Como hemos informado extensamente, los parlamentarios panameños aprobaron una nueva ley de Sida, desarrollada con un muy pobre marco conceptual y técnico, con definiciones originadas en Wikipedia, una serie de abordajes moralista e ineficientes para prevenir la transmisión del VIH (como abstinencia, fidelidad y demora en el inicio de las relaciones sexuales) y, por último, algunas medidas para fomentar el diagnóstico del VIH, violando los derechos humanos de los ciudadanos.

El despacho de la Primera dama emitió un comunicado en el que critica la ley.

En este contexto, ONUSIDA acaba de publicar un comunicado de prensa centrado en el último aspecto que hemos mencionado arriba.  El comunicado dice: “La nueva norma incluye dos excepciones al principio de voluntariedad y consentimiento informado de la prueba del VIH, a saber: en el numeral 3 del artículo 7 y el artículo 8. El Sistema de Naciones Unidas en Panamá reitera lo ya expuesto en la opinión técnica presentada al Ministerio de Salud, el 24 de enero de este año, donde señala que la prueba de VIH debe siempre respetar la decisión personal y adherirse a los principios éticos y de derechos humanos.”

El comunicado también señala que: “Es deber de los Estados proteger el derecho a la intimidad o vida privada, establecido en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que incluye la obligación de garantizar que se apliquen medidas para que no se realicen pruebas del VIH sin el previo consentimiento informado y la participación libre y voluntaria de las personas. Por esta razón, el Sistema de las Naciones Unidas en Panamá exhorta a que se pongan en marcha los mecanismos existentes para que los artículos antes señalados sean revisados por la Asamblea Nacional, tomando en cuenta las consideraciones antes expuestas y las opiniones de la alianza de la Sociedad Civil Unificada en VIH, la cual aglutina a 12 organizaciones nacionales que trabajan en la respuesta al VIH en la República de Panamá.”

Queda entonces claro que el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el Sida hace un llamado a la revisión de este articulado antes de la sanción definitiva de la ley.

El golpe de timón de la Primera Dama

A la fecha, la Primera dama de Panamá, la señora Castillo de Varela, quién además es la Embajadora de ONUSIDA en la región, ha reconsiderado su postura en relación a los artículos que potencialmente podrían violar los derechos humanos.

“Lo aprobado no fue lo acordado por los integrantes de la CONAVIH, grupos claves y organizaciones de la sociedad civil, ni fue lo que se presentó ante la Asamblea Nacional. El documento sufrió modificaciones dentro de la Asamblea Nacional sin el consenso de la mayoría de los involucrados en el tema, que por más de tres años trabajaron en una iniciativa que permitiría al país seguir avanzando en su compromiso de garantizar los derechos de las personas que viven con VIH, razón por la que no respaldo estos cambios ni como presidenta de la CONAVIH ni como Embajadora Especial de ONUSIDA para América Latina y Portavoz Global del movimiento Cero Discriminación”, expresó Castillo de Varela,  a través de un comunicado oficial.

Ante este cambio en la postura de la Primera Dama sobre los artículos objetados, teniendo en cuenta que fue una ferviente impulsora de la ley,  asumimos que esta será revisada antes de su sanción o veto presidencial.

Afortunadamente, prevalecieron los acuerdos internacionales suscritos por el país, el sentido común y las demandas de la sociedad civil. Es lamentable que se haya llegado a esta instancia sin escuchar oportunamente los reclamos de la sociedad civil organizada y los socios técnicos del Sistema de Naciones Unidas.

Un gesto parcial

Desde el equipo de Corresponsales Clave y las redes regionales con trabajo en VIH, debemos reconocer como positivo este gesto, aunque tardío. Para quienes hemos seguido este proceso legislativo, sabemos que el tema en cuestión formaba parte del proyecto enviado por la Comisión Nacional y que no se puede responsabilizar a los legisladores que poco modificaron del proyecto de ley , en razón de 1) su ignorancia sobre el tema y 2) porque el proyecto contaba con la “bendición” del ejecutivo nacional, en particular, del despacho de la Primera Dama.

Lamentablemente, los problemas en la ley son muchos más que los incluidos en los artículos mencionados. Como hemos dicho, de aplicarse, su implementación será seguramente una de las causas principales de lograr, en el futuro, un número mayor de nuevos diagnósticos de VIH. Conceptos arcaicos y de dogmatismo religioso solo promueven y alimentan la epidemia. Tenemos evidencias que la promoción de la Abstinencia y la fidelidad, impulsadas en su momento por Estados Unidos, facilitaron la circulación del virus. Probablemente, Panamá no sea la diferencia, como el resto de la región, donde se hacen grandes esfuerzos para implementar intervenciones de prevención combinada, mientras resurge una serie de barreras estructurales alimentadas por los fundamentalismos religiosos.

Este proyecto de ley de pobre calidad necesitó de dos años de debate; por eso, su resultado no es responsabilidad exclusiva del gobierno, sino de todos los actores de la respuesta nacional. Estos procesos y retrocesos son solo posibles en un terreno fértil para ello. Con el avance insidioso de los fundamentalismos religiosos, la ley de Panamá es la punta de un iceberg en la región.

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.