En República Dominicana, diversos actores de la sociedad civil organizada, constituidas en un Comité Gestor para la ejecución de un plan de abogacía que impulsa el anteproyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación, realizaron el 11 de abril un plantón frente al Palacio de la Presidencia demandando al Estado la agilización del proceso de revisión que cursa el anteproyecto de ley y sea enviado al congreso nacional de la república y convertido en ley cuanto antes. Todo ello en atención al Plan Nacional  de Derechos Humanos y las recomendaciones dadas al país en el Examen Periódico Universal (EPU).

El Comité viene recalcando la urgencia de que el país cuente con una ley que proteja a las personas más vulnerables.

Este comité está conformado por diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de derechos humanos con poblaciones vulnerabilizadas como aquellas que viven con VIH, personas GLBT, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas y otras.

El Comité, desde la elaboración de su plan de abogacía, viene recalcando la urgencia de que el país cuente con una ley que proteja a las personas más vulnerables en todos los aspectos, como en el acceso a salud integral, el trabajo, vivienda digna; así como dotarlas de documentación adecuada, entre otros.

Nuestro país es signatario de múltiples acuerdos y tratados internacionales como el Consenso de Montevideo y la Declaración de la OEA, en los que el Estado se compromete a salvaguardar -de manera eficaz- los derechos humanos de los ciudadanos de manera equitativa respetando las diversidades en cualquiera de sus manifestaciones y hacer los mayores esfuerzos para alcanzar el pleno ejercicio de los derechos.

El Consenso de Montevideo, de manera particular, plantea de claramente que los Estados involucrados deben velar por que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos, para las mujeres que viven con VIH; derecho que es violado en República Dominicana, ya que se mantienen prácticas de esterilización forzosa y no se les da la opción de elegir el tipo de parto que desean tener, mientras en otras ocasiones, las dejan parir vía vaginal sin medicación antirretroviral, porque los médicos se niegan a atenderlas en un acto de profunda discriminación. Tal fue el caso de Yudelka, quien contó a Corresponsales Clave que cuando tuvo a su bebe, hace tres años, el médico que le programó la cesárea tuvo que salir por una emergencia personal y ella debió esperarlo por tres días hospitalizada sin que ningún otro médico le hiciera la cesárea.

La vice ministra de la presidencia recibió el documento del Comité que exige la revisión del Anteproyecto de Ley.

Otras de las barreras que enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad se vinculan al acceso a la salud y trabajo ya sea por condición de salud, orientación sexual, etnia o situación económica. Para los hombres y mujeres trans obtener un trabajo digno donde puedan expresar su identidad de género es su principal barrera, arrastrándolos al trabajo informal, al subempleo o al trabajo sexual.

Aunque el país cuenta con leyes que visibilizan a algunos grupos en mayor vulnerabilidad, estas son difíciles de interpretar y no establecen sanciones claras para los actos de discriminación y, en algunos casos, no alcanza a todas las poblaciones.

La situación de violencia que viven las trabajadoras sexuales merece especial atención. En entrevista para este espacio, la activista Soranyi Martínez expuso: “más allá de los abusos que vivimos en el trabajo sexual, está aquel que nos toca vivir en los centros de salud, el personal de los servicios no entiende que nosotras somos más que una vagina, que también nos enfermamos y necesitamos de servicios amigables donde podamos expresarnos; muchas veces no nos atrevemos a decir que somos trabajadoras sexuales por miedo a la discriminación o que simplemente no nos atiendan, somos vistas como un foco de contaminación.”

Recientemente Amnistía Internacional lanzó un estudio “Si ellos pueden tenerla, ¿por qué uno no?”, donde evidencia la tortura y los malos tratos por razón de género contra las trabajadoras sexuales en República Dominicana.

Durante el plantón, fue entregado un documento a través del cual el comité solicita al Poder Ejecutivo el envío de la Ley al Congreso de la República, este fue recibido por la vice ministra de presidencia, Alejandra Liriano, quien señaló que el anteproyecto no ha salido todavía, porque no han logrado ponerse de acuerdo en algunos puntos.

El ante proyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación lleva más de dos años en el poder ejecutivo. Fue depositado ante este poder porque fue el propio presidente Medina quien motivó que se elaborara el anteproyecto, fue parte de su discurso político y un compromiso que asumió con los grupos más vulnerables al decir que esa ley formaría parte de su agenda de gobierno. Dos veces se ha solicitado información sobre el estatus del proyecto y se ha recibido la misma respuesta: está siendo revisada por el departamento jurídico de dicho poder.

Hasta el momento ningún legislador se ha manifestado al respecto, ni siquiera aquellos que fueron parte del proceso de validación del anteproyecto de ley, por lo que se insistirá en la incidencia a través del Ejecutivo. El comité gestor continuará sus acciones de incidencia y fortaleciendo alianzas con otros colectivos hasta que el Estado responda a las necesidades de las poblaciones más vulnerables que reclaman igualdad y no discriminación.

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