Desde el año 2010, el Informe ha sido una práctica ciudadana promovido por la Red Legal y su Observatorio de DDHH y PEMAR en coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- y el apoyo de las agencias de cooperación internacional.

Roció Samayoa, Abogada y Coordinadora del Observatorio, manifestó que el objetivo del informe, además de sistematizar la violaciones a los DDHH en VIH y poblaciones en mayor riesgo (PEMAR) que ocurren cada año, y que son atendidas por las ONG y la PDH, es identificar todas aquellas normativas que a la fecha el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no implementa y que pueden contribuir a mejorar la respuesta a la epidemia del VIH, como el Plan Estratégico Nacional 2017-2021, la Estrategia Nacional de Condones, Estrategia Integral y diferenciada en salud para las personas trans en Guatemala, entre otras.

En diciembre fue presentado el 7mo Informe Nacional sobre la situación de derechos humanos de las personas con VIH y las poblaciones en mayor riesgo.

Samayoa refiere que como resultado de este seguimiento se da a conocer la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las acciones constitucionales de Amparo conocidas y resueltas por la Corte de constitucionalidad, que se encuentra vigentes en protección de los derechos humanos con relación al VIH, y las iniciativas de Ley que se encuentran en el congreso de la república cuya aprobación vendría a fortalecer la respuesta y la protección de las poblaciones clave.

Durante el 2017 y el 2018, las ONG registraron 2793 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en personas con VIH y poblaciones en mayor riesgo a la infección y la PDH únicamente 33 denuncias. Esto obedece a que la subvención del Fondo Mundial contribuyó al pago de abogados -a través de las ONG que participaron del proyecto- y esto permitió impulsar más la promoción de los derechos humanos y brindar mayor asesoría.

La vulneración de derechos en números

Los casos acumulados del 2010 a octubre de 2018 son 5451 y las instituciones más reportadas han sido el Seguro Social con 2532 denuncias; el Ministerio de salud, con 600 denuncias, y Gobernación/SP/PNC con 374 denuncias, el resto corresponde a varias entidades, incluyendo 154 denuncias en empresas privadas.

Los derechos más vulnerados que registra el informe son por el derecho a la salud con 2933 registros, el derecho a la dignidad, con 657 registros; el derecho al trabajo, con 334 registros; el derecho a la vida, con 234 registros, derecho a la familia, con 187 registros; el derecho a la educación, con 167; el derecho a la no discriminación, con 164, y el derecho a migrar, con 124. El resto de denuncias tiene que ver con vivienda, acceso a pruebas, libertad de locomoción y libertad sexual.

Los casos de lesbianas y gais representan la mayoría de los casos denunciados.

El informe revela que son las personas lesbianas y gais las que más han documentado las denuncias, seguido por las mujeres trabajadoras sexuales y las personas con VIH; las personas trans son las que menos denuncias registran, lo cual no significa que no existan casos de vulneración de derechos.

A partir de este informe, la Red Legal y su Observatorio de derechos humanos han solicitado al Estado de Guatemala que se dé solución a las necesidades de las personas con VIH en cuanto al acceso a pruebas de diagnóstico de VIH en todos los Centros de Atención en Salud, priorizando a las poblaciones de mayor riesgo; se provea tratamiento antirretroviral para todas las personas con diagnóstico positivo al VIH; se garanticen los insumos necesarios para acciones de prevención y atención, priorizando a las poblaciones en mayor riesgo y en la prevención materno – infantil del VIH y otras infecciones. Asimismo, se solicita que se actualice y homologuen los esquemas de tratamiento antirretroviral entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para garantizar una atención en salud actualizada y estandarizada y la implementación de protocolos en salud, acorde a las dinámicas de las poblaciones en mayor riesgo.

Entre los aspectos normativos y legales, la Red ha planteado que se dé cumplimiento a la sentencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos y se aprueben las leyes que favorezcan el abordaje del VIH en el país y garanticen los derechos humanos de las poblaciones claves.

La Red legal y su observatorio se mantendrá vigilante y monitoreando la respuesta del Estado al VIH y la defensa de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables a la epidemia.

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