Por Juan Carlos Mendoza.-

En años de recambios, se nos viene nuestra “primavera mexicana” no sólo en el tema electoral, sino también en el ámbito del VIH y su normatividad. Desde 2010 no se realizaban cambios a la Norma Oficial Mexicana para la prevención y el control de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (NOM-010-SSA2-2010), sin embargo, en el mes de mayo del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de modificación que contiene propuestas que sin duda son de beneficio para la erradicación de la infección.

A pesar de que conserva la mayor parte del contenido de su antecesora, esta actualización contiene elementos que hacen que la etiquetemos como vanguardista -para no utilizar el adjetivo de progresista-, que en estos últimos tiempos es mal visto.

La norma retoma la ambiciosa propuesta de poner fin a la epidemia de sida para el año 2030, meta signada internacionalmente por nuestro país en 2015. Hasta el momento, esta meta parece ser poco posible de alcanzar, dadas las estadísticas reportadas por el CENSIDA (2017): los nuevos casos no parecen decrecer drásticamente. Sin embargo, como la esperanza muere al último y en 12 años pueden suceder muchas cosas, un buen avance para lograr esa meta son las propuestas contenidas en la norma nueva.

Uno de los grandes obstáculos que enfrentan diariamente, tanto trabajadores comunitarios como personal de salud en la materia, es el realizar abordajes tanto de prevención, detección, atención, etcétera con la población menor de edad, ya que estas actividades podrían generarles procesos legales en su contra. En esta actualización de la NOM se muestra una mayor apertura desde los temas de salud sexual y el control de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Se dicta que esta población debe recibir servicios de promoción de la salud, prevención de ITS, detección del VIH, consejería, atención y tratamiento conforme a las disposiciones aplicables. Es importante mencionar que el siguiente apartado puede ayudar a resolver el gran dilema de hacer o no hacer una prueba de detección a menores de edad “6.4.3.2 En el caso de las niñas, niños y adolescentes, los resultados les serán comunicados por personal debidamente capacitado en materia de derechos humanos, quienes brindarán la orientación necesaria sobre la infección y su tratamiento, de la forma más adecuada de conformidad con su grado de madurez y desarrollo” y sumado a ello, tendríamos que hacer efectiva la vinculación de la NOM 010 con la NOM-039-SSA2-2014 para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual que dice: “La ausencia del responsable legal no justifica la negación de atención, con base en el principio de interés superior del menor y el derecho humano a la salud. La población adolescente es una población vulnerable, por lo que se considera una prioridad evitar la deserción y la falta de adhesión al tratamiento”. Sin duda, el abordaje de las poblaciones de menores de edad será benéfico para la meta del 2030, ya que facilitará el trabajo de la sociedad civil y personal de salud impactando principalmente en incrementar la posibilidad de un diagnóstico oportuno.

La perspectiva de la prevención combinada es transversal en casi todos los apartados de este proyecto. Se reafirma que la combinación de estrategias comportamentales, biomédicas y estructurales, basadas en los derechos humanos, es la forma de mayor impacto para prevenir la infección.

Un punto débil del documento es el poco abordaje que le da a lo estructural y, por el contrario, se enfoca en mayor medida en lo biomédico. Lo rescatable radica en el énfasis en la situación de vulnerabilidad de las poblaciones, los determinantes sociales son una categoría nueva que se incluye en esta norma y hay un refuerzo constante en el llamado a eliminar el estigma y la discriminación de las personas con VIH, pero también de las poblaciones clave para la infección esto podría ser tomado para impulsar acciones en contra de la discriminación por orientación sexual como parte de la prevención del VIH.

El abordaje en prevención

En las acciones preventivas se incluye la obligación de los gobiernos municipales, estatales y federal a proveer no sólo condones femeninos y masculinos, sino también lubricantes, como parte de los insumos preventivos de la infección, el reto en este punto radica en su aseguramiento en el esquema de medicamentos que el sector salud mexicano está obligado a brindar a toda la población.

En cuanto al tema de reducción de daños por uso de drogas inyectadas, se tiene que celebrar la inclusión de esta estrategia de salud pública de manera amplia y explícita. Este nuevo documento propone el desarrollo de intervenciones como los programas de agujas y jeringas, terapia de sustitución de opiáceos y la suma de otras intervenciones tradicionales (consejería, pruebas, etc) tomando en cuenta las características particulares de la población usuaria de este tipo de drogas.

Finalmente, resalta la propuesta de desarrollar intervenciones basadas en el uso de antirretrovirales que incluyan la profilaxis pre y post exposición, lo cual resulta esperanzador al ampliar la gama de alternativas en esta materia, pero también cuestionante en temas administrativos, presupuestales y, posiblemente, podría tener desencuentros con ideologías conservadoras y religiosas de quienes asignan el dinero al rubro de salud.

En el tema de detección, se insiste en la vinculación de las personas con resultados positivos al virus a servicios de atención integral y en el menor tiempo posible. Este punto es de suma importancia ya que algunas organizaciones sólo hacen detección masiva, pero con la ausencia de seguimiento y vinculación, su trabajo no es efectivo. Lo complicado de este punto es el cómo y con qué la sociedad civil, que son las que hacen en mayor medida este trabajo lograrán hacer efectiva esta propuesta, nuevamente el tema presupuestal emerge y no es abordado en este proyecto.

Sin duda, una NOM 010 de vanguardia se avecina. El primer reto al que nos enfrentamos será su pronta publicación; el segundo, que se aplique, lo que conlleva a un tercer reto, la asignación de recursos en las distintas instancias relacionadas con la materia y, finalmente, el cuarto es construir un plan operativo que permita medir sus resultados a corto, mediano y largo plazo. En 12 años, en caso de no existir otra modificación, lo comprobaremos.

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