Angélica Ospina es psicóloga, con Maestría en Demografía y Doctorado en Estudios de Población. Trabaja desde hace 12 años en investigación aplicada en VIH con las poblaciones más expuestas a la epidemia y desde los últimos 6 años, se ha especializado en reducción de daños con personas que se inyectan drogas en el norte de México.

La brecha persiste en atención a personas que se inyectan drogas (PID), sigue siendo la población más rezagada en términos de prevención y tratamiento.

Según el ONUSIDA, el término “reducción del daño» hace referencia a las políticas, programas y planteamientos que pretenden reducir las consecuencias perjudiciales de carácter sanitario, social y económico asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, las personas que se inyectan la droga son vulnerables a infecciones de transmisión hemática, como es el caso del VIH, si utilizan un equipo de inyección no esterilizado. Por tanto, asegurar una provisión adecuada de agujas y jeringas esterilizadas ayuda a reducir el riesgo de las infecciones de transmisión hemática. La reducción del daño constituye un paquete completo de medidas fundamentado en pruebas y dirigido a las personas que consumen drogas.”

CC: Dra. Ospina, desde su tema de interés, en este caso la reducción de riesgos, ¿cuáles consideras que son las principales preocupaciones actuales en torno a la epidemia del VIH?

Angélica Ospina: La brecha persiste en atención a personas que se inyectan drogas (PID), que sigue siendo la población más rezagada en términos de prevención y tratamiento; se estima que sólo el 54% de las PID conoce su estatus serológico, de aquellos que conocen su estatus serológico y viven con VIH, solo el 40% ha accedido a tratamiento antirretroviral alguna vez en la vida y, de ellos, sólo el 24% se mantiene con carga viral indetectable (Censida, 2015). De acuerdo con datos del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales (SALVAR, 2016), el Centro Nacional para Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida) estima que el 51% de las PID con VIH no se encuentran vinculadas a servicios de salud.

Además hay un rezago importante en términos de recursos que se destinan a reducción de daño que sigue centrada en pocas ciudades de la frontera y no se extiende a toda la franja fronteriza, donde la situación de violencia, la emergencia de mercados locales de drogas y la falta de servicios de reducción de daños generan condiciones para un aumento de la epidemia entre PID.

Por otra parte, el estigma y la discriminación persiste de parte de proveedores de salud hacia las personas que usan drogas y en particular aquellas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad social, donde se superponen condiciones como el género, vida en calle y uso problemático de drogas inyectadas. La negación del tratamiento antirretroviral es la manifestación más grave de esta situación.

CC: ¿Cuáles son las principales debilidades ante la respuesta al VIH en el caso del uso de drogas inyectadas?

A.O.: Existe una falta de mecanismos que garanticen la atención integral a personas que se inyectan drogas. Los servicios siguen siendo fragmentados, lo que supone poco acceso a los servicios. Se requiere de servicios integrados de atención, así como de promoción de la salud y de prevención de enfermedades. Además, es necesario mayor diálogo con el Consejo Nacional de Adicciones y los programas estatales de adicciones para establecer estrategias coordinadas, con sociedad civil, que permitan fortalecer el acceso de esta población a servicios de diagnóstico oportuno y tratamiento.

La ausencia de estrategias de reducción de daño en las cárceles es catastrófico de cara a la respuesta al VIH. La falta de información y de insumos de reducción de daño, así como de acceso a tratamiento sustitutivo para opioides, convierte a las prisiones en contextos propicios para la transmisión del virus y el empeoramiento de las condiciones de salud de la población privada de libertad y particularmente de las PID.

Sumado a lo anterior, la falta de una perspectiva de género aplicada a mejorar el acceso a diagnóstico oportuno y tratamiento, en mujeres que se inyectan drogas, aumenta sus condiciones de vulnerabilidad y contribuye de manera importante a la feminización de la epidemia, siendo este un componente que para ser tomado en cuenta si desea eliminar la transmisión vertical del virus.

CC: Finalmente, ¿qué propuestas o acciones consideras que son urgentes y necesarias para responder ante la infección?

A.O.: Es urgente establecer acuerdos de cooperación entre los programas federales de adicciones y de VIH/SIDA para encontrar estrategias conjuntas para mejorar el acceso de la población usuaria de drogas en general y para aquellos que se inyectan drogas en particular a servicios de prevención y tratamiento de VIH.

También es imperativo ampliar la oferta de metadona, especialmente para personas con dependencia a la heroína que viven con VIH y para mujeres embarazadas dependientes a la heroína, así como diseñar estrategias de atención integral que faciliten el acceso tanto a metadona como a tratamiento antirretroviral. La condición de uso o no-uso de drogas no debe ser una condicionante del acceso a tratamiento como lo es ahora, ello constituye una violación a los derechos humanos de esta población. Existe una preocupación por parte del personal de salud ante la falta de apego al tratamiento antirretroviral de las PID, pero para asegurar que este suceda, se requiere facilitar el acceso a metadona, ya que se ha desmostrado eficacia en otras partes del mundo cuando se brinda este medicamento junto con el tratamiento antirretroviral.

Es necesario diseñar protocolos de prevención y atención al VIH en prisiones y centros de tratamiento, que incluyan un componente de reducción de daños.

Para todo lo anterior, se requiere incrementar el gasto federal y estatal en reducción de daños, para ello, considero necesario etiquetar el presupuesto (protegerlo) de acuerdo a estimaciones del universo de necesidad en cada estado. La adecuada implementación de estrategias de reducción supone la centralidad de un componente comunitario en torno al cual se articulan acciones institucionales y acciones de la sociedad civil que tiene acceso a la población.

Por último, pero aclarando que no se agotan las propuestas, es necesario implementar campañas dirigidas a reducir el estigma y la discriminación hacia las personas que usan drogas, especialmente entre proveedores de servicios de salud, en tanto este elemento sigue siendo una barrera importante para el acceso a atención de calidad en salud.

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