Este año es la primera vez que se logra socializar en español el Estudio de Protección Social a personas que viven y conviven con VIH donde participaron 4 países: Indonesia, Ruanda, Ucrania, y Guatemala, escogidos por los índices de mayor vulnerabilidad ante el VIH en el mundo.

El estudio -realizado en 2014- tuvo como objetivo general “Evaluar con enfoque de género, el acceso y el efecto de las políticas y programas de protección social en Guatemala, de las personas que viven y conviven con VIH y su relación con el ámbito laboral.” Este estudio habla de cuál es la realidad en el país ante la protección social que se brinda a las personas con VIH.

Para el análisis, se contó con datos cuantitativos y cualitativos de una muestra de 380 personas en total, entre hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trabajadoras sexuales, lesbianas, mujeres trans, mujeres y hombres autopercibidos como heterosexuales.

Este estudio puso en evidencia el círculo vicioso de pobreza, salud y desempleo en personas con VIH, que se agudiza en el caso de las mujeres y mujeres trans, ya que se relaciona a la falta de oportunidades laborales debido al estigma y discriminación asociada al VIH que hay en el país.

Protección social a personas con VIH

Cuando hablamos de protección social, abarcamos las políticas y programas individuales y colectivos que tienen por objeto proteger o aliviar la situación de las personas de manera que se mejoren los ingresos monetarios y las capacidades para gestionar un mejor ambiente de desarrollo.

El estudio cuenta con cinco pilares:

En primer lugar, se estudió la Asistencia social: Transferencia de efectivo, pensiones subsidios infantiles, ayuda alimentaria obras públicas, trasferencia de activos y subvenciones.

En este tema recordemos que más del 90% de la población que vive con VIH, vive en pobreza y el 41% de la población vive en pobreza extrema, aquí recalquemos que las personas no tienen acceso a la ayuda que brinda el Estado por su condición serológica, sino que es porque son parte de los índices de la población que vive en pobreza en el país. En ese contexto, únicamente el 6.6% de la población con VIH tiene acceso a programas sociales.

Sobre la Seguridad Social, que incluyen acceso a servicios o pensiones de vejez, de supervivencia, seguro médico, seguro de desastres, la pensión de invalidez y seguro de desempleo; se tiene que, actualmente, 3996 personas con VIH tienen acceso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), aproximadamente el 11% de la población que vive con VIH en el país. De este grupo solo el 1.1% acceden a pensiones asociadas al VIH.

Respecto a los Servicios sociales, que incluyen servicios de bienestar social para huérfanos y huérfanas y la niñez vulnerable, el cuidado basado en el hogar y apoyo a las familias con enfermedades crónicas, los refugios para mujeres y servicios de rehabilitación; tenemos que Guatemala cuenta con 165 hogares infantiles; sin embargo, solo el Hospicio  San José se dedica a la atención de niños con VIH cuya asignación presupuestal otorgada oficialmente en 2013, fue reducida en un millón de quetzales (alrededor de 137 mil dólares), por lo cual no ha sido posible ampliar el apoyo a más personas.

Por otro lado, el país no cuenta con hogares de refugio para mujeres con VIH ni asilos para adultos mayores con VIH.

Finalmente, en cuanto a Políticas, legislación y reglamentación, pilar que recoge información sobre la igualdad de derechos y legislación sobre asistencia social, el estudio señala que el país cuenta con leyes, decretos y políticas públicas que norman sobre la igualdad, la equidad, la protección de los derechos de las personas que viven con VIH; sin embargo, no se contempla la cobertura a los hijos e hijas ni el acceso a las pruebas y a la atención sanitaria a menores de edad sin autorización de los padres.

Acceso a servicios de salud

El acceso de las personas con VIH a servicios de salud tiene relación con el trabajo. Las personas empleadas son atendidas en el IGSS y es el 10.9% mientras que las personas en la economía informal o sin empleo son atendidas en las 16 Unidades de Atención Integral (UAI) del Ministerio de Salud, el Hospicio San José (niños y niñas), la Sanidad Militar y algunas otras organizaciones que apoyan en la prestación de servicios para el acceso al tratamiento antirretroviral y a exámenes de carga viral y CD4.

El estudio, disponible en este vínculo, brinda mayor detalle sobre el acceso a las pruebas de seguimiento y medicamentos para infecciones oportunistas.

Brechas que persisten

La presentación del estudio en diferentes departamentos del país, como Huehuetenango, Petén, Retahuleu, Ciudad de Guatemala y Cobán; permitió recoger información anecdótica sobre otros aspectos vinculados a la epidemia.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención en Petén, fue que las personas manifestaron que algunos centros educativos exigían una prueba de VIH como parte del proceso de admisión. La población comentó que habían hecho denuncias en varios lugares y que si bien algunos centros lo dejaron de hacer, otros continúan con esta práctica que vulnera gravemente el derecho a la educación.

En Cobán, donde una gran proporción de la población es indígena, se cuenta con una nueva UAI, que inició con 14 usuarios en el año 2015 y que en el 2017 cuenta con 245 personas en seguimiento. A pesar de este importante crecimiento, muchas personas no logran acceder por una barrera idiomática.

En la capital, algunos representantes de sociedad civil manifestaron que la atención en las UAI no es integral, no se les da un trato respetuoso de la identidad de género y, en el caso de las mujeres, se les violenta el derecho a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Este estudio es una herramienta importante que servirá para influir en el desarrollo y evaluación de políticas públicas.

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