Luego de casi tres años de trabajo colectivo entre instancias de gobierno, agencias de cooperación, organizaciones de sociedad civil y personas afectadas, se había logrado construir una Ley de VIH, hepatitis e ITS que fue presentada en la Cámara de Diputados y logró en junio un pre-dictamen por la comisión de Acción Social y Salud Pública. Hoy, algunos meses después, todo vuelve a foja cero ya que la Ley no fue discutida en las sesiones ordinarias de 2017 del Congreso de la Nación.

La falta de voluntad política detuvo el proyecto, a pesar de las presiones desde las organizaciones de la sociedad civil, sus petitorios y manifestaciones.

En el comunicado que lanzó la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP) se leen algunas de las implicaciones positivas que traía la ley: En Argentina hay aproximadamente 120.000 personas con VIH, el 30% de las cuales desconoce su diagnóstico. La ley de VIH/SIDA vigente N°23.798 data de 1990 y es vital que sea actualizada con un enfoque integral y perspectiva de Derechos Humanos. El proyecto presentado (N° E6139-D-16) incorpora una mirada social en prevención y tratamientos; contempla a los niños, niñas y adolescentes nacidos con VIH; prevé sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo; y garantiza la conformación de un Observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y a su entorno; entre otros avances. Además, incluye en el marco legal a otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que se registran en aumento y a las hepatitis virales. El caso de la Hepatitis C es de gravedad: se estima que 400.000 personas la padecen y muchas de ellas se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad pero no acceden a sus tratamientos.”

Según resaltó Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP, el proyecto de Ley dotaba de un marco jurídico a la respuesta a las hepatitis virales y a las ITS, además de consolidar la prevención y el tratamiento para el VIH.

La falta de voluntad política detuvo el proyecto y, a pesar de las presiones desde las organizaciones de la sociedad civil, sus petitorios y manifestaciones, ni la Comisión de Legislación General ni la Comisión de Presupuesto y Hacienda ni tampoco el Senado, la puso en discusión.

Si bien los argumentos (o excusas) contra la Ley se centraron en aspectos técnicos, Lorena Di Giano dijo a Corresponsales Clave que se trató más bien de un conflicto entre fuerzas políticas partidarias, ya que el proyecto fue presentado formalmente por un diputado que no pertenece al partido de gobierno. “Es una vergüenza que no se le dé importancia a un reclamo de una población por un cuestión de partidos políticos”, manifestó Di Giano con mucha indignación.

En el evento principal, por la conmemoración del Día Mundial del SIDA, diversas organizaciones nacionales agrupadas en el frente nacional que impulsó el proyecto de ley, centraron sus denuncias en la perdida de estado parlamentario. Matías Muñoz de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescente Positivos alertó que se continuarían las gestiones para que se discuta en las sesiones extraordinarias y denunciará a los legisladores responsable de este inexplicable aplazo.  Otros activistas que también los participaron en las actividades sugirieron que los reparos en debatir la ley en recinto y aprobarla podrían tener que ver con un artículo donde se garantiza que un 1% del presupuesto nacional del programa fuera dirigido a las organizaciones de la Sociedad.

El proyecto era muy esperado por las organizaciones de sociedad civil e instancias de gobierno, pero sobre todo por las personas afectadas por el las ITS, el VIH y, sobre todo, aquellas afectadas por la hepatitis, que esperan acceder a tratamientos que curan la infección. Hubo un fuerte consenso en varias comisiones y este parte es vivido como el resultado de una manipulación de los legisladores.

Por ahora, Argentina se queda con la Ley de VIH aprobada en 1990 y que, aunque en su época puso al país en la vanguardia de la respuesta al VIH, hoy la está obsoleta. Si no se trata en el periodo de sesiones extraordinarias no podrá discutirse por meses, debido al reseso de verano. Este revés obligará a las organizaciones y activistas que impulsaron la Ley a rearmarse nuevamente para presentarla en el 2018, esta vez con una base más diversa de diputados. Sin embargo, no debemos menospreciar que esta iniciativa legislativa unión un amplio sector de la sociedad civil argentina por una causa común y esto per se es un hecho muy positivo, como saldo, cuando se apruebe la ley.

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