El Plan Estratégico Nacional 2017-2021 da sustento a la respuesta guatemalteca al VIH y se basa en cinco ejes estratégicos: aumentar la disponibilidad de programas combinados de prevención; eliminar la transmisión del VIH de madre a hijo; integrar la atención médica y el apoyo social a las personas, sus familias y sus comunidades; promover un entorno legal y social que favorezca los derechos humanos y la igualdad de género y fortalecer el sector de salud pública para la mejora y la sostenibilidad de la respuesta nacional.

Para que esta estrategia se haga realidad es necesario optimizar los recursos, garantizar el abastecimiento de medicamentos y ampliar la cobertura; por ello,  el país emitió recientemente el Acuerdo Gubernativo 104-2018 que busca garantizar la respuesta al VIH y su sostenibilidad, a través del uso de mecanismos que permitan realizar compras internacionales de medicamentos a bajo costo a través de instancias internacionales  y alianzas multipaís,  como COMISCA, OPS/OMS, entre otros.

Desde el inicio de la epidemia, Guatemala ha registrado 38,217 casos de VIH (1984-2017), se desconocen las defunciones u abandonos de tratamiento, pues no se tiene un sistema de vigilancia que recoja dicha información y las estimaciones de ONUSIDA señalaban para el 2016 que alrededor de 46 mil personas vivían con VIH en ese país.  En este contexto, solo 18000 personas reciben tratamiento antirretroviral (ARV).

Dentro de las dificultades que se han presentado para la adquisición de medicamentos ARV y que en algunos casos ha conllevado demandas y amparos de las personas con VIH hacia el Estado de Guatemala, se han identificado (1) la diversidad de esquemas de tratamiento, que hacen más difícil la estimación de necesidades y la transición entre la prestación del Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad social; (2) la protección de los derechos de propiedad intelectual, expresado en patentes o protecciones de datos de prueba que limita la entrada de medicamentos genéricos y (3) la deficiente planificación para garantizar el abastecimiento en las unidades de atención.

El Ministro de Salud, Carlos Enrique Soto Menegazzo, dio a conocer los mecanismos que se han implementado en los dos hospitales nacionales más grandes del país para la compra de medicamentos a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica -COMISCA-, lo que ha permitido un ahorro de más de Q26 millones de quetzales (cuatro millones de dólares).

Soto manifestó: “que busca garantizar el acceso a los medicamentos esenciales y otros productos básicos para la salud pública, encaminados a los objetivos de desarrollo sostenible”.

Con esta medida se busca beneficiar a la población con mayor acceso a medicamentos esenciales, obteniendo calidad a menor precio y con el respaldo de la OPS/OMS.

También se reforzará el Laboratorio Nacional para que tenga la capacidad de supervisar y avalar todos los medicamentos que cumplan con las garantías de calidad y eficacia.

Otras medidas que deben ser tomadas en el corto y mediano plazo son: expandir a nivel nacional de la estrategia de educación sexual en las escuelas, aumentar recursos financieros nacionales necesarios para la respuesta al VIH, incrementar las pruebas de VIH en entornos comunitarios y apoyar la adherencia a la atención médica, incluida la terapia antirretroviral.

Para la Red Legal y Su Observatorio en Derechos Humanos y PEMAR, la medida fue vista con buenos ojos, en respuesta al amparo emitido recientemente por la Corte Suprema de Justicia donde ordena al MSPAS garantizar el abastecimiento de medicamentos y resguardar la vida de los pacientes. Con estos ahorros el país podrá adquirir mayor cantidad de medicamentos a mejores precios, lo que le permitirá invertir en la prevención y contribuir a las metas planteadas para el 2030 que buscan erradicar el VIH.

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