En los últimos años, desde Corresponsales Clave, hemos reflejado los diferentes desafíos que enfrentan las y los venezolanos en general, y en particular aquellos que viven con VIH. También, hemos puesto la lente en el fenómeno de la migración, que con la agudización de la diáspora en toda la región, plantea graves desafíos a los derechos humanos de los venezolanos migrantes. Nada nuevo quizás, solo que ahora se ha vuelto más visible.

En este caso en particular, una mujer de nacionalidad venezolana que trabajaba en la atención de clientes en el salón (Salonera) de un establecimiento de trabajo sexual, fue notificada de su condición de VIH positiva y detenida para iniciar el trámite de expulsión de Panamá. La alerta fue dada por la Organización de trabajadoras sexuales, Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP) y la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, RedTraSex.

Para proteger la identidad de la persona afectada, la denominaremos con un nombre ficticio: Carmen (1), y mantendremos en el anonimato también al equipo legal que la asiste. Por diversas fuentes confiables, el equipo de Corresponsales Clave ha podido averiguar la información sobre el caso, que pasamos a detallar:

Todas las trabajadoras sexuales, saloneras y otras mujeres trabajadoras en establecimientos de entretenimiento deben realizarse pruebas clínicas todas las semana, y cada tres meses, pruebas de sangre como parte del Programa de Higiene Social de Ministerio de Salud Panameño. Este no es un requisito que se exija los hombres trabajadores sexuales y auxiliares en los establecimientos.

Personas con VIH en Panamá tratadas como amenaza a la seguridad pública

A principios de año,  a Carmen le realizaron, sin su consentimiento, una prueba de VIH en el Centro de Salud Emiliano Ponce, con un resultado positivo. Inmediatamente el Médico y el Director Médico del establecimiento sanitario denunciaron a Carmen e hicieron pública su serología al Servicio Nacional de Migraciones. Una práctica que estaría sucediendo, con particular énfasis en migrantes venezolanos.

El Servicio Nacional de Migraciones la multó y la detuvo en el Albergue de Migración e inició el proceso de deportación y expulsión definitiva, haciendo uso del numeral 2 del artículo 71 de la Ley Panameña de Migración que dice: “El Servicio Nacional de Migración podrá expulsar al extranjero que: 2.- Sea una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad o el orden público”. En otras palabras, migraciones ha dicho taxativamente que su expulsión es el resultado de su diagnóstico de VIH positivo. Carmen cuenta con un tramite de refugio iniciado desde su llegada al país, pero esto intenta ser ignorado por la autoridad migratoria.

Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex comentó: “Esta es una flagrante violación de los derechos humanos de una mujer migrante que ejercía su trabajo como salonera en un establecimiento de trabajo sexual. Si es o no una mujer trabajadora sexual es un dato anecdótico, porque la están violentando, discriminando y expulsando por ser parte del trabajo sexual. A la hora de discriminar no importa solo lo que es, sino lo que representa. Sabemos que el testeo ha sido siempre obligatorio para las compañeras en Panamá, incluyendo saloneras, y aquellas que resultan positivas, son dejadas sin trabajo y en algunos Estados han sido privadas de la libertad. La deportación sistemática de trabajadoras sexuales en todo el territorio tampoco es nuevo, hace una década eran las compañeras de República Dominicana, hoy las que llegan de Venezuela. ¿Qué hará el Gobierno y las Agencias para proteger a esta persona?

Antecedentes sobre las restricciones

De acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud del 2007, sobre Derechos Humanos y VIH en Panamá, tanto la Ley de VIH vigente como su Reglamento establecen la obligatoriedad de la prueba del VIH regular y obligatoria para las trabajadoras sexuales. No obstante, algunas regulaciones municipales han ido incluso más allá y establecieron la obligatoriedad para todas las mujeres que trabajen en determinados establecimientos, como cantinas, burdeles, centros nocturnos, boîtes, hoteles o pensiones.

Según la misma fuente, la resolución 1731 del Ministerio de Salud, ordenaba “a las autoridades fronterizas a impedir la entrada al país a mujeres que hayan sido contratadas para trabajar en los establecimientos antes mencionados y que no presenten a la entrada al país un resultado negativo de la prueba del VIH”.

