El Centro Penitenciario de Tacumbu registra una sobrepoblación de 2800 personas por encima de su capacidad (1200), lo cual conlleva a una  precariedad en las condiciones de salud,  tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufren las personas privadas de la libertad. A la fecha se han identificado 20 personas con VIH en dicho centro.

“Nos preocupa la calidad de vida de la población penitenciaria y que  siga deteriorándose,  especialmente en su salud;  nos preocupa  el alto nivel de consumo de  sustancias psicoactivas, el hacinamiento, la pobreza y sin ninguna intervención importante por parte del Ministerio de Salud o del Ministerio de Justicia”, manifestó a Corresponsales Clave, Aurora Gaona, Coordinadora del Área Salud de la fundación Vencer.

“Por años hemos denunciado la situación de abandono de las personas con VIH en las penitenciarías, hoy día hemos logrado articular trabajos con el PRONASIDA y profesionales médicos del Instituto de Medicina Tropical, para la asistencia a las personas: un médico infectólogo y una trabajadora social realizan el seguimiento  y la entrega de los antirretrovirales”, manifestó Gaona

El diseño de políticas de salud eficientes, presupuesto adecuado, una atención con calidad y calidez,  alimentación adecuada  para todos los internos indistintamente a su condición de salud, sigue siendo una deuda con las personas privadas de la libertad.

“Hay ocasiones en que nuestro trabajo se ve truncado y la salud de nuestros compañeros se deteriora, por ejemplo cuando realizan los traslados de los internos por sus comportamientos a otros centros penitenciaros como castigo, sin sus fichas médicas, sin sus medicamentos y sin posibilidad de que podamos hacer el seguimiento. Muchas veces nos enteramos de su muerte o del empeoramiento de su salud”, añadió la funcionaria de la Fundación Vencer.

“Se ha perdido el sentido de humanidad, (…) ni se puede hablar de derechos humanos de las personas que están privadas de libertad”, dijo.

Sin embargo, a pesar de este escenario, la Fundación Vencer ha obtenido algunos logros para las personas con VIH privadas de la libertad, como la posibilidad de darles acompañamiento, realizar reuniones de grupo con el apoyo de la Cruz Roja y contribuir así a una mejor adherencia al tratamiento antirretroviral y el logro de cargas virales indetectables.

Por su parte, Alcides Florentín, encargado de la Sanidad del Penal de Tacumbú, dijo que gracias a esta asistencia médica mensual, realizada desde el Instituto de Medicina Tropical, el PRONASIDA y la fundación Vencer, se ha logrado que los internos que viven con VIH mejoren su salud, accedan a las consultas de un especialista y la consejería de un par con quien poder ir aprendiendo más de cómo vivir con VIH. “Se nota que están esperando las consultas, preguntan cuándo vendrán los del programa, y eso demuestra el interés”, comentó.

En este contexto de trabajo, resultó evidente que las personas con VIH, no solo necesitan antirretrovirales para mantener una buena calidad de vida, también profesionales médicos que traten otras patologías, medicamentos para las enfermedades oportunistas, alimentación balanceada, espacios adecuados donde dormir y para la higiene personal.

Aún hace falta muchos por hacer y el Estado es responsable de garantizar todos los  derechos de  las personas, pero en las penitenciarías hablar de derechos sigue siendo  utópico y postergado por nuestras autoridades,  y es donde se necesitan grandes cambios estructurales, de recursos financieros y humanos,  acorde a la realidad y a las necesidades  que se viven en ella. Pero desde la sociedad civil se continuará trabajando en ese camino.

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