El 4 de septiembre de 2018, se realizó una manifestación pacífica en Ciudad de Guatemala en contra de una iniciativa de Ley que vulneraba los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual y que, con el respaldo de grupos religiosos, logró colarse y avanzar en el Congreso guatemalteco.

Convocatoria a la manifestación pacífica. Fuente: Facebook de Visibles.

La Iniciativa de Ley “Para la protección de la vida y la familia”, encubre, bajo un pretendido lenguaje de defensa de la libertad de conciencia, protección de la vida y de la familia, la negación de la dignidad de las mujeres y la población LGTBI.

La 5272, como se hizo conocida esta propuesta, fue introducida con la firma del diputado Fernando Linares Beltranena, el 3 de junio, cuando todo Guatemala prestaba atención a  las familias afectadas por la erupción de un volcán, una de las peores catástrofes naturales que vivía el país.

Retroceso en derechos sexuales y reproductivos

La Iniciativa de Ley, que perdió prioridad en el álgido contexto guatemalteco y no fue agendada para debate el día 4 como se esperaba, prohíbe la educación integral en sexualidad, aunque no restringe la promoción de métodos anticonceptivos, y niega toda posibilidad de educar bajo un enfoque de género, usando el término difundido como “ideología de género”; todo esto bajo el argumento de la libertad de los padres a educar a sus hijos en el ámbito de la sexualidad.

La educación integral en sexualidad posibilita el reconocimiento y  ejercicio de otros derechos para las y los adolescentes y los prepara para tomar decisiones oportunas durante cada etapa de la vida; sin embargo, la propuesta de la ley 5272 hace explícito y cito “y que la familia  es fuente de educación y los padres tienen el derecho a escoger la que ha de impartirse a sus hijos menores de edad”. Si bien es cierto, efectivamente, la familia es fuente de educación, no considera la calidad de educación que cada familia dispone para la socialización intergeneracional,  es decir debe de haber un análisis desde el enfoque de interseccionalidad, (pobreza, la ruralidad, etnicidad, poco acceso a salud, escolaridad), la cual rinde cuenta de las realidades y posibilidades de desarrollo inefectiva para la mayoría de pobladores; por otro lado las propuestas deben basarse en la investigación científica y no desde las subjetividades”, dijo el activista Wilson Campa, coordinador de Asociación Acceso y desarrollo.

Personajes del arte se unieron en la defensa de los derechos de las personas. Fuente: Facebook Red Nacional

Diversidad sexual sin dignidad

Un aspecto de la Iniciativa legislativa que consiguió el apoyo de un amplio grupo conservador, ha sido la prohibición explícita del matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo y de la adopción de niños por parte de estas. Los discursos que acompañan y promueven esta ley definen a la diversidad sexual como una amenaza al equilibrio moral y un peligro para la paz y la convivencia armónica.

Además, en contra a los avances de activistas y organizaciones de la diversidad sexual para prevenir los discursos de odio que alientan las agresiones hacia la comunidad LGTBI, la iniciativa establece que “las personas no están obligadas a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales” y no serían perseguidas penalmente por ello, siempre que no atenten contra la vida, la integridad y la dignidad de otras personas.

Cejil, una conocida organización internacional de defensa de los derechos humanos hizo pública su postura frente a tan nefasta iniciativa. En ella señala que la ley está en contra de los avances de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en su jurisprudencia ha determinado que “[”u]n derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie, y bajo ninguna circunstancia, con base en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género”, por lo que la pretendida norma sería, a todas luces, discriminatoria y violaría los derechos de las personas LGBTI.

Un atentado contra las mujeres

En el ámbito de los derechos de la mujer, esta iniciativa de ley plantea la sanción de los abortos, incluso los abortos espontáneos, sancionando a la mujer con prisión de dos a cuatro años.

Varios diputadas han expresado su rechazo a la 5272. Fuente: Facebook Red Nacional.

Aprofam, prestigiosa organización de la sociedad civil que brinda servicios de salud sexual y reproductiva y promueve los derechos de las mujeres, emitió un comunicado en el que señala que el artículo 10 de la ley criminaliza a las mujeres que tuvieran una pérdida o un aborto espontáneo, forzándolas a demostrar ante un juez que no hubo negligencia: “este artículo genera una carga de trabajo adicional innecesaria, tanto para el sistema de salud como para el judicial, ante eventos que ocurren de manera frecuente y muchas veces por causas desconocidas; por lo que se coloca al personal de salud en la lamentable tarea de cuestionar a las mujeres en vez de cumplir con su función primordial de proteger la vida y la salud de estas”, señala el comunicado.

La Ley también penaliza a las personas que hablen siquiera del aborto, poniendo en riesgo a miles de mujeres, ya que el aborto inseguro en la principal causa de muerte materna.

Esta propuesta de ley pretende reprimir las libertades, los avances en materia de derechos, y afecta significativamente a las mujeres, adolescentes y personas de la diversidad sexual, desde una mirada no solo conservadora sino totalmente opuesta a los derechos humanos. Afortunadamente, por ahora, debido a la crisis política que atraviesa Guatemala, no fue agendada para su debate en el pleno.

La 5272 pretende criminalizar a las mujeres que tengan abortos espontáneos. Fuente: Facebook Red Nacional

La fuerza de las personas comprometidas con los derechos humanos, activistas, organizaciones que trabajan por los derechos de la diversidad sexual y de la mujer y organismos internacionales se ha hecho sentir. Las campañas en en redes sociales, entre las que destacan Visibles y la Red Nacional, y la adhesión de personajes públicos para defender los derechos de las personas cobraron fuerza en las últimas semanas. Sin embargo, hay mucho por hacer.

Luego de la manifestación del martes, donde estuvieron presentes varias organizaciones de sociedad civil para expresar su rechazo a la ley y a la potencial violación de derechos que generaba esta iniciativa, la diputada Sandra Morán señaló: “Les quiero contar que es posible que la 5272 ya no regrese porque ganamos la batalla, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que estar juntas y juntos para hacer esto y para hacer mucho más que como ciudadanas y ciudadanos de este país necesitamos, luchar por este país y no solo por nuestros derechos”, haciendo alusión a las leyes pro-impunidad que pretenden aprobar los diputados.

Guatemala actualmente atraviesa por una grave crisis política, por las decisiones de la Presidencia de la República, la corrupción y las leyes aprobadas por el Congreso que vulneran los derechos humanos. En este contexto, es importante estar alerta a cualquier ley que pretenda limitar los derechos de uno o varios grupos de personas.

Todos los artículos pueden ser compartidos y publicados siempre que sean citados los datos de la fuente.