El pasado mes de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS), dio a conocer el informe que contiene las modificaciones propuestas para el texto de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), que será presentado para su aprobación por parte de los Estados Miembros en 2019, y que regirá a partir de 2022. En este se elimina de la lista de patologías psiquiátricas a la transexualidad y se la reubica en un marco de salud sexual. Desde Argentina, nación que cuenta con una legislación despatologizadora, la comunidad trans se interroga sobre los alcances positivos y negativos, que tendrá esta modificación en la región y el país.

En el año 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), modificó su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), quitando de su listado 55 mil padecimientos, entre ellos a la homosexualidad; 28 años después, la comunidad mundial de personas travestis, transgéneros y transexuales, esperan ser oficialmente “despatologizadas”. La fecha prevista para tal acontecimiento es mayo de 2019, cuando se presentarán las propuestas de modificación para la elaboración del CIE-11. Entre las propuestas está la de quitar a la “incongruencia de género” del marco de trastornos psiquiátricos y de posicionarla en un nuevo epígrafe titulado “condiciones relativas a la salud sexual”. Esto tiene como objetivo despatologizar la transexualidad, según la propia organización, pero presentaría algunas ambigüedades en su interpretación, según distintas miradas activistas.

Cristina Hendrickse es abogada y trabaja en la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. Foto: Lina Etchesuri, para lavaca.org.

La OMS es un punto de referencia para los sistemas sanitarios públicos y privados de todos los países del mundo. Sus informes, estadísticas y datos sirven para elaborar políticas públicas y estrategias sanitarias. Sin embargo, ante contextos sociopolíticos, económicos, culturales y religiosos diversos, dicha información puede clasificar y etiquetar y etiquetar en parámetros estrictamente patológicos, conjuntos de prácticas sociales no binarias, lo que conlleva una estigmatización que perjudica a las poblaciones y su desarrollo humano.

Esta realidad puso en elaboración discursos y prácticas sociales que devinieron en un activismo y una militancia activa que obtuvieron avances jurídicos y legislativos favorables para las personas trans, como es el caso de Argentina, con la sanción de la Ley de Salud Mental y la Ley de Identidad de Género. Hay otros países que han seguido esa línea en Latinoamérica, pero la legislación argentina tiene sus particularidades. Por ello entrevistamos a referentes trans que se desempeñan en diferentes espacios civiles e institucionales, para conocer su opinión y expectativas al respecto.

Cristina Hendrickse (54) es abogada, trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y es una mujer trans, ella considera que “esta reforma al CIE-11 no afectará la legislación Argentina, ya que este país cuenta con dos leyes despatologizantes para la orientación sexual y la identidad de género”. Destaca lo novedoso y revolucionario de la legislación por “considerar la identidad de género como un derecho humano y la implementación del término ‘autopercepción del género’ como concepto despatologizante”. Cristina también considera que “en otros países, lamentablemente, las personas trans deben ampararse en la patologización para acceder a los sistemas de salud”, y afirma que “estas modificaciones plantean nuevos desafíos”.

“En Argentina, aún con la sanción de la Ley de identidad de género y la reglamentación del artículo 11 que incluye en el Plan Médico Obligatorio (PMO) el 100% de tratamientos y cirugías, nos encontramos con la renuencia de los sistemas médicos de obras sociales y prepagas, estatales y privadas, que niegan la cubertura a las personas trans”, nos explica.

Desde su trabajo institucional en defensa de los derechos ciudadanos, Hendrickse detalla que “se ha planteado una metodología entre instituciones de salud para rechazar los pedidos de cobertura, ya que conocen la falta de acceso a la justicia del colectivo trans y ven imposible el hecho de masivas demandas al sistema para obtener las prestaciones”, de esta manera se libran de costear los costos de los procesos de construcción identitaria de la mayoría de las personas trans y solo lo cumplen con las que eleven a instancias judiciales tales negaciones.

“Hay que buscar reformas en la legislación o estrategías jurídicas donde haya multas a las obras sociales para que no se vuelva un negocio rechazar el cumplimiento de una ley, en este caso, que contempla el acceso integral a la salud de las personas trans”, concluye Cristina.

Alan Prieto en un "Taller de Derechos Humanos y diversidad Sexual en institución educativa".

Alan Otto Prieto (32) es un varón trans, militante de Derechos Humanos en la organización Capicúa, y vive en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hace años lucha por una construcción de masculinidades no binarias, con procesos de construcción no patologizados ni estereotipados, considera “un avance el planteo sugerido para el CIE-11”. Aunque coincide en que “la ley argentina ya despatologiza”, sostiene que “estos cambios nos van a ayudar a profundizar las transformaciones de la Ley de identidad de género en la formación profesional”.

