En la sala de Emergencia del Hospital Universitario de los Andes (IAHULA) en Mérida, ciudad de la región andina de Venezuela, a mediados de agosto,  entró “Gabi”, de 27 años, una prometedora arquitecta graduada de la Universidad de los Andes, un referente de la academia en el país y a nivel latinoamericano.

los servicios de salud que se sostienen de las ruinas de una “potencia de salud pública”. Foto: AFP

Gabi vivía sola con su madre en una localidad más al sur, en la ciudad de Ejido, no sabía que vivía con VIH y sus complicaciones de salud asociadas a esta infección las trataron con remedios caseros. Su complicado estado físico obligó a su madre a llevarla al hospital con un vecino en una madrugada; la llamada al 911 no salió nunca de la línea telefónica porque los sistemas de comunicaciones están colapsados o simplemente no funcionan por el deterioro del sistema nacional de telecomunicaciones y eléctrico, controlado por el Estado venezolano. Ya Michelle Bachelet, Alta Comisionado de los Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas, señalaba en un informe de actualización sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos el colapso de los servicios públicos en marzo de este año.

Corresponsales Clave no conoció a “Gabi” ni pudo conversar con ella, pero si  la angustia de su madre, la señora Esperanza, una abogada que no ejerce su carrera por el momento, taquillera en una empresa de servicios púbico y que gana apenas un poco más de un sueldo básico de 40mil bolívares soberanos (3$ americanos) mensuales. Ella necesitaba sepultar o prestar un servicio de cremación para su hija  y cubrir gastos fúnebres: “No tengo ni para una fotocopia de la cédula de identidad  para que me den un acta de defunción, no puedo ni enterrar a mi propia hija”, comentó la señora Esperanza a las afueras del servicio de historias médicas en el IAHULA. El costo de gastos fúnebres y entierro o cremación bordean los 2 millones y medio de bolívares (150 $ americanos) 50 veces un ingreso mensual básico o “mínimo”.

El Estado venezolano está arduamente ocupado por estos días en su campaña #NoMasTrump que respalda los discursos partidistas del gobierno de Nicolás Maduro  para luchar contra un bloqueo económico de parte del gobierno de Estados Unidos de América y justificar una Emergencia Humanitaria Compleja que poco tiene que ver con los orígenes de la crisis; al respecto, Bachelet mencionó en su momento que “Aunque esta devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos básicos y el bienestar de la población”.

En  el  IAHULA no hay hojas para impresión de informes médicos, “NO HAY” es el día a día de los servicios de salud que se sostienen de las ruinas de una “potencia de salud pública”.  Sin embargo, la recolección de cada 100 firmas contra el decreto Trump y el bloqueo económico a Venezuela para hacerlas llegar al Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres, es en un cuadernillo de 4 hojas tamaño oficio con papel ilustrado con impresión de primera, que tendría un costo de 0,80 dólares americanos, la meta del Gobierno de Maduro es de 10 millones de firmas, casi 80.000 dólares, con los que se podría distribuir 160.000 preservativos (a un costo de 0,50$ americanos cada uno), hacer una como campaña de prevención o cubrir una parte operativa de los programas de VIH e ITS.

“¡¿Cómo los dejan morir, ah?!” – se pregunta la madre de Gabi. Interrogante que también se hacen activistas y ONG locales con trabajo en prevención del VIH y del sida y acompañamiento psico-jurídico en Mérida. “La indolencia del Estado venezolano  se evidencia con cada  muerte a causa del sida, así como también por ausencias de campañas preventivas y políticas de abordaje eficientes para la atención de personas que viven con vih y mejora de los servicios públicos, hay un Estado distraído con carencias y falta de precisión para el abordaje de esta epidemia a través de la corporación de salud”, aseguró  la licenciada Diana Lobo, presidenta de la Liga merideña de lucha contra el VIH.

Gabi necesita ser sepultada y el duelo de su madre, quien está sola, ser atendido. Algunos activistas lograron movilizarse, recaudar recursos y gestionar con una funeraria el compromiso de pago por cuotas mientras el cuerpo está en la morgue descomponiéndose. Un número más para las estadísticas de epidemiologia del IAHULA que hace  un año publicaba CERO infecciones de VIH, para complacer un sistema que necesita ocultar datos.

La señora Esperanza no cree en nadie, ni en promesas partidistas ni tampoco en un Sistema de Justicia que carece totalmente de credibilidad. Esperanza y “Gabi” son la razón por la que no debe dejar de actuar la sociedad civil frente al abandono del Estado en la respuesta de una epidemia.

Seguir denunciando y visibilizando la situación es honrar la memoria de quienes mueren por ausencia de medicamentos, controles médicos especializados eficientes, diagnósticos tempranos, acompañamiento de duelo y pérdida de familiares.  El activismo se debilita cada día por ausencia de financiamiento o altos costos operativos que son insostenibles con una moneda devaluada y una hiperinflación que afecta a  todos por igual.

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