Hace 20 años, cuando Ana recibió su diagnóstico de VIH, el médico le dijo que debía someterse a una ligadura de trompas porque no podría tener más hijos. El año pasado, a la hija de Ana, que nació con la misma condición de salud que su madre, un médico le recomendó -casi a tono de obligación- que debía ligarse ya que a sus cortos 19 años estaba embarazada. Esto ocurrió en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de la Seguridad Social en la región Lambayeque, ubicado a 790 km al norte de Lima.

ICW realizó una reunión con líderes y tomadores de decisión.

La historia se repite, y aunque los avances científicos indican que las mujeres con VIH pueden tener hijos e hijas libres del virus, aún el personal de salud sigue presionando y obligando a las mujeres a privarse de su sexualidad y la reproducción.

Frente a esta situación, la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH (ICW, por sus siglas en inglés), organizó hace diez días una reunión de trabajo con autoridades del sector salud y lideresas de diversas partes del país en la que se evaluó aplicar una norma que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH.

Según el estudio Índice del estigma y discriminación hacia las mujeres con VIH, realizado por ICW- Perú; dos de cada diez mujeres encuestadas (20%) refiere haber sido coaccionada por el personal de salud para esterilizarse por su condición de salud.

“Tanto la violencia obstétrica (esterilizaciones forzadas), el estigma y la discriminación, conjuntamente con la violencia de género, implica el reconocimiento para aplicar políticas públicas en temas de salud y en la atención de violencia en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se deben tener lineamientos para atender la violencia contra las mujeres con VIH”, expresó Marina Soto, referente nacional ICW- Perú.

Soto Calderón, sostuvo que una de las medidas que adoptará ICW – Perú para evitar ligaduras forzadas es iniciar procesos judiciales y penales contra el personal de salud que limite los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con el VIH.

“Es momento de frenar esta situación y de crear jurisprudencia que permita identificar la situación de violencia que vivimos y educar para prevenir futuras esterilizaciones”, señaló la activista peruana.

Norma con capítulo para mujeres

Al respecto, Patricia Segura Márquez, Directora Ejecutiva de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis del Ministerio de Salud, indicó que se está actualizando la Norma de Atención Integral del VIH donde se ha incorporado un “capítulo para mujeres”.

Arely Cano, Secretaria Regional de ICW y Alberto Stella, Oficial de ONUSIDA para la Región Andina, estuvieron presentes en la reunión.

Detalló que en un par de meses podría estar aprobada la norma donde se podrá tener lineamientos de atención integral para las mujeres.

“Después de la norma, hay que difundirla, entenderla, brindar asistencia técnica para su implementación y supervisar que se cumpla la atención integral para las mujeres”, refirió Segura Márquez.

Financiamiento

Una de las grandes dificultades que existen para disminuir la violencia contra las mujeres con VIH y el maltrato en los establecimientos de salud, además del incumplimiento de las normas, sigue siendo el aspecto financiero.  Conseguir recursos para aplicar proyectos que empoderen a las mujeres sobre sus derechos y proveer métodos variados de prevención y planificación familiar como el condón femenino, es difícil en el Perú.

Para Alberto Stella, Oficial de ONUSIDA para la Región Andina, se hace necesario reinventar la articulación de la sociedad civil para cubrir las necesidades dentro de un paquete integral de necesidades para las mujeres con VIH en el Perú. “La respuesta a la epidemia del VIH y la mujer es una oportunidad para mover las agendas sobre derechos humanos”, exclamó durante su presentación en una reunión de trabajo.

Arely Cano, Secretaria Regional de ICW, estuvo presente en la reunión e indicó que el financiamiento para la prevención del VIH en mujeres es muy reducido frente a los presupuestos para trabajo a población gay o trans.

Cano recordó que en el Perú por cada 3 hombres con VIH hay una mujer diagnosticada y aún se mantiene un 2% de transmisión de VIH madre a hijo, por lo tanto los gobiernos deben atender las demandas de las mujeres con VIH.

El grupo de mujeres que viven con VIH tendrán en el mes de noviembre una audiencia pública en el Congreso de la República para dar a conocer esta situación y continuar con la ansiada meta de alcanzar una norma que proteja los derechos sexuales y derechos reproductivos en esta comunidad, que sea un escudo en contra de las esterilizaciones forzadas.

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