La Primera Dama de Panamá y presidenta de la Comisión Nacional para Control y Prevención del VIH (CONAVIH), Lorena Castillo de Varela, acompañada del Ministro de Salud, Miguel Mayo, y César Núñez de ONUSIDA presentó el miércoles 23 de agosto a la Asamblea de Diputados en Panamá, el anteproyecto de Ley N°025-17 con modificaciones a varios artículos de la norma vigente, la Ley General de ITS/VIH/Sida que data del año 2000.

Luego de mucha discusión, se eliminó toda obligatoriedad de la prueba a gestantes o personas que desearan casarse.

Luego de más de nueves (9) meses de amplias discusiones en las que estuvieron involucrados muchos sectores del gobierno y de la sociedad civil, culminó este proceso que recibió serias críticas a nivel nacional e internacional por la inclusión inicial de algunos artículos que vulnerarían severamente los derechos humanos y que fueron revisados, modificados o eliminados. La actual Ley tiene un enfoque de derechos humanos, está alineada con el Plan Estratégico Multisectorial y acorde con las metas 90-90-90.

Es la primera vez que la sociedad civil panameña se une en un frente común y participa de una amplia discusión con sectores del gobierno para respetar y defender los derechos humanos de las personas afectadas directa e indirectamente por el VIH.

Se modificaron artículos problemáticos

En los borradores iniciales de la Ley, algunos artículos pretendían la obligatoriedad de la prueba para mujeres gestantes y para personas que desearan contraer matrimonio y otros criminalizaban la transmisión del VIH, lo que causó división entre las mismas organizaciones de sociedad civil. En el tema particular de las pruebas, la Fundación Probidsida, durante una de las últimas reuniones de discusión del proyecto de Ley, se distanció de la “sociedad civil unificada” y señaló que su presencia en dicha reunión era únicamente para defender el artículo que “hacía obligatoria la prueba de VIH para mujeres embarazadas”. A pesar de esta fuerte posición, el artículo fue modificado para que las pruebas no fueran obligatorias para nadie y, en su lugar, se estipulara que el personal de salud tiene el deber de ofertarla tanto a mujeres embarazadas como a cualquier persona que considere ha estado expuesta al virus.

Las organizaciones deberán defender el enfoque de derechos humanos en los debates de la Asamblea de diputados.

El tema de la migración también fue ampliamente discutido debido a que algunos sectores del gobierno pretendían que la atención y el acceso a medicamentos solo fuese para nacionales y residentes; sin embargo, la sociedad civil luchó para que este enfoque se cambiara y que el Estado panameño garantice la atención y el acceso a medicamentos para nacionales, residentes y extranjeros que se encuentren en el país.

El acceso de la prueba a menores de edad también fue otro de los artículos que causo mucha tensión durante las reuniones. Según algunas posiciones, esta solo debía realizarse siempre y cuando el o la menor esté acompañado de sus padres, su tutor legal o un adulto que se haga responsable del diagnóstico. Algunos sectores, por el contrario, defendieron la competencia de los adolescentes y jóvenes para manejar su diagnóstico y en tanto, defendieron el acceso oportuno a las pruebas de diagnóstico. El grupo de trabajo decidió no explicitar ninguna limitación o condición para el diagnóstico de menores de edad.

Ahora que el anteproyecto de Ley fue entregado a la Asamblea, se espera que se programe el primer debate en el que podrán participar todos los sectores interesados, para luego pasar al segundo y tercer debate en el pleno de la Asamblea.

Aunque se prevé que los debates evidencien posturas conservadoras, gran parte de la sociedad civil panameña está preparada para defender el enfoque de derechos humanos de esta ley. Panamá necesita una nueva Ley de Abordaje Integral de las ITS y el VIH que responda a los desafíos de la epidemia y se actualice a la evidencia y avances de las últimas dos décadas.

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