De acuerdo con  el mismo informe, hace mñas de una década, la Corte Suprema Panameña declaró legal la detención con fines de extradición de una mujer extranjera, trabajadora sexual, con contrato en vigor, que había sido diagnosticada VIH positivo. Como en el caso actual, entonces el Director del Centro de Salud donde se atendía esta mujer había advertido a la Dirección de Migración sobre esta circunstancia, tras lo que se la detuvo para proceder a su extradición.

Criminalización del VIH

En estos días, por el caso de Carmen, la organización Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá gestionó el apoyo legal para la presentación de un recurso de amparo y se evalúa una denuncia a la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo de Panamá ha solicitado una visa humanitaria y luego de unos meses la persona detenida ha podido acceder a un servicio de atención amigable. Sabemos que el caso es del conocimiento del Ministerio de Salud, del ACNUR y de ONUSIDA, pero desconocemos los resultados de gestiones concretas tendientes a interceder por la integridad y seguridad de la persona.

El  Editor de Corresponsales Clave, Javier Hourcade Bellocq sostuvo: “Este es un claro caso de restricción migratoria, testeo compulsivo, criminalización, abuso de poder y persecución contra una mujer con VIH. Hace años que Panamá está listado como un país con restricciones migratorias por VIH y, además, con un marco represivo con el trabajo sexual. Este es un caso puntual que conocemos como resultado de una denuncia de una organización de mujeres trabajadoras sexuales, ¿Cuántas personas con VIH han sido expulsadas de Panamá y, en particular, y más recientemente, cuántos venezolanos y venezolanas son deportados? ¿Cómo es posible que el gobierno panameño desde hace diez años considere a las personas con VIH una “amenaza a la seguridad colectiva, la salubridad o al orden público”?, que ocasiona este ensañamiento con una refugiada”.

Y precisó: “Desde el movimiento de PVVS hemos trabajado por décadas junto a ONUSIDA y OMS, en el nivel global, para incidir por el levantamiento de todo tipo de restricción para ingreso, residencia temporarias y permanentes de las personas VIH positivas. Estas medidas migratorias, además de ser una grave violación a los Derechos Humanos, solo agravan la situación sanitaria del VIH. Hacemos un llamado a las autoridades panameñas para que intervengan y detengan esta locura, como también investiguen, si éste es un caso puntual o parte de un mecanismo sistemático de segregación. Esperemos que el Sistema de Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos y Migraciones, realicen acciones con diligencia frente a esta grave violación a una larga lista de acuerdos y convenciones suscritos por Panamá. Venezuela y su gente, dentro y fuera de su país, es un tema que nos desvela al movimiento de personas con VIH, y una cosa es segura, estaremos dando un monitoreo directo a esta situación”.

Ahora, toda la información de los hechos que afectan directamente a Carmen, están sobre la mesa. Corresponsales Clave continuará atento a la evolución del caso en particular e investigaremos si existen otras situaciones similares, si es un proceder sistemático contra la migración de Venezuela. Como siempre, ofrecemos éste espacio a las actores y autoridades de Panamá para que nos puedan compartir , más información y su postura respecto a estos hechos. Esperamos que el criterio sanitario, el sentido humanitario y el respeto a los derechos humanos prevalezcan en este y todos los casos.

Denuncias: Si conoces algún otro caso escríbenos a corresponsalesclave@gmail.com

(1) Previo la publicación del presente artículo se han tomado todas las medidas y protocolos para proteger a la persona afectada, por medio de garantizar la confidencialidad, lograr el consentimiento informado, el asesoramiento legal y en respuesta a un pedido de la organización nacional de mujeres trabajadoras sexuales.

Fuentes:

Ley de Migración de Panamá https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25986/9070.pdf

Derechos Humanos y VIH, Legislación, política y práctica en cinco países de Centroamérica, OPS/OMS 2007. Disponible en este vínculo.

Declaración de Oslo sobre la criminalización de las Personas que viven con VIH – http://www.hivjustice.net/wp-content/uploads/2012/03/declaracion_de_oslo_spanish.pdf

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.