Los centros de servicios de salud, llamados a acoger a las poblaciones más vulnerables, son espacios donde la comunidad LGBTI vive diversas situaciones de discriminación. Se les niega la atención o se les atiende de manera deficiente. En el ámbito laboral también se vulneran los derechos los hombres gay y mujeres trans; donde estas últimas son objeto de burlas, una dinámica que las arroja al trabajo sexual para poder subsistir.

El Comité Gestor que impulsa la Ley presentó una carta al Poder Ejecutivo para conocer la situación de la misma.

De igual forma, acceder al sistema de justicia representa una odisea para los grupos LGBTI, debido a la homofobia existente. El caso más reciente fue el de Said, un chico gay que con apenas 13 años de edad fue violado y estrangulado en su vivienda; un mes después, el caso ha sido cerrado sin encontrar al responsable.

La situación de las personas con VIH no es distinta, la discriminación está presente en todas las formas y lugares, desde el acceso a salud hasta la realización de pruebas diagnósticas como condición para  ser contratado o para la permanencia en un empleo, una práctica ilegal según la Ley 135- 11 sobre VIH y sida.

Yudelka,  una mujer que fue despedida de su trabajo por dar positivo a la prueba de VIH, contó a Corresponsales Clave: “yo sabía que estaba positiva pero pensé que después de siete años de estar en la empresa no me iban a despedir por eso, aunque no me explicaron la razón de mi despido. Cuatro meses después, salí embarazada y la humillación que pasé durante el parto fue horrible, mi historia fue marcada y después de la cesárea me aislaron porque no podía estar con las demás mujeres, eso marcó mi vida para siempre”.

Ante este panorama, activistas de diversos grupos poblacionales han unido esfuerzos para desarrollar estrategias que permitan articular políticamente y exigir que el “Anteproyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación” sea enviado al Congreso Nacional. La propuesta de Ley fue entregada al Ejecutivo hace dos años y sigue engavetada.

Como primer paso, el lunes 20 de agosto, el grupo envió una misiva al Poder Ejecutivo para pedir información sobre el estatus de la pieza legislativa; los siguientes pasos serán: implementar una campaña nacional informativa, intervenir en medios de comunicación, recolectar firmas, hacer plantones y alianzas con otros actores civiles a fin de que la necesidad de esta Ley sea de conocimiento público.

Karina Crisóstomo, actual coordinadora general del plan de abogacía, hizo un llamado a todo el país a unirse por esta Ley.

Lograr esta ley nos acercaría a las metas 90 90 90 y a la consolidación de gran parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sería una ley inclusiva que no dejará a nadie atrás.

Ingrid Bretón, presidenta de Fundación Paloma, llamó a los dominicanos a unirse a esta lucha: “la sociedad dominicana es la que más discrimina por diferentes motivos, por desigualdad social, económica o de salud; esta ley es para todos y todos debemos salir a defenderla”, expresó.

Los integrantes del “Comité Gestor” que impulsa la Ley han llamado a toda la sociedad civil a unirse a esta campaña de incidencia para que el Estado tome nota de la necesidad de esta ley  y la urgencia de que se constituya en garantista de los derechos de los ciudadanos dominicanos, de manera especial, de aquellos grupos en mayor vulnerabilidad.

Rosalba Karina Crisóstomo, actual coordinadora general del plan de abogacía, hizo el siguiente llamado, “como sociedad civil estamos impulsando este anteproyecto de ley  porque el Estado dominicano debe garantizar que todos tengamos trato igualitario”.

No obstante República Dominicana cuenta con un marco legal que visibiliza a los grupos más vulnerabilizados, según el último mapeo político regional realizado por  HIVOS (2016), cada vez son mayores la violaciones de derechos que viven dichos grupos por no existir normas claras que les permita el pleno reclamo de sus derechos, al tiempo que las leyes son difíciles de interpretar en ese sentido.

El “Anteproyecto de  Ley General de Igualdad y no Discriminación” fue el resultado de un arduo trabajo del Grupo Nacional para Eliminación de toda forma de Estigma y Discriminación (GRUNEED), con apoyo de reconocidos consultores de diferentes ministerios públicos, miembros de la sociedad civil organizada y agencias internacionales, como el PNUD y ONUSIDA, y bajo la coordinación del  Consejo Nacional para el VIH y Sida (CONAVIHSIDA). Cuando fuera presentada hace varios años, la propuesta de Ley fue considerada por el propio presidente de la república como una ley importante y, según sus propias palabras, sería incluida en su Plan de Gobierno 2016 2020.

Se espera que el proyecto de Ley genere algún tipo de controversia debido a las presiones de la iglesia Católica y de otras iglesias evangélicas; pero es importante que el debate se instale y que el Congreso siente posición sobre la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas.

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