La semana pasada, Mayra Magdalena Patricia Bogado, una mujer trans de 39 años que preside la Asociación de Travestis Misioneras (ATMIS), comenzó una  huelga hambre por el agravamiento de las condiciones de detención en la Unidad Penitenciaria V – Correccional de Mujeres de la Provincia de Misiones, donde se encuentra -detenida con prisión preventiva- hace un año y seis meses.  Mayra adoptó esta medida porque no le proveen su tratamiento antirretroviral de forma regular y porque exige su liberación, en virtud de que no hay pruebas en su contra para seguir detenida.

Desde su aprensión, en octubre de 2015, se esperaba la liberación inmediata de Mayra por falta de pruebas. (Imagen: Captura de pantalla de CuatroTV Misiones)

Mayra se encuentra detenida desde 2015 por una denuncia hecha en su contra por la madre de un menor quien manifestara que la conocida activista por los derechos de las personas trans en Misiones habría abusado sexualmente de su hijo. Sin embargo, según el testimonio brindado por Claudia Viera, directora del colegio a donde asiste la presunta víctima,  que consta en los expedientes del caso, el propio joven habría contado a sus amigos que la madre le pidió que dijera eso para extorsionar a Mayra y obtener 100 mil pesos para poder comprar una moto.

El abogado de Mayra, Alejandro Jabornisky insiste también en que “no hay ningún elemento para mantener a Mayra en la cárcel” y denuncia que Mayra recibe medicamentos “en forma irregular”, lo que es más preocupante, ya que afecta su derecho a la salud, que debería estar garantizado por el Estado. Aparentemente el Correccional de Mujeres no estaría haciendo los trámites con la obra social de Mayra; si bien en los primeros meses de su detención la entrega de medicación era frecuente y regular, a mediados de 2016 comenzó la entrega irregular de los antirretrovirales.

La Ley XIV – N°7 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad establece que el Servicio Penitenciario de la Provincia de Misiones debe garantizar las salud psicofísica de las personas alojadas en él,  la persona privada de su libertad tiene el derecho de mantener y mejorar sus condiciones de salud. El descuido de la salud de las Personas alojadas en el Servicio Penitenciario de Misiones es muchas veces moneda corriente, al igual que la falta de insumos básicos, como por ejemplo colchones para los nuevos internos o alimentación adecuada, tal como fuera denunciado en meses pasados por el Diario Primera Edición de circulación provincial.

El caso de Mayra se encuentra el Juzgado de Instrucción N° 7 de la Provincia de Misiones, a cargo de Carlos Jorge Giménez.  El magistrado ha desestimado cada una de las presentaciones del abogado de Mayra y ha sostenido su detención preventiva pese a no haber pruebas en su contra.

Con estos hechos, el Poder Judicial de la Provincia de Misiones violenta de forma sistemática los derechos a la defensa en juicio y al debido proceso de los que Mayra Bogado es titular. El juez ha colocado a Bogado en una situación de extrema vulnerabilidad, producto de la falta de atención médica y medicamentos necesarios para resguardar su salud, y poniendo en peligro su vida.

En 2011, cuando se presentó el proyecto de Ley de Identidad de Género en la Cámara de Diputados de la Nación, Claudia Pía Baudracco dijo que en Argentina todos los ciudadanos y ciudadanas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario; sin embargo, las personas trans son culpables hasta que puedan demostrar que es inocente. Así, puso de manifiesto el actuar del Poder Judicial que violentaba todas las garantías constitucionales y convencionales de las que son titulares todas las personas sospechosas de haber cometido un delito.  En aquella presentación, Baudracco también señaló que el derecho humano a la justicia y al debido proceso eran derechos que las personas trans aún no han alcanzado, sea como víctimas o estando en conflicto con la ley.

Las palabras de Baudracco resuenan con cada caso de una mujer trans.

Este año fallecieron dos personas trans alojadas en el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires por falta de atención médica, resultado de la acción u omisión de un Poder Judicial que no escucha ni ve y al que poco parece importarle resguardar las garantías de las personas.

Algunos activistas han intentado algunas acciones orientadas a buscar un habeas corpus correctivo que permita su comparecencia inmediata, pero se hace necesario que  desde las organizaciones de sociedad civil se acompañe a Mayra en la lucha por el respeto de sus derechos.

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