Por Eduardo Juárez.-

Esta reunión regional, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de Perú, tuvo como principal objetivo revisar el Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América Latina y el Caribe y que los gobiernos presentaran sus avances y desafíos nacionales en dicha implementación.

El Consenso de Montevideo fue el resultado de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD), celebrada en aquella ciudad en agosto de 2013. Es el acuerdo intergubernamental más importante firmado en la región en materia de población y desarrollo, un instrumento fundamental para la revisión y seguimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Cairo 1994).

Tercera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.Las voces LGBTI en la Conferencia

Desde Corresponsales Clave pudimos conversar con algunos activistas LGBTI de América Latina y el Caribe que participaron como parte de la sociedad civil.

Roberto Pérez Baeza de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe–ILGALAC (México) nos comentó que “ILGALAC identifica como uno de los retos principales, de cara a la tercera reunión de la CRPD y en general al proceso de la agenda de Población y Desarrollo para la región, la participación de las organizaciones LGBTI y no solo me refiero a temas de financiamiento para que las organizaciones LGBTI participen de estos procesos, sino también a la apuesta de las mismas organizaciones LGBTI para con estos procesos. El Consenso de Montevideo todavía no es una prioridad para nuestras organizaciones y tenemos que reconocer que un reto importante en este proceso es comprender la agenda, lo que implica fortalecer y capacitar a nuestras organizaciones en relación a estos procesos”. También mencionó que “Una de las principales demandas de las organizaciones LGBTI de América Latina y el Caribe que venimos participando de este proceso, es el cumplimiento del Consenso de Montevideo, específicamente las Medidas Prioritarias 34 y 36 que son las que mencionan explícitamente la orientación sexual e identidad de género. Pero también lo vinculado a fortalecer los mecanismos de seguimiento de la implementación del Consenso de Montevideo en nuestros países con presencia de las organizaciones LGBTI en las instancias nacionales”.

Activistas LGTBI discutieron las medidas prioritarias que deben darse para proteger sus derechos.

Las medidas prioritarias a las que hace mención Pérez Baeza se encuentran en la Guía Operacional para la implementación y seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y hacen referencia a “promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva”, (medida prioritaria 36) y a “Desarrollar políticas y programas tendientes a erradicar la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ejercicio de los derechos sexuales y su manifestación”.

El activista mexicano también resaltó que “Es importante mencionar que hay muy poca información reportada sobre datos LGBTI en los informes nacionales. En temas LGBTI la mayor información que recoge el informe regional es en relación al matrimonio igualitario, es como que el único tema reflejado en el informe y esto representa un reto para las organizaciones LGBTI de visibilizar otras necesidades y demandas, pero también de exigirle a nuestros Gobiernos que recaben y reporten más información relacionada a otros derechos sexuales y reproductivos, más allá del matrimonio igualitario”.

Para George Hale del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos-PROMSEX (Perú), “el Consenso de Montevideo es una herramienta clave, que las organizaciones LGBTI de la región debemos incorporar y de mejor manera en nuestras agendas de monitoreo y participación, no solo mirando las medidas prioritarias que nos incluyen explícitamente; si no ampliar nuestro análisis al resto de capítulos con el enfoque de diversidad sexual. Mirarnos desde el envejecimiento, la migración, la desigualdad territorial, la interculturalidad, entre otros aspectos del Consenso, esto nos permitirá tener una perspectiva más inclusiva para su efectiva implementación”.

Mesa inaugural de la Conferencia.

Hale también resaltó que, “si bien somos muchas y muchos defensores de Derechos Humanos LGBTI participando e incidiendo en esta tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, aún es un desafío identificar a la CRPD como un espacio donde incidir. En ese sentido ILGA LAC lo ha identificado como prioritario y esperemos podamos concretar más acciones de seguimiento desde lo nacional en relación a lo LGBTI.”

Por su parte, Jeafrey Lara, miembro de la Plataforma Managua por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Nicaragua), comentó a Corresponsales Clave: “Considero que nuestra participación en esta tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe es muy impórtate, viéndolo desde la perspectiva de posicionar la agenda LGBTI, teniendo en cuenta que en el Consenso de Montevideo nuestras agendas no están muy bien posicionadas, estamos principalmente reflejados en relación al acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva pero sabemos que las comunidades LGBTI demandamos muchos más derechos que los vinculados a la salud (que de por sí ya son importantes). Necesitamos que nos garanticen también derechos sociales, políticos, económicos y culturales y que pasan por demandas como de acceso a la educación, a oportunidades laborales, entre otros”.

Lara resaltó “la importancia de hacer alianzas y articular con otros movimientos, como el movimiento feminista y así interseccionar nuestras agendas para poder hacer frente a los grupos anti-derechos que quieren traer abajo los pocos avances que hemos logrado en la región”. También precisó que “los Derechos Humanos en general vienen siendo vulnerados en Nicaragua ya que el autoritarismo del Gobierno viene reprimiendo toda expresión que se contraponga o interpele la postura del mismo. Y para las comunidades LGBTI la situación es mucho más complicada (…)”.

Según el informe del monitoreo social de los compromisos en derechos sexuales y reproductivos del Consenso de Montevideo – MIRA QUE TE MIRO (2017), elaborado por redes y coaliciones de la sociedad civil de la región, se reporta que de 23 países que presentaron informes nacionales sobre los avances en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo; únicamente cinco países reconocen la Ley de matrimonio igualitario y dos tienen leyes de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Más allá de estos, los Estados de América Latina y el Caribe no contemplan el reconocimiento de otros derechos sexuales y reproductivos de las poblaciones LGBTI.

Para la población LGBTI quedó claro que aún hay mucho camino por andar.

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