“Los procesos Universitarios y de formación médica, ven a la OMS, el DSM y el CIE como especies de biblias, y abordan desde esas perspectivas cada caso cuándo llegan a ejercer profesionalmente”, dice Prieto, y añade: “estas modificaciones podrían cambiar la manera en la que se trabaja y lograr un abordaje integral de la salud trans”.

Desde la experiencia del trabajo que realizan en la provincia de Buenos Aires, él afirma que “efectivizar y garantizar el acceso a la salud es responsabilidad en primera instancia del Estado, que, a través de la reglamentación de las leyes, debe ‘ponerse al hombro’ la responsabilidad de fijar las reglas necesarias para dar respuesta a las necesidades de la comunidad trans”.

Como experiencia a nivel sanitario, Alan nos comenta que “existe una Red de Consultorios Inclusivos provinciales, que dependen del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que comparten la información online de instituciones, tratamientos y profesionales disponibles, como así las historias clínicas de las personas, para que los traslados y mudanzas dentro de la provincia no impliquen el abandono de los procesos, o la perdida de gestiones médicas realizadas”; considera esto fruto del trabajo militante.

Tras los años que lleva recorriendo el país con el activismo, Prieto cree que “las estrategias que se plantean desde las bases son las que convierten a la política pública en un hecho”, y considera que “influir para que el Estado sea el pionero en responsabilidad y ejercicio, es una de las principales decisiones que deben tomar los grupos sociales”.

Ornella Infante, junto a Taty Almeida (Madre de Plaza de Mayo).

Ornella Infante es una mujer trans, asesora de la Cámara de Diputados de la Nación. Es coordinadora del Frente Nacional por Igualdad del Movimiento Evita, una estructura política federal, vive en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, en la Patagonia argentina. Desde su rol de militante y dirigente política sostiene que “ante las modificaciones propuestas para el CIE-11, las estrategias activistas de las organizaciones de diversidad sexual y trans de los diferentes países, deberán ser reformuladas” y remarca que “la despatologización no se consigue solo con una ley de identidad, sino con visibilización y participación ciudadana en los diferentes espacios, para evitar que el estigma de la patologización histórica, interfiera en nuestro desarrollo de manera negativa”.

“La experiencia argentina muestra la necesidad de conformar espacios de lucha multisectoriales para el logro de legislaciones progresistas, sin dejar de reconocer que esos procesos se deben a la aparición de liderazgos marcados y fuertes en la lucha por los derechos de las personas trans, como lo fueron los de Claudia Pía Baudracco, Lohana Berkins o Diana Sacayán en nuestro país”. Sin embargo, Ornella cree que “los logros son obtenidos por la lucha colectiva”.

Con respecto al rol de las comunidades, Infante afirma que “la lucha por los derechos humanos, nos van a enfrentar a los Estados represores, la iglesia conservadora y la sociedad del odio”, pero cree que “debemos buscar la generación de debates sociales que aporten una mirada de igualdad ante un Estado ausente”. Por otra parte, sostiene que “la decisión política es fundamental para la transformación social” y recuerda que en la lucha por la derogación de códigos contravencionales de faltas que encarcelaban a la población trans y regían en todo el territorio nacional, la influencia del activismo logra “el decreto presidencial 1086/2015 de Néstor Carlos Kirchner, que creó el Plan Nacional para erradicar la Discriminación y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), bajo la órbita nacional, para conseguir que dejen de llevarnos presas por nuestra identidad”.

La creación de este organismo hizo que la decisión política de inclusión y no discriminación se efectivizara a través de nuevos mecanismos democráticos. Esto pudo ser obtenido por la madurez del activismo LGBT de aunar luchas con los movimientos de Derechos Humanos y lograr influir en la estructura democrática con consensos colectivos y una amplia representación política”, concluye la dirigente.

Las modificaciones, que entrarán a regir de aprobarse el pliego del CIE-11, empujarán a los Estados, las agencias de financiamiento, las instituciones de derechos humanos, pero con más fuerza aún, al activismo y la militancia LGBTIQ a buscar nuevas estrategias de consenso para fortalecer la representación social y política de la población con menor expectativa de vida del planeta, en vistas a facilitar el acceso a los sistemas de salud. Lo que se logre tras esta primera instancia, dará paso a marcadas dinámicas que tendrán que jugarse en el campo de lo político, y, lamentablemente, electoral, para la posible intervención jurídica, o en su mejor caso legislativa, de un nuevo marco de contención que habilite y garantice el ejercicio de los derechos humanos de la población trans.

A partir de las experiencias como las de Argentina, es necesario señalar  que la efectivización de estos derechos no culmina con la sanción de leyes que nos representan, sino más bien, inicia al amparo de estas. Lo que debe quedar claro, es el planteo a la necesidad de nuevas prácticas democráticas, a través de una constante crítica a la política tradicional, burocratizada y ajena a las realidades civiles.

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