Vanesa tiene 23 años y fue ingresada en el servicio de traumatología del Instituto Autónomo del Hospital Universitario de los Andes (IAHULA) por fractura de peroné hace 18 días, tras sufrir un accidente. Para que puedan atenderla, Vanesa necesita comprar una lista inmensa de insumos médicos quirúrgicos que superan los 3 millones de bolívares (75 salarios mínimos mensuales). “Si no me trae el kit, no operamos”, dice uno de los médicos cirujanos del servicio de cirugía del IAHULA a los familiares. Las fracturas no tratadas de manera especializada o que ameritan intervenciones quirúrgicas pueden traer como consecuencias rigidez articular, artrosis secundaria, necrosis u otras complicaciones que ponen en riesgo la salud y, en la precaria situación venezolana, la vida.

El hospital exige un kit especial de bioseguridad para atender a personas con VIH.

El Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela promovió  una reglamentación técnica sobre procedimientos de bioseguridad para la prevención VIH, hepatitis B o C y conducta del trabajador de salud ante una exposición con sangre y/o fluidos corporales en Venezuela basada en las normas estándares de bioseguridad en 2007. Médicos cirujanos entendieron esto como una estrategia especial de cuidado para la atención en casos quirúrgicos de personas que viven con VIH y asumieron la existencia del uso de un “kit especial”, lo que trajo discriminación y estigma a quienes viven con el virus, que hoy no son atendidos o a quienes se limita la atención en el área quirúrgica.

El informe especial “Confronting discrimination: overcoming HIV-related stigma and discrimination in health-care settings and beyond”, presentado en 2017 por Michel Sidibé, entonces director ejecutivo de ONUSIDA, señala que “…1 de cada 4 personas con VIH ha sido discriminada en entornos sanitarios y una de cada tres mujeres que viven con el virus ha sufrido al menos un tipo de discriminación en contextos sanitarios…”.

Vanesa no es un caso aislado. Íngrid, de 24 años, quien también vive con VIH, debió esperar 14 días para ser intervenida quirúrgicamente; fue lo que tardó en llegar el “kit especial” para VIH y terminaron colocándole un yeso.

“Los familiares deben hacerle cuidados médicos a las personas hospitalizadas”, argumenta parte del personal de enfermería que no quieren atender a las personas con vih en el área de traumatología, sabiendo que el cuidado y atención  de una persona hospitalizada es de responsabilidad del personal de salud en los servicios de atención hospitalaria.

Los familiares y el entorno de las personas afectadas, terminan acudiendo a organizaciones de sociedad civil para solventar los gastos que les exigen: “Hemos recibido la solicitud de apoyo y mediación de parte de las personas afectadas y sus familiares por discriminación y estigma, no solo en el caso de Vanesa e Íngrid.  Es habitual que el personal médico del área de cirugía general y del servicio de traumatología del IAHULA incurra en estos actos que son claramente discriminatorios sabiendo que hay una circular desde al año 2014 que señala que las medidas de prevención establecidas, las normas universales de bioseguridad, son suficientes para evitar la infección con VIH del personal de salud. Y que el ministerio NO PROVEERA un KIT ESPECIAL. Desde las ONG hemos incidido en la formación a través de charlas sobre normas de bioseguridad y el VIH en el área de cirugía pero el personal  sigue incurriendo en actos de discriminación”, aseguró la licenciada Diana Lobo, de la Liga merideña de la lucha contra el VIH y el sida a Corresponsables Claves.

Hacer frente a la discriminación es un reto que no debemos dejar de lado en la respuesta, así como empoderar a usuarios, en especial a las mujeres, para que denuncien los casos de discriminación en los entornos de salud.

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