Desde que la crisis venezolana se agudizó a niveles profundos y el desabasto de medicamentos antirretrovirales llegó al 100%, el Perú ha sido el destino de miles de venezolanos que buscan sobrevivir, algunos de ellos con VIH. Lamentablemente, en muchos casos, el deterioro de la salud avanza más rápido que las posibilidades de salir adelante y la burocracia del sistema de salud. Conversamos con Marlon Castillo, activista por los derechos de las personas con VIH y coordinador del Grupo Impulsor de Vigilancia del Acceso a Antirretrovirales (GIVAR), para conocer mejor esta situación.

El deterioro de la salud avanza más rápido que las posibilidades de salir adelante y la burocracia del sistema de salud.

Esta semana, GIVAR conoció el caso número 14, esta vez de una mujer venezolana, que murió por infecciones asociadas al sida en un establecimiento del Ministerio de Salud. De los 14 casos que han registrado, 13 han sido hombres, varios de ellos de la comunidad gay y una mujer. Ninguno pasaba de los 36 años.

En busca de ayuda

En la mayoría de los casos, cuenta Castillo, los familiares se contactan con GIVAR porque estaban con problemas de salud y no contaban con el Seguro Integral de Salud (SIS). Los casos son de hospitales públicos del Ministerio de Salud. “En uno de los casos, en Piura, nos enteramos a través de una líder comunitaria; pero en la mayoría de los casos, les dan el número de GIVAR para que podamos ayudarles con las gestiones del SIS y, en otros casos, para gestionar exoneraciones de los pagos o ayudarles con el pago de atenciones”, comenta.

Las personas migrantes suelen enfrentar diversos desafíos lejos de casa, en un país que tiene otras reglas para el acceso a la salud, reglas que desconocen. “El primer desafío que tienen los migrantes para acceder a atención y tratamiento médico es la estabilidad laboral.  La estabilidad laboral les va a permitir, en el caso que estuvieran bien de salud, los recursos económicos que les permita acceder a un seguro, porque para hacer los trámites hay que tener dinero, recursos, porque son días que te demoras en ir al municipio, atravesar las inspecciones para ser beneficiarios del seguro.  Para personas que llegan con síntomas relacionados al sida, los desafíos son mayores; no solo tienen que contar con recursos sino también tener aliados, activistas u organizaciones, que puedan ayudarle a acceder a atención rápidamente y apoyar con el pago de exámenes. Si bien en el Perú existe la Ley que garantiza la atención en situación de emergencia, esta se da, pero las cuentas no se borran, la cuenta se tendrá que pagar en el momento en que se dé el alta”, dice el activista.

En algunas ocasiones, señala Castillo, funcionarios de hospitales han exigido la firma de pagarés o la entrega de dinero en garantía por la atención en emergencia. Prácticas que se ubican en los límites de la legalidad y que, a todas luces, limitan el acceso a la atención en salud.

Las personas migrantes suelen enfrentar diversos desafíos lejos de casa, en un país que tiene otras reglas para el acceso a la salud, reglas que desconocen.

Otro aspecto que resalta el coordinador de GIVAR y a lo que atribuye el deterioro de la salud y finalmente la muerte de las personas venezolanas es la demora en la búsqueda de la atención.

“Lo que conocemos es que el entorno de estas personas es bastante pobre, huyen de su país porque no hay medicinas y huir es la única receta para sobrevivir. Lamentablemente, cuando no se tiene todo el apoyo del país que los recibe, no llegan a sanarse. Es gente muy joven, prioriza la alimentación en el plazo inmediato y el cuidado de la salud queda relegado. En algunos casos, la estadía en el país al momento que nos contactaron ya era de ocho o nueve meses. Es decir que al llegar no fueron de frente a un hospital, fueron a buscar trabajo y a buscar comida, lo cual en la lógica de sobrevivencia puede sonar bien; pero luego en los trabajos no suelen dar permisos, los explotan y los trámites en los hospitales son muy burocráticos, un día de permiso no da abasto para completar los seguros. (…)

Lo que hemos visto es que cuando llegan a los hospitales, llegan de manera tardía o no son diagnosticados a tiempo de la condición de salud. A veces, en los establecimientos les hacen un diagnóstico errado. Hemos tenido varios casos de personas a las que se les ha dicho que los problemas de salud eran por agotamiento producto del viaje y resulta que cuando se internan y les hacen los exámenes el diagnóstico es de neumonía. Otros casos han hecho tuberculosis o sarcoma de Kaposi”, señala Castillo.

