Por mayoría en el pleno del Congreso de la República se estableció la atención para todos los seres humanos en el territorio costarricense con el virus del VIH, que corría riesgo de perderse ante la moción presentada por el legislador liberacionista Gustavo Viales, que condicionaba el tratamiento preventivo a las personas migrantes irregulares, como lo comunicamos en una nota anterior.

Diputada conservadora debió retroceder ante la ilegalidad de restringir el derecho a la salud.

Según un medio local, Ivonne Acuña, evangélica y miembro del Partido Independiente Nueva República, que ha mostrado un perfil opuesto a los derechos humanos de minorías y migrantes, debió retroceder en su defensa del artículo eliminado que introducía un una condicionante para recibir tratamiento médico; “obviamente, por motivos de ley, eso es imposible, porque la ley General de Salud Publica permite que las personas tengan acceso a los tratamientos y no se le prohíba a nadie” dijo a La Nación.

Con esta votación Costa Rica mantiene el espíritu que ha tenido desde hace varias décadas de protección en salud de todos sus habitantes.

Un sabor agridulce en la celebración

Esta reforma modifica la Ley vigente que data de 1998 y cuenta con artículos de avanzada en lo que refiere al abordaje de la violencia hacia las mujeres y la garantía de la atención en salud a las personas con VIH, este proyecto obliga al Estado a promover la prevención de la trasmisión del virus y establece el derecho de todos los ciudadanos a acceder a pruebas diagnósticas gratuitas en los centros de salud públicos, aunque se resiste a mencionar a las poblaciones más vulnerables a la epidemia como hombres gais y otros hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trabajadoras sexuales, y opta por agruparlas en las poblaciones más expuestas. Sí hace una mención a las mujeres trans en el artículo referido a la violencia sexual, incluyéndolas en el grupo de mujeres. Puede encontrar el borrador del dictamen en este vínculo.

Parlamento costarricense.

Respecto a la atención en salud, en su artículo 31 señala que “Las personas trabajadoras de la salud, públicos y privados, deben prestar apoyo y atención integral a las personas usuarias con VIH sin excepción, considerando sus necesidades y condiciones específicas de vulnerabilidad. Esta incluye la atención informada, oportuna, de calidad y libre de estigma y discriminación de la salud, incluyendo la sexual y reproductiva, de la violencia contra las mujeres y las necesidades específicas de asistencia social. Para ello deben realizarse las referencias pertinentes a servicios especializados de salud, a otras instituciones del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia intrafamiliar y la Violencia contra las Mujeres, y a otras instituciones según su mandato y las necesidades de la persona atendida. Asimismo, están obligadas a brindar la atención que requieran las personas con VIH tomando en cuenta las medidas de bioseguridad aprobadas y disponibles.”

Asimismo, intenta garantizar el derecho de las personas al consentimiento informado, tanto para la prueba diagnóstica como para el tratamiento y todo procedimiento que forme parte de la atención en salud (Art. 20), y el artículo 21 plantea garantías para que las mujeres gestantes se realicen el test diagnóstico.

Sin embargo, el artículo 22 nos trae un inciso agrio, el “e”, que establece la excepción del consentimiento a las mujeres gestantes, vulnerando así su derecho a la libertad, a la decisión sobre sus cuerpos y su derecho a la información.

Enrique Sánchez, diputado oficialista, intentó revertir esta moción, aprobada hace unas semanas en la Comisión de Derechos Humanos; pero no tuvo éxito. Parte de la argumentación para introducir y aprobar este artículo se basaba en que la Caja Costarricense del Seguro Social ya tiene esta práctica como parte de su protocolo de atención a las mujeres embarazada, es decir, se hizo ley una práctica que vulnera derechos.

Aún hay una ventana –muy pequeña- para remover este artículo. El próximo 22 de octubre es el segundo debate del proyecto, según lo anunciado por el presidente legislativo, Carlos Benavides. Sin embargo, se requerirían 38 votos para lograr cualquier cambio al texto aprobado el jueves, algo que se percibe como muy difícil teniendo en cuenta el perfil profundamente conservador de la mayoría de parlamentarios.

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