Para empezar, debo reconocer que he robado el título de éste artículo de otro recientemente publicado en un periódico en Buenos Aires, Argentina, que les recomiendo leer siguiendo este link. Dicho escrito dice por ejemplo: “Hay un efecto psicológico engañoso en pagar con tarjeta de crédito: da la sensación de que lo que compramos no nos va a costar. Ese efecto se produce también en otras situaciones. Cuando en las cámaras de diputados y senadores se aprueban leyes de salud sin presupuesto previsto, está sucediendo eso. Todos celebramos que un nuevo derecho es reconocido, que más personas accederán a tratamientos, pero lo que no pensamos es en el lado B de esa decisión. Alguien va a tener que pagar los medicamentos, las consultas, los estudios y la tecnología, solo que no está establecido quién.”

En muchos países, como la Argentina, las medicina privada y prepaga recibe subsidios del gobierno para afrontar los tratamientos más costosos. Foto: Internet.

El artículo avanza describiendo el costo en salud de un país como Argentina, dónde existe un sistema de salud con tres subsistemas: privado, sindical y público, y bajo el Plan Médico Obligatorio cada parte del sistema debe ofrecer las mismas coberturas mínimas, por ejemplo, el tratamiento del VIH.

Este artículo del Diario Perfil es un excelente ejemplo del lobby del sector de la medicina privada o esquema de aseguramiento. Todo parece tener cierta lógica y razonabilidad hasta que se argumenta que un tratamiento de una enfermedad determinada podría quebrar un seguro médico. Entonces, uno descubre que el artículo es una pieza de lobby firmada por el presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (CEMPRA), que omite el conflicto de interés al principio del artículo.

El negocio de la medicina

Como las empresas de seguros en general, aquellos que prestan servicio médico tiene a la amplia mayoría de sus aportantes gozando de buena salud. Cualquier cálculo actuarial en el mundo asegurado muestra que la totalidad del gasto jamás supera a la recaudación. Así mismo, en muchos países como la Argentina, las medicina privada y prepaga recibe subsidios del gobierno para afrontar los tratamientos más costosos.

Como el emprendimiento sanitario privado tienen mucha influencia en los gobiernos; en Argentina, la inflación anual del país en 2019 fue de 53,8% y -créase o no- el aumento de las cuotas de la medicina prepaga fue del 60,67% para el mismo periodo. No les fue tan mal como al resto del sector productivo y de servicios. Con un muy aceitado armamento lobista le han ganado a la inflación. ¿El resultado? Una victoria pírrica, pues han sufrido una sangría de usuarios a los planes más económicos, a otras empresas con cuotas más bajas o directamente han renunciado a tener estos seguros. Perder-perder: esto pasa cuando la salud queda expuesta a las reglas del mercado. Las personas han pagado grandes primas por décadas a las que han renunciado y cuando enfermen deberán recurrir al subsistema público de salud, sobre saturado por la demanda y concebido para aquellos ciudadanos sin empleo ni habilidad para pagar por su salud.

Las personas han pagado grandes primas por décadas a las que han renunciado y cuando enfermen deberán recurrir al subsistema público de salud. Foto: Internet

Esto es el resultado de una ausencia de gobierno en la salud, que es un derecho público de todos y todas las ciudadanas, o la complicidad de éste con los privados, ya sea cediendo fácilmente a las presiones de dicho sector sin medir las consecuencias o con algún grado de complicidad comercial.

La salud como derecho y como gasto

Podríamos coincidir con el artículo propagandístico del sector de la salud privada, que si un derecho nuevo es reconocido este va a demandar de una inversión financiera, si no es pura demagogia. La pregunta también sería: ¿A quién le correspondería pagar por la realización de un derecho? Y creo que la única respuesta posible es al administrador de los servicios vinculados con dichos derechos, el sistema público de salud, las obras sociales sindicales o las empresas médicas privadas o prepagas.

En la actualidad, nuestros Estados han debido afrontar con el costo del tratamiento de la mayoría de las patologías con incidencia directa en la salud pública, como en el tratamiento de enfermedades transmisibles en el contexto de una epidemia. ¿Pero quién asume el costo de un tratamiento oncológico o de salud mental?

En el proceso de la implementación de la Cobertura Universal Sanitaria (CUS) una de las grandes tensiones de intereses contrapuestos, es quién paga por la inversión o gasto en salud. No cabe duda que el Estado será uno de los principales inversores en la realización de la CUS y el acceso al derecho a la salud, pero el sector privado de venta de servicios sanitarios, tendrá también que hacer su contribución razonable.

Una discusión que no podemos perder es mejorar el estado actual de la cosas. Hoy, la mayoría de las personas asumen sus gastos de salud erogando dinero de sus bolsillos. En ocasiones los costos son una catástrofe para una familia pues significa conseguir un dinero exorbitante, además que se suma la posibilidad de que quien se enferme sea un proveedor de dinero de la familia, con lo cual, la posibilidad de afrontar los gastos de salud, el costo de vida y los préstamos se volverán imposibles. Y esto no sólo pasa en nuestros países o nuestro continente; los Estados Unidos de Norteamérica tiene un sistema de salud excluyente y abusivo. Puedes morir víctima de un acccidente vial en una sala de guardia si nadie pone de respaldo una tarjeta de seguro o crédito, y muchos de los esquemas de aseguramiento no cubren oncología, cirugías complejas y otros costos de la salud, que más afecta a las minorías raciales, migratorias, entre otras. Sin embargo, EE.UU. es uno de los principales financiadores de la salud en los países pobres y las grandes pandemias, eternizando una cruel deuda interna.

La respuesta no es sencilla. Pero incorporemos en nuestra incidencia política para ampliar el derecho a la salud la variable financiera, pues si no lo hacemos, sólo seremos parte de una política sanitaria demagógica. Necesitamos unir fuerzas y voluntades con otros temas de la salud, hacer bien los números, pues la buena noticia es que el dinero para la CUS existe en la mayoría de los países; la mala noticia es que los gobiernos, por diversas razones, la invierten en otras cosas.

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