Una respuesta del Estado a medias

Desde que comenzó el fenómeno de la migración venezolana, el Perú ha intentado responder a las necesidades de las y los migrantes en cuanto a educación, salud y trabajo. Sin embargo, ante la agudización de la crisis y la masificación de la migración, la respuesta no ha estado a la altura. “Creo que debe haber un plan de acción de parte del Estado peruano que aborde integralmente la situación de la migración, y no solo desde el plano sanitario; que tenga que ver con empleo digno, con la formalización de los migrantes, con la asistencia de servicios de salud, con la no discriminación. Alguna gente cuestiona todo ello porque señala que si ni al mismo peruano se le brinda ese tipo de garantías, cómo se le va a brindar a un extranjero, y lamentablemente, aunque tenemos un país con oportunidades, donde hay tratamiento para VIH, aún somos una sociedad muy discriminadora que no comprende este fenómeno, que lo ve como una invasión y no como una migración debido a una crisis humanitaria, -dice el coordinador de GIVAR, y añade- El deficiente manejo del fenómeno de la migración está dando como resultado mucha conflictividad, incluso dentro de las organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de salud pública; hay personas que cuestionan la ayuda que se está dando a los venezolanos porque insisten en que primero es la casa y luego el vecino; pero para nosotros primero es el ser humano; no importa la nacionalidad que tenga. El virus no tiene nacionalidad ni bandera y, por lo tanto, la ayuda no debe depender de dónde es la persona. Como país, como sociedad y desde el Ministerio de Salud se deben dar todas las disposiciones para que todas las personas, peruanas y venezolanas tengan todas las facilidades para el acceso a la atención integral en salud. Lamentablemente, el sistema de salud peruano, además de estar fragmentado, se ha centrado en el aseguramiento y no en la atención integral y universal.
Muerte y entierro digno

El retraso en el acceso a la atención en salud, las barreras para el seguro integral de salud y el tratamiento antirretroviral, sumado al deterioro físico con el que llegan las y los migrantes, hace que al final encuentren la muerte lejos de casa.  En ese momento, la búsqueda de un entierro digno se convierte en la última travesía de la familia en un país que no es el suyo. “Eso de tener el cuerpo en la morgue o en el hospital por varios días sin poder enterrarlos, es muy doloroso. La familia se moviliza por todos lados, yendo a las embajadas donde les niegan cualquier ayuda por la situación política. Es muy doloroso que, además de la pérdida del familiar, los trámites burocráticos para lograr los permisos de cremación, y el peregrinaje para conseguir el apoyo económico, tengan que cremarlos cuando el cuerpo está descompuesto y el ataúd lleno de gusanos, como le pasó a la última persona: siete días en un hospital y luego en la Dirección de Salud le exigieron otro documento y teniendo el cajón en pleno sol, sin autorizar la cremación porque faltaba una nueva firma”.

Marlon Castillo comenta con pesar el dolor que ha visto en los familiares que esperan poder llevar las cenizas al resto de la familia para que puedan despedirse.

En este contexto, GIVAR ha fortalecido los lazos con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Dirección de Prevención y Control del VIH para ayudar a las y los migrantes a sortear las barreras del sistema sanitario y de aseguramiento, especialmente hostil con quienes no cuentan con una mínima red de soporte social.

La respuesta del Estado debe potenciarse para atender a peruanos y migrantes con la prestación en salud que les corresponde y garantizar sus derechos fundamentales.

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