Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) durante las dos décadas del conflicto armado interno (1980 – 2000), se perpetraron en el Perú una serie de crímenes de odio motivados por orientación sexual e identidad de género de las víctimas; si bien el informe de la CVR no tenía como propósito recabar este tipo de hechos y sucesos, los mismos fueron surgiendo de los testimonios de las víctimas y afectados entrevistados. Estos casos específicos, pero no aislados, fueron incluidos en el informe final como casos emblemáticos de las poblaciones LGBTI.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) describe los crímenes de odio perpetrado por los dos grupos armados.

Entre los crímenes de odio perpetrados por el Partido Comunista Peruano “Sendero Luminoso”, señala:

Aucayacu; el 6 de agosto de 1986, en el departamento de Huánuco, subversivos de “Sendero Luminoso” secuestraron y asesinaron a diez personas, entre homosexuales y prostitutas; las ejecuciones se realizaron bajo el argumento de “limpieza social” que pretendía eliminar a personas que consideraban “indeseables”.

Pucallpa; el 12 de setiembre de 1988, en el departamento de Ucayali, subversivos de “Sendero Luminoso” detuvieron a ocho personas, entre drogadictos, prostitutas y homosexuales, todas y todos fueron ametrallados por tres subversivos.

Por otro lado, enumera los crímenes de odio perpetrados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru “MRTA”

Tarapoto; en febrero de 1989, en el departamento de San Martin, aparece el cadáver de un joven homosexual y según los propios testimonios del informe de la CVR, la persona asesinada llevaba un cartel firmado por el MRTA que decía: “Así mueren los maricones”. La consigna de los subversivos del MRTA era de limpieza de la ciudad, exterminando personas de “mal vivir” como: homosexuales, rateros, prostitutas y drogadictos.

Las Gardenias; el 31 de mayo de 1989, en la ciudad de Tarapoto del departamento de San Martín, seis subversivos del MRTA ingresaron violentamente al bar Las Gardenias y capturaron a ocho personas (Mujeres trans y gais), identificadas como César Marcelino Carvajal, Max Pérez Velásquez, Luís Mogollón, Alberto Chong Rojas, Rafael González, Carlos Piedra, Raúl Chumbe Rodríguez y Jhony Achuy; quienes luego fueron acribilladas a balazos, acusándolas de ser “lacras sociales que corrompen a la juventud”.

En aquel contexto, es importante mencionar, los grupos subversivos (terroristas) y el mismo Estado, aunque ninguno tenían lineamientos o políticas expresas de exterminio de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI); perpetraron crímenes de odio por homofobia y transfobia a lo largo y ancho del país durante el periodo del conflicto.

Es importante reconocer que los crímenes de odio o también conocidos como crímenes por prejuicio a razón de la orientación sexual e identidad de género de una persona no son una novedad ni sucesos aislados en el Perú; son parte de una realidad sobre la cual los gobiernos de turno de -por lo menos- las últimas tres décadas no han querido legislar, a pesar de ser, la orientación sexual y la identidad de género categorías protegidas por el Convenciones internacionales.

El Estado peruano está en la obligación de garantizar absolutamente todos los derechos a las personas LGBTI, pero sobre todo el derecho a la vida y a la seguridad personal, los mismos que están contemplados como derechos protegidos para las personas LGBTI en los Principios de Yogyakarta de la Organización de las Naciones Unidas.

Gabriela Mariño (63 años), activista trans peruana, contó a Corresponsales Clave cómo durante las dos décadas del conflicto armado interno en el Perú, a la par de los grupos armados, eran principalmente las “fuerzas del orden” quienes sistemáticamente vejaban, torturaban, violaban sexualmente y hasta exterminaban a las mujeres trans; aunque no se tratara de políticas oficiales.

Esto nos revela una realidad histórica de persecución y extermino contra las poblaciones LGBTI pero no solo de parte de organizaciones fundamentalistas como Sendero Luminoso y el MRTA, sino -peor aún-, por organismos del Estado que hasta la fecha continúan con prácticas homofóbicas y transfóbicas.

Es necesario que, desde las organizaciones LGBTI y el mismo Estado, se investiguen los crímenes de odio hacia personas LGBTI que no recogió el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para conocer realmente cuantas personas LGBTI fueron asesinadas por grupos terroristas durante las décadas de conflicto armado interno, así como a manos de las fuerzas armadas.

También es importante que, como movimiento LGBTI, se mantenga la memoria, que no se olvide lo que significó para las personas LGBTI esas dos décadas de conflicto armado interno, donde grupos extremistas dirigieron su odio hacia las personas de distinta orientación sexual y diversa identidad de género. Solo visibilizando estos nefastos crímenes y garantizando la justicia y reparación para las víctimas y familiares no se repitirá.

¡Sin verdad, justicia y reparación. No hay reconciliación!

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