tomadores de decisión. Por ello, la Red se ha embarcado en la tarea de lograr la firma de convenios interinstitucionales con las Defensorías del Pueblo con miras a fortalecer la respuesta al VIH y promover las denuncias de las vulneraciones de los derechos humanos en cada uno de los países de la región.

Alfredo Castillero Hoyos, Defensor del Pueblo de Panamá, dijo a Corresponsales Clave que con este convenio se fortalecerán las capacidades de ambas instituciones para contribuir al respeto de las personas con VIH y que en todos los países de la región las Procuradurías (o Defensorías) juegan un rol de suma importancia para todos, en especial a las poblaciones que son objetos de vulneración de sus derechos. Asimismo, señaló que el tema de los DDHH de las personas con VIH debe manejarse de manera transversal, ya que el VIH no solo afecta a las personas en cuanto a su salud, se entrelaza con otras aristas sociales como la educación, el trabajo, la discapacidad, la migración, la privación de la libertad y la estabilidad familiar.

La Defensoría del Pueblo de Panamá está haciendo cambios dentro de sus políticas para que toda aquella persona que sienta que se le ha vulnerado sus derechos humanos, pueda acercarse a interponer una denuncia que se investigará protegiendo, ante todo, la confidencialidad de la persona.

Por su parte, Otoniel Ramírez, Secretario Regional de la REDCA+, destacó la importancia de estos convenios con las procuradurías, justamente porque las procuradurías le dan un respaldo jurídico y político a la defensa de los derechos de las personas con VIH, permiten el acompañamiento de los casos y contribuyen a eliminar cualquier barrera que pueda desalentar las denuncias de las vulneraciones de derechos, además de devolver a los ciudadanos y ciudadanas la confianza en el sistema, algo que en nuestros países escasea.

La REDCA+ está en negociaciones con las procuradurías de Guatemala y Honduras, y ya han tenido acercamientos con el procurador adjunto de Costa Rica, con quien ya se ha conversado sobre la mejor manera de un trabajo articulado. De igual forma, se busca tener acercamientos con las procuradurías de Belice y Nicaragua para tener convenios firmados en los siete países de la región de Centroamérica que garanticen una adecuada protección de los derechos humanos de las personas con VIH en toda la subregión.

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