El pasado martes 23 de enero, el Procurador General de la Nación dio a conocer durante una rueda de prensa que, en Córdoba, departamento norteño de Colombia, existía un “cártel” de atención a personas con VIH que no existían, el cual involucra un gasto público de 50.000 millones de pesos colombianos -unos 16 millones de dólares-, que se robaron en un departamento de 30 municipios y casi 2 millones de habitantes, información que se puede conocer en un video que se transmitió en vivo y que permanece publicado en el Facebook de la Procuraduría General de la Nación.

La corrupción llegó a la prestación de servicios en VIH. Ilustración: Esteban París.

Una lista que contenía 800 registros falsos o de personas muertas,  permitía a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) cobrar tratamientos de alto costo que alcanzaban los 600 mil pesos colombianos por mes, alrededor de 200 dólares americanos cada uno. “En algunos casos, las EPS pagaban a la caja y el departamento le pagaba a la caja, y ese era el sistema para desangrar los recursos en el caso de las personas con VIH”, afirmó el Procurador General Fernando Carrillo.

Carrillo dijo además que, al parecer esto se dio durante la gobernación de Edwin Besaile, que se encuentra suspendido de su cargo por el llamado Cártel de la hemofilia, que involucró el pago de 1.500 millones de pesos, aproximadamente 500 mil dólares, para atender a 14 falsos pacientes. La familia de este ex funcionario también se ha visto inmiscuida en otras situaciones sospechosas: el hermano de Edwin, Musa Besaile, perdió la curul en el Senado por casos de corrupción en el mismo departamento y por sobornos a magistrados de la Corte Suprema.

Miguel Ángel Barriga de la Corporación Red Somos, organización que trabaja en la respuesta al VIH dice que “es más grave esta situación, si se estima que, en el departamento de Córdoba, según el observatorio del Ministerio de la Salud en VIH, hay 4799 personas que viven con VIH y (solo) 2076 lo saben, significa entonces que el 57% no lo sabe, 57% que no ha sido diagnosticado y, sin embargo, la corrupción cobra tratamientos. (…) También es grave que de estas 2076 personas que conocen su diagnóstico, solo 471 están en estado indetectable, o sea que el resto no lo está; o no reciben tratamiento o lo reciben incompleto”.

La corrupción ha afectado proyectos de infraestructura, programas de alimentos y ahora también la provisión de salud.

Barriga condena fuertemente esta situación de corrupción que enriquece a algunas y secuestra presupuesto público que debiera invertirse en el diagnóstico, retención y tratamiento de personas con VH: “Es una situación que no debería darse, el Ministerio debiera hacer algo. La ausencia de un Programa Nacional de VIH dificulta eso. Es importante seguir haciendo acciones de veeduría ciudadana, de control social, pero movilizando el cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano en relación al diagnóstico, a la atención integral y al tratamiento para que el recurso que existe para la respuesta al VIH no se vaya a prácticas corruptas”.

Las personas que viven con VIH conforman apenas uno de los casos afectados por los altos niveles de corrupción que se están dando en Colombia, corrupción que está afectando la salud pública, la educación y otras áreas. Por mencionar algunos de los casos recientes: la caída de un puente de 75 millones de dólares entregado por el Vicepresidente, que ahorraba tiempo de viaje a Villavicencio, ahora nadie asume la responsabilidad de la obra; el Programa de Alimentación Escolar se vio afectado luego que se descubrieran precios inflados en la comida por funcionarios del programa con el fin de quedarse con el dinero, situación que afectó la alimentación de miles de niños en el país.

Además de que las personas que viven con VIH no solo tienen que preocuparse de las iniciativas que hacen énfasis en posiciones religiosas y prejuiciosas -como el caso de la ley de VIH en Panamá-, por los casos de desabastecimiento que se están viviendo en varios países de la región, por la falta de iniciativa de los gobiernos para hacerse responsables de la respuesta a la epidemia y las trabas en la Ley de VIH en Argentina, ahora también deberán fiscalizar el trabajo que se realiza a nivel local para que no se roben el dinero ni jueguen con la vida de las personas. ¡Esto es impresentable!

La Procuraduría se ha comprometido a iniciar las investigaciones sobre el mal llamado Cártel del sida inmediatamente y esperamos que se dé con los responsables lo más pronto posible y que la justicia colombiana se haga presente en este caso y sean juzgados, no solo por corrupción, sino también por el perjuicio a la salud pública del país.

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