El día de hoy, la Fundación GEP publicó un comunicado de prensa con un detalle preciso de los faltantes de antirretrovirales para lo que resta del año 2019, y el riesgo respecto de la asignación presupuestaria del 2020. La Fundación realiza un seguimiento constante por medio del Observatorio de Acceso y Compras Públicas que permite supervisar los stocks de antirretrovirales. Junto con la gacetilla de hoy publican un pormenorizado detalle de lo que falta y faltará, información que puede encontrar en éste vínculo: http://bit.ly/2ZneL3q_FGEP

Fundación GEP reporta con pormenores la situación del desabasto.

Consultadas algunas fuentes cercanas a la Dirección Nacional de lucha contra el sida, la tuberculosis, las hepatitis virales y lepra han confirmado que las cifras son reales y podrían ser peores pues no hay información precisa sobre inventarios y compras pendientes.

Quiénes tienen que dar respuesta a esta situación son Claudia Rodríguez, directora nacional del programa y su superior, Miriam Burgos, subsecretaria de prevención y control de enfermedades comunicables e inmunoprevenibles, ambas más preocupadas por sellar a “cal y canto” cualquier filtración de información sobre faltantes que en resolver esta crisis; ambas funcionarias del ajuste y la mano dura, que responden a los degradados ministro y viceministros de salud, que proponen, por segundo año consecutivo, un recorte presupuestario salvaje en el sector salud.

Las compras se demoran en los entuertos crónicos de la burocracia que siempre han servido para disimular el tamaño del ajuste. En varias ocasiones, en el pasado, la Dirección ha recurrido a costosas compras de emergencia para superar licitaciones durmientes; es muy posible que esto se repita este año y se pierdan lo ahorros logrados en la compra a través del Fondo Estratégico de Medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud, mecanismo que permitió ahorrar cientos de millones en el pasado, accediendo a versiones genéricas de los antirretrovirales.

Citamos en forma textual las declaraciones de Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP del comunicado de hoy: “Lamentablemente estamos comprobando lo que se preveía cuando supimos del recorte que el gobierno hizo en el presupuesto de Salud para 2019. Las personas con VIH no están recibiendo sus medicamentos en los hospitales y centros de salud de las distintas jurisdicciones del país. El ajuste es inaceptable y viola los derechos fundamentales de lxs ciudadanxs que necesitan de un Estado activo para asegurar sus necesidades. El accionar del gobierno es delictual y premeditado”.

Cuando el Ministerio de Salud fuera rebajado a Secretaría de Gobierno, oportunidad en la que el anterior Director Nacional renunciaba, éste había declarado que existían medicamentos para un año. Ese año se cumplió, ¿Qué ha hecho su sucesora?

Algo están haciendo, demorando las compras de ARV e insumos y escondiéndose de la sociedad civil y los medios. Mucho más grave es que están indicando a los profesionales de salud en el sistema público a que migren a los pacientes a otros esquemas que aún se encuentran disponibles, por ejemplo, dolutegravir, que cuando se agote, se habrá arruinado al menos dos opciones terapéuticas para muchas personas con VIH debido a una pobre gestión del programa y los recursos. La Secretaría tampoco compra ni distribuye fórmula láctea, preservativos y en muy poco tiempo hará falta insumos para las pruebas de carga viral.

En VIH y sida, el silencio es igual a muerte.

Las personas con VIH que salen de los hospitales con las manos vacías o entregas fraccionadas dan fe del estado de la crisis, como también las organizaciones con trabajo en VIH y sida que reciben decenas de denuncias por faltantes diarias. La gestión de la Dirección renunciante había solicitado alrededor de cinco mil millones de pesos para el 2019 y se estima que sólo se habrían asignado, en los papeles, tres mil millones. Con la devaluación y la inflación, no era necesario ser matemático para predecir que la crisis se iba a agudizar. El mismo aprieto atraviesa el programa de inmunizaciones, el de salud sexual y reproductiva y otras tantas áreas dependientes de la cartera de salud.

La constitución consagra la salud como un derecho, un entramado de leyes y recursos de amparo históricos obligan al Ejecutivo a arbitrar los medios para garantizar el pleno acceso a la prevención, tratamiento y cuidado de las personas con VIH o vulnerables a la infección. Es clara la falta de idoneidad y responsabilidad de quienes lideran los programas, pero esto no es casual, es parte de una política salvaje de ajuste en varias áreas, una de ellas la salud.

Y las personas responsables, Rodríguez y Burgos, optan por el silencio, y sabemos que en VIH y sida, el silencio es igual a muerte.

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